Mónica Carmona, la abogada que trabajaba en el departamento de Cumplimiento Normativo de Podemos y fue expulsada a la vez que su compañero José Manuel Calvente, junto al que denunció presuntas irregularidades internas, ha afirmado este miércoles ante el juez Juan José Escalonilla, que abrió una investigación al partido y a varios miembros de su cúpula por presuntos delitos de malversación y administración desleal, que "la directiva de Podemos y la cadena de mando" conocía las presuntas irregularidades denunciadas.

La abogada, que ha declarado como testigo por videoconferencia desde Barcelona, ha afirmado que "tras alertar de un posible fraude interno tanto en la licitación de la obra de la sede central del partido como en los otros aspectos que se están investigando, apreciaron una obstaculización en la investigación interna por parte del partido que finalmente les llevó a los dos a ser expulsados", según han trasladado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Eso, según la declarante, a pesar de que la investigación se comenzó con "sigilo" para no perjudicar al partido en período electoral, pero en cumplimiento de sus obligaciones como miembro del equipo de Cumplimiento Normativo.

Carmona ha repetido la versión de José Manuel Calvente, cuya denuncia ante la Guardia Civil motivó la apertura de la investigación sobre distintas presuntas irregularidades en el seno de Podemos: por un lado, la contratación, por más de 300.000 euros, de la consultora de Comunicación mexicana Neurona para trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 que no se han justificado. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía consideran que dicho contrato pudo ser simulado para financiar irregularmente la campaña. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado al juez continuar la investigación a Podemos y sus responsables (la gerente, el tesorero y el jefe de campaña y de Estrategia de la vicepresidencia de Pablo Iglesias) por este motivo.

Además de la contratación de Neurona, Calvente y Carmona también denunciaron que el partido habría inflado el precio de la obra de reforma de la sede central de Podemos; que habría permitido el acceso sin permiso a discos duros de datos confidenciales a una empleada; que habría contratado a la consultora portuguesa ABD Europa LDA también para financiar la campaña electoral y que habría permitido salidas ilegales de fondos de la denominada Caja de Solidaridad del partido "con fines opacos". El juez ha descartado continuar investigando los dos últimos aspectos por falta de indicios de delito.

Chats de 'Telegram'

Carmona ha sostenido que existen unos mensajes (chats) de la red social Telegram intercambiados entre los miembros del equipo de Cumplimiento Normativo de Podemos que servirían como prueba de que la cúpula conocía las irregularidades denunciadas.

También habría afirmado que "mucha gente, incluso cargos importantes ejecutivos del partido", se han dirigido a ella y le han transmitido el miedo que tienen a hablar por futuras represalias, ha afirmado, según trasladan fuentes de la acusación, ejercida por Vox.