La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha replicado a la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de limitar el nuevo estado de alarma a ocho semanas a cambio de su apoyo, ha defendido que Pedro Sanchez "fue claro, diáfano, cristalino y lo fijó en seis meses si así lo aprueba el Congreso. Y este plazo obedece a una serie de criterios: es el que recomiendan los expertos, no sólo para la segunda ola, sino para la etapa más dañina de la pandemia" por coronavirus. "No es el momento de poner condiciones ni palos en las ruedas", ha subrayado la ministra. En todo caso, dicho plazo no es inamovible, pero dependerá de la evolución en caso de que los contagios disminuyan.
Tras recordar el estado de alarma fue a petición de muchos presidentes autonómicos y con el "empoderamiento" del consejo Interterritorial de Salud, ha dicho que la propuesta del Gobierno "es sólida y fundamentada. Apelamos al sentido común y científico. El PP debe abandonar sus condiciones y sustituirlas por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia". , Así, el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros para su convalidación, este jueves, en el Congreso, insistirá en los seis meses, pero a otras formaciones, como Ciudadanos, también les parece un periodo demasiado largo.
Respecto a la posibilidad de reformar la Ley General de Salud, que constituye la segunda condición que ha puesto Casado para apoyar en el Parlamento el decreto, ha defendido que la única manera de restringir derechos fundamentales, como la de libre circulación es el estado de alarma. No fue ese el contenido de los acuerdos del Gobierno con Ciudadanos y hasta con ERC para sacar adelante algunas de las prórrogas del anterior Estado de alarma, cuando se comprometió a dotar de instrumentos jurídicos a las Comunidades de modo que no volviera a ser necesario este instrumento excepcional.
"El virus necesita respuestas coordinadas y planificadas desde la cogobernanza. Necesitamos un gran acuerdo de país a nivel institucional", ha proclamado Darias en la línea con lo manifestado por Pedro Sánchez en el seno de la Conferencia de Presidentes. La cogobernanza "exige de grandes reformas" y precisa "un acuerdo Presupuestario".
Europa está con España", ha dicho Von der Layen
"Estamos en un momento clave que nos exige muchas cosas, sobre todo una acción conjunta para liderar al recuperación y la resiliencia" ha proseguido la ministra en una comparecencia al término de la conferencia de presidentes, que ha terminado incluso antes de lo previsto. Según ha explicado Darias, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von de Layen, presente vía telemática, ha asegurado que "Europa está con España".
Además, las Comunidades autónomas podrán gestionar directamente el 50 pro ciento de los fondos europeos para la recuperación, según les ha trasladado Pedro Sánchez al arranque de la conferencia de presidentes que se celebra de forma telemática.
En una nota de Moncloa, el Ejecutivo explica que los presidentes autonómicos promover en el Plan de Recuperación proyectos o programas en cualquier ámbito.
En este sentido recuerdan que hay competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están muy vinculadas a áreas clave del Plan. Por ejemplo, vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente. Será en estas áreas donde las Comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las Comunidades Autónomas.
Asimismo, Sánchez ha confirmado que este martes se aprobará el anteproyecto de Presupuestos, que ha tomado nuevos bríos tras el rechazo de la votación de censura que presentó Santiago Abascal contra el presidente del Gobierno, en la que la llamada mayoría de la investidura votó en bloque, frente a un Vox que sólo recibió el apoyo de sus 52 diputados.
En sete sentido, ha recordado a los presidentes autonómicos, en presencia telemática de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, que dichas cuentas contendrán un adelanto de 27.000 millones con cargo a los fondos de la Unión.
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