El Gobierno dio por sentados los apoyos para aprobar la reforma exprés del Poder Judicial por la que, en resumidas cuentas, el Ejecutivo podría pasar a controlar el órgano de gobierno de los jueces demasiado pronto. Los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, comparecieron juntos por primera vez el pasado martes en el Congreso para cumplir con una amenaza que muchos en la oposición descartaban que el Gobierno fuese a cumplir: registrar una proposición de ley para rebajar la mayoría reforzada de 3/5 a mayoría simple en Congreso y Senado y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saltándose al PP y a los dictámenes de los órganos constitucionales como el Poder Judicial o el Consejo de Estado, a los que no se da voz por no tratarse de un proyecto de ley.

Lastra y Echenique manifestaron su total confianza en que la reforma saldría adelante en el Congreso con los votos de sus socios de investidura, ya que unos días atrás todos ellos -ERC, JxCat, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria- habían firmado un manifiesto en que exigían la renovación urgente del Poder Judicial tras años en funciones por el continuo bloqueo del PP. Pero entonces, ninguno de ellos conocía el contenido de la reforma, de la que ahora dudan el número de fuerzas suficientes como para que la confianza de Sánchez en su mayoría se tambalee.

El Gobierno necesita mayoría absoluta -176 votos- para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica. Y la cuenta que la coalición tenía en mente sumaba 188, que arroparían al Ejecutivo durante la toma en consideración de la reforma en el Pleno del Congreso, prevista para finales de octubre. Pero esa bolsa de escaños comenzó a desangrarse casi desde el momento del anuncio.

El primero en desmarcarse fue el líder de Más País y ex miembro de Podemos, Íñigo Errejón, quien rebajó la euforia de Moncloa mostrando públicamente sus dudas respecto al plan de reforma. Y aunque no ha manifestado cuál será el sentido de su voto -ninguno lo ha hecho aún- sí alertó que puede ser "peor el remedio que la enfermedad", al tiempo que advertía del peligro de minar la independencia judicial porque, si la reforma se aprueba, seguirá en vigor cuando haya un cambio de Gobierno, por lo que podría volverse en contra de los actuales mandatarios.

En una tesitura parecida se encuentra el PNV, del que dependen otros seis votos. A través de un comunicado, la formación fijó su postura que, al menos por el momento, no ha cambiado. Y es la de posicionarse en contra de la modificación de la Ley que regula la renovación del CGPJ y apostar por el "diálogo" con el PP, al que insta a abandonar la posición de bloqueo para que el Gobierno no deba recurrir a tal extremo. Eso sí, el partido nacionalista reconoce que, aunque duda del contenido de la reforma, se verá obligado a estudiar "puntualmente" la fórmula planteada por PSOE y Podemos para "acabar con el obstruccionismo" en el órgano.

Y el cuestionamiento político, más allá del de los grupos de la oposición, no se queda ahí. Tampoco confía en el plan del Gobierno ERC, cuyo apoyo resulta básico para aprobar la reforma en el Congreso. El argumento que aduce en este caso Gabriel Rufián es parecido al de Errejón. "Dan miedo según qué reformas frente a un futuro Gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema de PP, Vox y Ciudadanos si tienen ese poder". Una renovación del Poder Judicial ejecutada por un Gobierno de izquierdas que, en la práctica, puede favorecer alguna pretensión del nacionalismo catalán, resulta "pan para hoy y hambre para mañana", según sentenció Rufián, lo que pone en jaque el apoyo de sus 13 diputados.

Las dudas de estos grupos podría tener, además, un efecto arrastre sobre otras fuerzas minoritarias que han evitado pronunciarse aún y cuyo voto se estima vital en el previsible escenario de una apretada votación -siempre y cuando, claro, que Sánchez no dé marcha atrás con la reforma-, como Compromís, Teruel Existe o Nueva Canaria.

Ofensiva en Bruselas...

La oposición no se ha quedado de brazos cruzados ante lo que consideran un "atropello inconstitucional" y una decisión que podría tener "consecuencias devastadoras" para España de cara a la Unión Europea cuando está en juego la aprobación del fondo de recuperación, precisamente, por la cuestión del respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes como condición para recibir las ayudas europeas, de las que a España corresponden 140.000 millones.

