La oferta pública de empleo que el Ministerio del Interior convocará en el ámbito de Prisiones tan sólo permitirá cubrir una cuarta parte de las vacantes que se acumulan tras las restricciones presupuestarias que se aplicaron durante la crisis económica y las jubilaciones y fallecimientos que se registran anualmente.
Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, Instituciones Penitenciarias ofertará 1.063 plazas de funcionarios y personal laboral. El mayor número corresponde un año más al cuerpo de ayudantes, con 900. Es el mismo volumen de la última convocatoria, a la que concurrieron unos 13.600 aspirantes.
El desglose se completa con los 52 puestos para el cuerpo superior técnico, 15 para el cuerpo especial, 40 para el facultativo, 51 de enfermería y cinco de personal laboral fuera de convenio para farmacéuticos. "[Estas plazas] permitirán adecuar las plantillas a las necesidades reales de la institución y se suman a las cerca de 2.000 vacantes cubiertas desde el cambio de gobierno en junio de 2018, tras años de congelación de las ofertas de empleo", ha destacado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Oferta "insuficiente", según los sindicatos
La lectura que hacen los sindicatos con representación en la Mesa de Prisiones no es tan optimista. ACAIP-UGT, CSIF y CCOO coinciden en que las plazas ofertadas son claramente "insuficientes" para reforzar las plantillas de las prisiones y que pueda mejorarse el ratio funcionario/interno.
"Siendo una cifra importante, nos sigue resultando insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos en el entorno de 2.500 vacantes en el conjunto de los establecimientos penitenciarios", resume José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT.
Jorge Vilas, presidente nacional de CSIF-Prisiones, eleva dicha estimación y asegura que son 3.348 los puestos que se encontraban sin ocupar a septiembre de este año. A esa cifra, agrega, hay que añadir las jubilaciones y muertes que se han producido y que no están reflejadas en dicha actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Los sindicatos avisan de que el déficit de personal no garantiza que se pueda cumplir el mandato de la reinserción social
"Con las 900 plazas que se van a ofertar algo vamos a mejorar, pero la situación seguirá siendo mala. No se va a cubrir ni una cuarta parte de los vacantes", opina Vilas. Y añade: "Con ese porcentaje van a seguir trabajando en los módulos dos funcionarios por cada cien internos, cuando deberían ser como mínimo cuatro. Así es imposible garantizar ni la seguridad, ni el tratamiento, ni la reeducación, ni absolutamente nada".
Desde hace años, éste y otros sindicatos vienen reclamando una oferta pública de empleo de carácter extraordinaria que permita poner a cero el "contador" de las vacantes y que las convocatorias anuales sirvan para compensar las bajas que se producen por jubilaciones, fallecimientos o traslados a labores administrativas. "La mayoría de los empleados tiene ahora entre 50 años y la edad de jubilación. La situación se va a agravar", advierte.
Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, también califica de "insuficiente" el número de plazas que saldrán a concurso y advierte de que "el lastre del déficit de personal" no garantiza que se pueda cumplir eficientemente el mandato constitucional de reinserción social. "Las necesidades de personal tienen consecuencias directas no sólo sobre la eficiencia del servicio público penitenciario, sino también sobre las condiciones laborales, ya que aumentan las cargas de trabajo, las enfermedades relacionadas con el aumento de los riesgos psicosociales o la lacra de las agresiones al personal", enfatiza.
Déficit de médicos
Fernández muestra su descontento con el hecho de que se haya recortado la promoción interna, al ofertarse al turno libre 15 plazas de funcionarios adscritas al subgrupo A2 que antes se reservaban al personal de carrera del subgrupo C1. "Es desaprovechar un capital humano con muchos años de experiencia y cualificado", lamenta.
En paralelo, la representante de Comisiones Obreras critica que, en plena pandemia, Interior tan sólo vaya a convocar 40 plazas de médicos cuando "casi la mitad" de las 492 que prevé la relación de puestos de trabajo están sin cubrir. "Mientras esperamos a esos 40 de nuevo ingreso, se jubilan otros tantos por el elevado envejecimiento de la plantilla…", señala.
El pasado 25 de marzo, en plena crisis sanitaria derivada del coronavirus, Instituciones Penitenciarias lanzó un proceso selectivo de urgencia para incorporar de forma rápida a 40 facultativos interinos sin necesidad de que estuvieran en posesión del MIR. La menor remuneración económica respecto a otras áreas de la sanidad pública hace que las plazas que se ofertan en el ámbito de las prisiones no se cubran habitualmente en su totalidad.
La convocatoria de plazas para 2021 se produce en un momento en el que los centros penitenciarios gestionados por el Estado albergan el menor número de internos de los últimos 19 años debido al descenso de la criminalidad. A mediados de octubre se contabilizaban 47.599 reclusos, la cifra más baja desde septiembre de 2001 (47.404).
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestiona un total de 68 prisiones repartidas por 16 comunidades autónomas. Sólo Cataluña tiene transferidas hasta ahora las competencias, si bien el Gobierno ya ha anunciado que traspasará al Gobierno vasco el control de las tres cárceles existentes en esta región antes del próximo mes de marzo.
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