El Ministerio de Sanidad ha tenido que reintegrar al Tesoro más de 104,21 millones de euros que había retenido en concepto de IVA por compras de material de protección contra el coronavirus y que no procedía, después de que el Gobierno acordara aplicar un tipo impositivo del cero por ciento durante la fase aguda de la primera ola para facilitar las importaciones. También ha tenido que devolver 1,37 millones por resolución de contratos o devoluciones de productos cuya calidad no se ajustaba a lo estipulado.

Se trata de 21 operaciones que, por un montante próximo a los 500 millones de euros y tramitadas de extrema urgencia, el departamento que dirige Salvador Illa cerró durante el inicio de la pandemia con ocho intermediarios a fin de dotarse de material necesario para luchar contra la covid-19. A saber: mascarillas de diversas calidades, guantes de nitrilo, batas y monos desechables, hisopos, gel hidroalcohólico y respiradores de ventilación mecánica.

Así se detalla en el listado que la secretaría general técnica del Ministerio de Sanidad ha facilitado en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia. Las compras se realizaron mayoritariamente en la segunda quincena de marzo y las llevaron a cabo tanto el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) como la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

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De forma sobrevenida, la retención del Impuesto sobre el Valor Añadido dejó de ser procedente según la legislación vigente. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de abril un real decreto-ley con medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que incluía un tipo impositivo del cero por ciento "a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes" cuyos destinatarios fueran entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Esta medida fiscal tenía el 31 de julio como fecha de vigencia y con ella se buscaba que el suministro de material sanitario -en un momento en el que la demanda se había disparado por la expansión del virus a nivel mundial- pudiera llevarse a cabo "de forma rápida y efectiva".

El Gobierno acordó en abril reducir al 0% el IVA de los productos sanitarios para tratar de agilizar los suministros

En virtud del decreto-ley de trabajo a distancia, aprobado el pasado 22 de septiembre, el Gobierno decidió extender el plazo de vigencia de esta medida hasta el 31 de octubre para "garantizar la respuesta del sistema sanitario en la segunda fase de control de la pandemia".

El importe del reintegro más elevado es el correspondiente a la compra de 56,2 millones de mascarillas FFP2 que el Ingesa firmó el pasado 28 de marzo con el proveedor chino HongKong Travis Asia Limited. El montante de la operación ascendía a 196.580.196,78 euros, de los que 31.512.855,97 euros equivalían al 21 % de IVA. Este dinero lo devolvió al Tesoro el pasado 5 de junio, día en que tuvo lugar el reintegro de 13 de las 17 operaciones afectadas.

A esta misma compañía asiática se le hicieron otros tres pedidos en los que se aplicó el impuesto y por las que Sanidad ha ingresado al Tesoro otros 5.299.649,76 euros. En concreto, corresponde a las compras de 33 millones de mascarillas desechables y 120 ventiladores de respiración mecánica, según se detalla en el citado listado.

Entre los contratos adjudicados por la Dirección General de Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia destaca el firmado con la empresa barcelonesa FCS Select Products SL por 143.990.000 euros para el suministro de 280 millones de mascarillas de protección respiratoria. En este caso, el IVA ascendió a 24,99 millones de euros.

Mascarillas 'piratas'

Entre las operaciones firmadas por este organismo de Sanidad figura también la compra de las 2.100.000 unidades de mascarillas FFP2 del fabricante GarryGalaxy Biothecnology Co Ltd. que se encargaron el 20 de marzo al distribuidor Hangzhou Ruining Trading Co Ltd. Esa remesa fue retirada un mes después de que el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo -dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social- certificara que la eficacia de protección eran de tan solo el 70 % y que el producto no cumplía "con ninguna clasificación de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010".

El reintegro de menor cuantía (79.800 euros) es el relativo a un lote de diez dispositivos de ventilación mecánica que el Ingesa encargó a MJ Steps el pasado 31 de marzo por 468.300 euros. Esta misma compañía sirvió también un pedido de un millón de hisopos para la toma de muestras al que se repercutió el 21 % de IVA (903.000 euros).

Entre las cantidades que Sanidad ha ingresado en el Tesoro constan los 17.143.885 euros correspondientes a la compra de 659.000 test de diagnóstico del coronavirus que tuvo que devolver después de que el Instituto de Salud Carlos III acreditara que la sensibilidad que ofrecían estaba muy alejada de los niveles que se exigen para que el producto pueda llevar el ‘marcado CE’. El fabricante era Shenzhen Bioeasy Technology, si bien la empresa que había intermediado fue Inter Pharma.

Entre el dinero reintegrado figura también el 1.500.500 euros de los 144 respiradores que la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia contrató a Hyperin Grupo Empresarial, sociedad radicada en Madrid y cuyo objeto social es "la fabricación de elementos de yeso para la construcción".

Semanas después, Sanidad reclamó la devolución del dinero adelantado dado que el fabricante no podía suministrar el modelo que se había acordado ('Vivo-65') y el departamento dirigido por Salvador Illa rechazó la alternativa propuesta ('Avante MVP') por no reunir estos dispositivos "las condiciones y requerimientos exigidos".

Más de 946 millones ya gastados

A fecha de 16 de septiembre, el Ministerio de Sanidad había comprometido ya gastos relacionadas con la covid-19 por importe superior a los 946,1 millones de euros, cantidad de la que se habían descontado ya los 105,58 millones retenidos en concepto de IVA y por operaciones canceladas.

La financiación de los suministros necesarios atender las necesidades de los centros sanitarios ha corrido a cuenta del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros gestionado por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, responsable de la aplicación presupuestaria 'Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la covid-19 en España' (26.09.313A.228).