El Ministerio del Interior incrementará en medio millón de euros el presupuesto de licitación para la contratación del servicio de seguridad privada en las cárceles de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura a fin de hacer atractivo el concurso y garantizar su adjudicación, después de que quedara desierto a finales del pasado año al no presentar oferta ninguna de las empresas que fueron invitadas a participar. Ello obligó a la Guardia Civil a hacerse cargo de esas funciones, continuando en la actualidad.

La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -adscrita a la Subsecretaría del Interior- mantiene ya en "evaluación previa" este procedimiento público como paso previo a la licitación y al inicio de la apertura del plazo de presentación de propuestas. El importe asciende a 8.855.070,4 euros (con el 21 % de IVA incluido), exactamente 501.230,4 euros más que en la última convocatoria.

Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos.

El último procedimiento de contratación se tramitó hace justo un año. En octubre de 2019, el departamento que dirige Grande-Marlaska invitó a 11 compañías de la seguridad privada (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, Protección y Seguridad Técnica SA, Sabico Seguridad SA, Securitas Seguridad España, Segurisa y Trablisa) a que pujaran por alguno o los cinco lotes en que se había dividido el contrato atendiendo a un criterio de distribución geográfica. El presupuesto neto ascendió a 37,51 millones de euros.

La Guardia Civil lleva un año encargándose del servicio tras quedar desierto el concurso en 2019

El número 2 fue el único que quedó desierto al no registrarse ninguna oferta en la Plataforma de Contratación. De las seis empresas de seguridad privada que aceptaron la invitación y llegaron a formalizar propuestas (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica y Transportes Blindados), ninguna mostró interés por este paquete pese a ser el segundo con un presupuesto más elevado (8.353.840 euros). En concreto, era el correspondiente a los 15 centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El hecho de que no se cubriera llevó al Ministerio del Interior a asignar el servicio que tendrían que estar cubriendo vigilantes de seguridad a guardias civiles, que continúan desempeñándolo hasta que salga nuevamente a licitación y pueda adjudicarse. En teoría, el contrato empezaría a contar el 1 de enero de 2021.

La última empresa a la que se le había confiado el servicio de seguridad privada en las prisiones madrileñas, extremeñas y castellano-manchegas fue Ombuds Compañía de Seguridad SA, después de sacarle más de tres puntos a la segunda mejor valorada (Garda Servicios de Seguridad SA) en el procedimiento licitado en 2016.

El ocaso de Ombuds

Con sede en Las Rozas (Madrid), Ombuds se llevó tres de los cuatro lotes que se licitaron aquel año -excepto el correspondiente a los centros penitenciarios de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- por 27.084.074,86 euros, lo que representó el 78,12 % del presupuesto total de licitación.

El 29 de julio de 2019, el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a Ombuds, que dos años antes había absorbido a sus participadas Castellana de Seguridad SAU y Ombuds Ingeniería de Seguridad y Telecomunicaciones SLU.

El pasado 9 de enero, el juzgado acordó la apertura de la fase de liquidación y la disolución de esta compañía, asfixiada por las deudas con clientes y los impagos que mantenía con la Agencia Tributaria y la Seguridad tras perder algunos de los contratos que había conseguido. En 2018, las ventas de Ombuds se redujeron un 13 % hasta los 204 millones de euros, cerrando dicho ejercicio con unas pérdidas de 15,74 millones. Ese año, la plantilla ascendía a 6.942, 1.227 menos que a finales de 2017.