El intento de reforma del Poder Judicial que plantearon PSOE y Unidas Podemos la semana pasada enrareció el ya de por sí crispado debate político en España y elevó el tono del discurso de la oposición hasta calificativos como Gobierno "autoritario" o "dictatorial". Este lunes, el PP ha respondido formalmente a las acusaciones procedentes de Moncloa, que sitúan a Casado como motivo del bloqueo, y ha registrado una proposición de ley en las Cortes con el objetivo de despolitizar por completo el Poder Judicial.

Con este movimiento, el PP redobla la presión sobre la reforma de Sánchez porque, a juicio del líder de las filas populares, sería "muy difícil" para el presidente del Gobierno explicar en Bruselas que no apoye una iniciativa de estas características que, en suma, implica que "los jueces elijan a los jueces" en un proceso de "despolitización de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial".

Y no sólo. La propuesta de Casado pasa también por recuperar el carácter "imparcial" de la Fiscalía General del Estado, una cuestión de carácter primordial para el PP desde la elección de la ex ministra socialista, Dolores Delgado, al frente de la institución. La contrarreforma de los populares cuenta con otros pilares básicos, como la prohibición de que los juristas que hayan ocupado cargos políticos puedan optar a estar en órganos de gobierno judiciales; o evitar que los Parlamentos autonómicos puedan elegir como candidatos a magistrados que formen parte de los Tribunales Superiores de Justicia.

El líder del PP ha desgranado además que su apuesta pasa porque sean los jueces los que elaboren una lista completa de aspirantes al Consejo que, a su vez, se eleve a las Cámaras para que puedan votar sobre candidatos que cuentan con todos los "avales" y con el "impulso" de las asociaciones judiciales y que, en todo caso, sean ratificados por Congreso y Senado con mayoría reforzada de tres quintos. La reforma que plantean PSOE y Podemos implica justo lo contrario: que sean los políticos quienes elaboren la lista y que después se ratifique en las Cortes por mayoría absoluta.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, Casado ha aclarado que, respecto al "proceso actual" de renovación del CGPJ, llevará hasta el final su veto a Podemos con el que "no puede existir ningún tipo de conversación", más aún, ha dicho, cuando el vicepresidente segundo está acusado por la Audiencia Nacional de "tres graves delitos", y ha tendido la mano únicamente a Sánchez para llegar a un acuerdo de despolitización judicial dentro de los términos anteriormente citados.

La tensión en torno al asunto registró su máximo nivel cuando Bruselas dio un toque a Sánchez la pasada semana por la reforma con la que planea rebajar la mayoría política necesaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces mientras que la oposición, centrada en trasladar su ofensiva a las instituciones y tribunales europeos, ya situaba la estrategia de Sánchez con la línea de actuación que han seguido los gobiernos de Polonia y Hungría.

Hace un mes, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos registró una propuesta parecida a la que hoy aborda el principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados para despolitizar la Justicia. Contó con el apoyo de PP y Vox, pero fue tumbada por la mayoría parlamentaria de socialistas y morados.