Un órdago. Esa es la intención real de la proposición de ley que socialistas y morados han presentado para modificar el sistema de mayorías con el que elegir a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El entusiasmo más que descriptible con el que aliados habituales del Gobierno, como PNV y Más País, han recibido esta propuesta certifica que nace más muerta que viva. Pero a fin de cuentas, en el Gobierno admiten que se trata de llevar al PP al límite para que se siente a negociar de nuevo.

Y así, ante la pregunta de si creen que es posible que otros Grupos les apoyen, hacen una larga cambiada argumentando que "una propuesta de esta naturaleza no tendría que existir si el PP procediera a la renovación", aunque formalmente defienden la constitucionalidad de la iniciativa conjunta entre PSOE y Unidas Podemos. "Es la fórmula que recoge la Constitución. Nadie la toca ni nadie la cambia", se defienden en Moncloa. "No se modifica ni un precepto constitucional", insisten.

Moncloa defiende que "no se modifica ni un solo precepto constitucional"

Para ello se escuden en el criterio de juristas como Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado y exletrado del Tribunal Constitucional. Defiende Villagómez que queda en "las legítimas manos del legislador configurar la mayoría exigible para proceder a la designación de estos integrantes del CGPJ. Es un caso típico previsto en la misma Constitución en donde se pueden encontrar muchos otros supuestos de esta técnica de remisión a los legisladores a la hora de configurar definitivamente el contenido y la forma de las instituciones constitucionales".

En definitiva, este jurista cree que "corresponde a las Cortes Generales decidir si equipara la elección de los magistrados del CCPJ a aquella misma regla aritmética de los tres quintos de las Cámaras, tal como sucede ahora, o si legítimamente opta por una elección de los mismos con un porcentaje distinto de los miembros necesarios del Congreso de los Diputados y el Senado".

"No puede existir -agrega-, defecto alguno de constitucionalidad en una reforma legal que establezca la designación de los 12 Vocales judiciales a través de una mayoría absoluta en las Cortes Generales. La Constitución lo permite". En todo caso, parece que Villagómez alude más a la elección de los 12 miembros elegidos entre jueces y magistrados que a los ocho, de reconocido prestigio, que votan Congreso y Senado, donde está la auténtica dificultad para la renovación.

El PP asegura que el Gobierno "se comprometió, a futuro, a cambiar el sistema de elección"

No deben estar muy seguros de la constitucionalidad de la propuesta si se ha vehiculado vía proposición de ley y no como proyecto de ley del Gobierno. Ello permite eludir a los órganos consultivos como el propio CGPJ o el Consejo de Estado. Su dictamen no es vinculante, pero es difícil abordar una reforma de este calado institucional con informes en contra.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, replicó el pasado miércoles a Pedro Sánchez que "a mí nadie me presiona y menos alguien como usted" y la salida al embrollo se prevé endiablada si los populares no vuelven a la mesa. Resulta poco menos que imposible regresar al mes de agosto, cuando si bien no se avanzó en nombres, sí se establecieron las reglas del juego. Según los populares, existía el compromiso a futuro, por parte del PSOE de "cambiar el procedimiento" conforme al pacto por la Justicia de 2001 para proceder a su despolitización.

Aseguran, también, que, al principio, los socialistas no pusieron sobre la mesa la exigencia de dos representantes de Unidas Podemos. "Este es un acuerdo parlamentario entre los dos grandes partidos, no un acuerdo con el Gobierno", arguyen en Génova para sostener que Unidas Podemos no tiene porqué tener representación en el órgano de Gobierno de los jueces.

Es más, parece que en agosto volvió a salir a colación el nombre de Manuel Marchena, malogrado en la primera negociación por aquel legendario whatsapp reenviado por el ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde se hablaba poco menos de Marchena como de uno de los nuestros y del control de la Sala Segunda por "la puerta de atrás".

Es probable es que prospere una reforma destinada a limitar el margen de actuación del CGPJ en funciones

Desde el PSOE insisten en que todo estaba mucho más avanzado de lo que admiten los populares, entre otras cosas, un reparto 11 a 9 entre progresistas y conservadores, respectivamente, pero el PP se levantó de la mesa.

Más probable es que pueda prosperar una reforma destinada a limitar el margen de actuación del CGPJ en caso de que sus miembros estén esperando el relevo. Arguye Moncloa que al igual que un gobierno en funciones tiene limitadas sus funciones al despacho de los asuntos ordinarios y urgentes un Consejo en funciones no debería poder hacer nombramientos.