El asalto a la independencia judicial -como lo ven no sólo en la derecha, sino también desde asociaciones de jueces, fiscales e incluso desde el propio Parlamento Europeo- que planea Sánchez amenaza con dejar a España en una situación de "aislamiento" respecto al resto de socios europeos por posicionarse, según los grupos de la oposición, en "la línea de negociación de Polonia y Hungría", que bloquean la ratificación del fondo por exigir que no se vincule el dinero al Estado de Derecho. No es un planteamiento que se tenga, sin embargo, en la Comisión Europea, donde consideran que la situación de España respecto a estos dos países no puede compararse. Al menos, de momento.

En España el proyecto de Sánchez e Iglesias ha provocado todo tipo de acusaciones incluso sobre la "deriva autoritaria" del Gobierno de coalición que no han movido ni un ápice las intenciones del Ejecutivo. Pero el escenario cambia cuando las advertencias llegan desde Europa. Ayer mismo, la Comisión Europea se dirigía directamente al Gobierno español y advirtió que nuestro país no podía permitir que el CGPJ sea percibido como "vulnerable a la politización", al tiempo que destacaba la necesidad de reducir la influencia del poder legislativo o Ejeuctivo, y trasladaba un mensaje: Europa permanecerá vigilante a cómo evoluciona el proceso de renovación de la Justicia en España.

De hecho, la oposición ha desplegado ya su ofensiva para que Bruselas no sea ajena a la cuestión judicial española e intervenga si es preciso para frenar a Sánchez. Sin ir más lejos, en el PP ahondarán en su estrategia de hacer lobbismo en Europa para evitar el menoscabo a la democracia, y pondrán el foco en todas las instituciones europeas para alertar del riesgo que a su juicio supone "quebrar" los cimientos democráticos.

Ayer mismo, Pablo Casado mantuvo una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que informó sobre la situación en España para que la institución no pierda de vista la reforma y ejerza como 'guardiana' de la separación de poderes en España. Y firmó una misiva dirigida en este caso al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, al que pedía someter la reforma del CGPJ "a revisión" de las autoridades europeas para "salvaguardar los valores democráticos".También Renew Europe (Ciudadanos), ha anunciado una serie de acciones para que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo sean conscientes de la reforma que planean Sánchez e Iglesias y la paralicen si es preciso.

... y presión mediática

La presión hacia Sánchez e Iglesias se ha multiplicado en cuestión de horas. La oposición, los jueces, los fiscales y hasta Bruselas amenazan con dificultar la aprobación de la reforma exprés de la Justicia, presión por la que, además, podría decantar la balanza hacia el 'no' de los socios de investidura cuyo apoyo a la propuesta pende ahora de un hilo.

Tampoco hay tregua para el Gobierno desde el punto de vista mediático. La decisión ha revuelto las aguas en todos los medios de comunicación casi sin excepción. En concreto, El País ha asestado un duro golpe a Moncloa con un demoledor editorial publicado este jueves en el que, bajo el título de Así no, tacha de "inaceptable" el intento de cambiar la mayoría reforzada a una simple para que el Ejecutivo pueda reformar el Poder Judicial a su antojo, sin que nadie pueda poner un pero a su decisión.

Los planes de Sánchez e Iglesias "chocan con el espíritu de la Constitución", continúa el editorial, y vaticina la reforma del CGPJ "acabará en el Constitucional con altísimas posibilidades de no pasar el examen" por su carácter "lesivo" para el Estado de Derecho. Y finaliza instando a las dos principales fuerzas políticas a sentarse a negociar.

El PP, por su parte, ha tendido la mano al Ejecutivo para renovar el Poder Judicial, pero no cede en su exigencia de que sólo lo hará si enfrente está sentado "exclusivamente" el PSOE, y no Unidas Podemos. Pide además que Sánchez acepte la propuesta de aprobar en el Congreso una reforma por la que "sean los jueces los que elijan a los jueces", y no los políticos. Tal propuesta, que corrió a cargo de Ciudadanos en la Cámara Baja, ya fue tumbada hace tres semanas. PP, Cs y Vox votaron a favor. PSOE y Podemos, en contra.