El ruido nunca dio buenos resultados. Menos aún en política. En las últimas semanas los decibelios de algunos foros institucionales se han elevado hasta lo insoportable. Mientras la oposición de Casado eleva el tono para el desgaste del Gobierno de Sánchez e Iglesias, el Ejecutivo hace lo propio para el engorde de la derecha más extrema y debilitar así al PP. Y en medio, algunos aliados de investidura trabajan sorteando insultos, pulsos y vocerío para seguir avanzando en su particular ‘hoja de ruta’.

El PNV lo ha hecho esta semana. Sus apelaciones desde la tribuna del Consejo de los Diputados al diálogo, la mesura y el ejercicio de la negociación no parecen tener acogida. El clima político encendido no cesa pero incluso así, se pueden obtener réditos. El PNV lo sabe bien. En la tormenta y en la calma uno debe saber jugar sus cartas. Ahora los nacionalistas ocupan el bando afín al Gobierno y por eso es hora de rebajar la crítica y exprimir la negociación.

En estos tiempos en los que la crisis sanitaria se dispara y la económica no deja de agravarse, urge blindar lo propio. Por ahora, la formación de Andoni Ortuzar ya ha logrado que el Gobierno le actualice el calendario de transferencia de casi una treintena de competencias a Euskadi, entre ellas prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. La primera para antes del mes de marzo, la segunda para 2022. A ellas se sumarán otra decena de competencias antes de primavera y 17 antes del otoño del próximo año, hasta completar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika de 1979.

No es el único logro que la formación ha alcanzado mientras el cruce de cuchillos en la política nacional no deja de crecer. Esta semana su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se ha reunido con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para conocer los ejes del presupuesto que Sánchez quiere aprobar y el PNV está dispuestos a facilitar. Un proyecto de cuentas cuya salida adelante la formación vasca considera esencial para evitar una herida mortal al Gobierno y una posible repetición electoral. Sus seis votos afirmativos están casi asegurado a falta de flecos. Esta próxima semana los contactos continuarán, pero su portavoz en la Cámara Baja ya ha avanzado que el acuerdo está a falta de trabajar “algún detalle”. Esta vez no habrá exigencias elevadas ni compromisos incómodos, el PNV se conformará con asegurar una orientación adecuada de las cuentas y con que se cumplan compromisos anteriores aún pendientes.

Ausencia de reproches y críticas

La cuestión competencial era una premisa previa y la orientación social y de impulso a la economía de los presupuestos la ha establecido el PNV como una obligación para afrontar la crisis. En Euskadi hablar de economía es hablar de Industria, el verdadero motor de su actividad y a la que el PNV quiere insuflar oxígeno, también a través de los presupuestos generales del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez también tiene sobre la mesa la lista de hasta 66 proyectos que el Gobierno vasco le ha remitido para recibir financiación procedente de los fondos de reconstrucción europeos. En ellos aparecen propuestas por valor de más de 11.000 millones. Se trata de acciones estructurales y esenciales para el País Vasco como las obras de acceso del Tren de Alta Velocidad a Bilbao y Vitoria, inversiones para proyectos tractores en el ámbito energético o de inteligencia artificial o avances en el campo de las energías limpias. En gran medida, estará en manos del presidente Sánchez la elección de los proyectos prioritarios que se financien en España y no parece que los trasladados por el Gobierno de PNV y PSE vayan a quedar muy relegados.

La lealtad del PNV a Sánchez se traduce desde hace tiempo en ausencia de reproches y críticas. Apenas se escuchan en las intervenciones de sus dirigentes. Y cuando las ha habido, como las que Esteban hizo en el Congreso por el recurso al Estado de Alarma en Madrid por "un conflicto artificial" las repartió entre socialistas y populares. En esta cuestión sí dejó marcada una línea roja en forma de advertencia, recurrir a la recentralización de competencias amparados en la lucha contra el virus es algo "injustificado" que su partido no aceptará en ningún caso.

Lealtad a Sánchez, ninguneo a Iglesias

Tampoco las alabanzas hacia el Gobierno han irrumpido con fuerza. El apoyo se expresa desde Sabin Etxea más en críticas hacia el PP que en respaldos expresos a las políticas y acciones de Moncloa. Lo sucedido con la polémica propuesta de PSOE y Unidas Podemos para modificar la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial es fiel reflejo de ello.

La historia del PNV enseña que en política las puertas y ventanas nunca deben quedar del todo cerradas, no vaya a ser que el cambio de aliado se tenga que precipitar. El miércoles en una nota el PNV aseguró que no consideraba idóneo “modificar las leyes” para modificar las mayorías. Incluso subrayaba que el requisito de un apoyo de 3/5 de la Cámara para la renovación de sus vocales no era una garantía suficiente de despolitización pero al menos posibilita en mayor medida “la búsqueda de consensos”. Afirmaciones todas ellas que revelaban la verdadera opinión del partido y que sólo en aras a una reducción de daños arrinconó para salir al rescate de Sánchez si fuera necesario. Si el PP perseveraba en su bloqueo, aseguraba el PNV, alterar la ley “podría puntualmente” ser una vía aceptable para la renovación del CGPJ.  

La lealtad nacionalista es en realidad para sólo uno de los socios del Gobierno. Unidas Podemos y su líder no son santos de devoción en Sabin Etxea, demasiado imprevisible. El PNV ha llegado a menospreciar al vicepresidente Iglesias asegurando que su peso en el Ejecutivo está devaluado y su capacidad de decisión debilitada. “Nosotros negociamos con la ministra”, se ha encargado de recordar el partido ante los intentos de negociar los presupuestos del vicepresidente segundo. No en vano, la relación entre Podemos y el PNV no atraviesa por buenos momentos en Euskadi, donde la dirección ha empeñado su acción política en una suerte de cordón sanitario hacia el PNV.

Sintonía férrea en Euskadi

Con el otro socio de la Moncloa, en cambio, gobiernan las principales instituciones en Euskadi. El PSE y los nacionalistas de Urkullu hace tiempo que comparten algo más que Ajuria Enea. La cada vez mayor sintonía entre los dos partidos ha llevado a la formación de Idoia Mendia a avanzar en posiciones como el autogobierno o la política penitenciaria más propias del PNV. La mayoría absoluta que ahora ostentan en el Parlamento Vasco se ha convertido en el pilar y garantía de Gobierno de los próximos años en los que, de cumplirse lo pactado con Sánchez, el Gobierno Urkullu-Mendia deberá estar gestionando las tres cárceles vascas el próximo año y el régimen económico de la Seguridad Social antes de mayo de 2022.

La verdadera prueba de fuego a su entendimiento llegará en la Cámara de Vitoria, donde una propuesta de articulado de nuevo estatuto vasco acordada sólo parcialmente entre ambos espera su debate. El llamado nuevo estatus vasco parece abocado por ahora a los puestos de cola de las prioridades. La profunda crisis económica y sanitaria que condicionará la primera mitad de la legislatura ya ha revelado que ésta no será una de las urgencias ni para el Gobierno ni para las formaciones que lo respaldan.

Un PNV que aborda desde la semana pasada el proceso de renovación interna que concluirá con la reelección de Andoni Ortuzar al frente del partido por otro mandato más, el tercero. Las dos vueltas de candidaturas parta la renovación de todas las direcciones territoriales y los estatutos concluirá en la Asamblea Nacional prevista para el 12 y 13 de diciembre.