El Gobierno, de la mano de la ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó ayer que la única imposición común a toda España que se aplicó como consecuencia de la declaración del segundo estado de alarma nacional, la del toque de queda obligatorio, pasará a ser voluntaria a partir del 9 de noviembre, cuando oficialmente decaiga el Real Decreto aprobado el pasado domingo, aunque el Ejecutivo pretenda alargarlo hasta el próximo 9 de mayo, al menos según su planteamiento inicial.

Pero la consecución de un estado de alarma de seis meses plantea únicamente un paraguas jurídico para que las comunidades autónomas puedan tomar unilateralmente medidas que impliquen la limitación de derechos fundamentales de la ciudadanía dentro de sus fronteras sin que puedan ser tumbadas por los tribunales.

Es en este punto donde los territorios quedan sumidos, de nuevo, en el desconcierto y en el "caos" por la aplicación de estrategias dispares e, incluso, contradictorias en función de la localización geográfica, consecuencia de la ausencia de "criterios homogéneos" por parte de un Ejecutivo que ha decidido "lavarse las manos", según denuncian desde una autonomía del PP, delegando de nuevo toda responsabilidad de la pandemia en las comunidades autónomas.

"La política debería estar vedada a los menores de edad. Si no quieres asumir responsabilidades no te dediques a este oficio", comenta otro barón autonómico, en alusión a que la ausencia de una "estrategia común" por parte del Gobierno de Sánchez implica la no asunción de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que especifica que "la gestión de las alertas de carácter supraautonómico y las de la Organización Mundial de la Salud" corresponde al Ejecutivo, y más concretamente al Ministerio de Sanidad.

Sea como fuere, la disparidad en lo que atajar la expansión del virus se refiere quedó patente prácticamente desde el minuto uno del nuevo estado de alarma con su medida estrella, el toque de queda. El Gobierno daba la posibilidad de modularlo una hora en función de lo que considerase cada autonomía: nueve territorios, como Aragón o Andalucía, optaron por el planteamiento de Moncloa de un confinamiento domiciliario de 23:00h a 6:00h,; otras cinco comunidades autónomas decidieron atrasarlo una hora, hasta medianoche; y Castilla y León; Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla, algunas de ellas con mejores datos que otros territorios con un toque de queda más laxo, prefirieron endurecerlo con una restricción a la movilidad a partir de las 22:00h.

En todo caso, la medida dejará de ser obligatoria en menos de dos semanas, lo que en la práctica supondrá que algunos territorios opten por continuar con el toque de queda, endurecerlo o, directamente, suprimirlo. Y no sólo eso.

Cada gobierno autonómico puede decidir la naturaleza del confinamiento o la unidad de medida para aplicar las restricciones que estime oportunas, así como los indicadores en que se basa para tomar tales decisiones, ya que el plan de alertas diseñado por el Ministerio de Sanidad aplica a modo de recomendación, y no de obligación. De este modo, mientras territorios como Madrid se plantean seguir apostando por un confinamiento por áreas sanitarias, otras como Andalucía, La Rioja o Galicia han apostado directamente por el cierre de ciudades como Ourense, Logroño o Granada.

La cascada de cierres perimetrales ejecutados por algunas autonomías a consecuencia de la declaración del estado de alarma del pasado domingo cuenta también con algunas contradicciones. Cinco son ya las comunidades que han prohibido las entradas y salidas en sus territorios, entre ellas Asturias, con una de las menores incidencias acumuladas -en casos diagnosticados en los últimos 14 días- a nivel nacional (340,34 positivos por cada 100.000 habitantes), según el último informe del Ministerio de Sanidad, mientras que otras regiones con peores datos, como Extremadura (438,51) no se plantean el cierre "hoy por hoy"; o apuestan por restricciones muy diferentes, como Cataluña (629,32), que plantea el confinamiento domiciliario los fines de semana para frenar la creciente curva de contagios, una propuesta que, a su vez, no ampara el estado de alarma del Gobierno y tendría que ser ratificada por los tribunales.

Además de Asturias, los gobiernos de La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra han ejecutado ya el perimetraje de sus autonomías, pero es una medida que sopesan en estos momentos Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía, cuya decisión está pendiente de lo que determinen los informes de los comités técnicos regionales, con la presión añadida del inminente puente de Todos los Santos. En otras palabras: la mitad de los españoles aún no sabe si podrá o no viajar este fin de semana, aunque el Gobierno haya trasladado la recomendación de no hacerlo salvo por una cuestión de necesidad. Todo ello abunda en la crítica generalizada, sobre todo desde la oposición- de la ausencia de un plan nacional que frene "17 estrategias autonómicas distintas" en un momento tan delicado como el actual.

Andalucía es quizá la comunidad autónoma de todas las que aún están en duda que más claro tiene la necesidad de cerrar la región de cara al puente, una medida que podría entrar en vigor incluso este mismo miércoles.

Madrid pide condiciones para decretar el cierre

Si hay una comunidad sobre la que se fijan todas las miradas de los diferentes presidentes autonómicos es en lo que haga o deje de hacer la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, habida cuenta de la división manifiesta en las filas de su propio Gobierno respecto a aplicar la medida de cara al puente de Todos los Santos.

La presidenta autonómica tiene dudas respecto al cierre de la región después de que Sánchez le obligase a ello en el puente del 12 de octubre y de que la incidencia acumulada haya bajado hasta los 432 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo incluso de la media nacional (436,47).

Se prevé que, en todo caso, tome una decisión hoy mismo, que condicionará a varios factores: lo que hagan el resto de autonomías, especialmente las colindantes -Ayuso se reúne este miércoles con Emiliano García Page y Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León-; los consejos de los técnicos sanitarios por la "favorable" evolución de la pandemia y el análisis de los últimos boletines oficiales; y lograr el compromiso del Gobierno central a endurecer los controles externos para que la limitación de la movilidad interna dé auténticos resultados, según trasladan fuentes del ejecutivo regional.

Esta última petición la llevará Ayuso -de la mano del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero- a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en que estará presente el propio Salvador Illa. A ojos del entorno de la presidenta regional, "es de locos decretar el cierre perimetral si siguen llegando aviones de Lima o de Berlín sin ningún tipo de control", por lo que no se prevé que el Gobierno regional tome una decisión en firme hasta conocer la respuesta del Ministerio de Sanidad a esta propuesta.