El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles al líder de la oposición, Pablo Casado, levantar el estado de alarma en cuatro meses, concretamente el próximo 9 de marzo, en caso de que el Consejo de Política Interterritorial dictaminase entonces que la pandemia ha mejorado y que no es necesario mantener esa medida excepcional recogida en el artículo 116 de la Constitución.

La nueva oferta del jefe del Ejecutivo va dirigida a conseguir el 'sí' del PP a la prórroga del estado de alarma que mañana se vota en el Congreso de los Diputados, pero Casado, aunque ha mantenido un tono constructivo porque "por mí no quedará", ha rechazado la propuesta y ha insistido en una alarma de ocho semanas para "salvar la Navidad". "Mi mano sigue tendida. La pelota está en su tejado", subrayaba el jefe de Génova.

Más allá de los plazos del estado de alarma, uno de los puntos que más ha afeado el principal partido de la oposición -primero Pablo Casado y después su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra- es que el Ejecutivo pretenda estar meses sin "rendir cuentas" ante el Congreso y que, llegado el momento, sean los consejeros de Sanidad los que decidan sobre la legislación extraordinaria y no se discuta la continuidad del estado de alarma en la Cámara Baja pese a tener atribuida tal función.

Casado ha instado al presidente del Gobierno a "abandonar la radicalidad", aceptar la "generosa oferta" del PP y a "escuchar más a Felipe González y menos a Pablo Iglesias" porque lo que está haciendo es "eludir el Parlamento", advertía, deslizando de nuevo la existencia de un deje autoritario en el seno de Moncloa. "Menos 'aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución", insistía.

Hasta ahora, el planteamiento del Gobierno pasaba por mantener el estado de alarma durante seis meses, hasta el próximo 9 de mayo, una decisión que considera óptima por ser la que "recomiendan los expertos". Por su parte, Pablo Casado ofreció a principios de semana su apoyo para una alarma de algo más de dos meses a cambio de otras dos condiciones: construir una alternativa jurídica al estado de alarma que debería estar lista en el mes de diciembre; y que el presidente del Gobierno acuda al Congreso cada 15 días a rendir cuentas.

El camino intermedio que ha ofrecido este lunes Sánchez a Casado aleja aún más el control parlamentario al jefe del Ejecutivo. Moncloa ha justificado que la dación de cuentas en esta cuestión corresponde a la presencia puntual en las Cortes del ministro de Sanidad, Salvador Illa, un argumento que ha sido censurado en las últimas horas no sólo por la oposición, sino también por los socios del Gobierno, que rechazaban otorgar a Sánchez un cheque en blanco haciendo uso de una herramienta extraordinaria "sin pasar por el Congreso". Algunos grupos, como ERC o Más País, exigían incluso una votación mensual en la Cámara Baja para prorrogar el segundo estado de alarma nacional, así como la comparecencia frecuente del presidente del Gobierno para rendir cuentas al Parlamento sobre esta cuestión.

Pero Sánchez ha hecho caso omiso a las peticiones de sus aliados: el jefe del Ejecutivo parece decidido a obviar todas las peticiones, mantener los seis meses y no aparecer por la Cámara Baja. De hecho, mañana no será él el que comparezca en el Congreso de los Diputados para solicitar a sus señorías la prórroga de seis meses -revisable a los cuatro-, sino que delega en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para tal función, lo que ha desatado un enorme malestar entre propios y ajenos. Moncloa justificó la ausencia de Sánchez en el Congreso por su obligatoria presencia -de forma telemática- en la reunión Consejo de Europa que, sin embargo, no arranca hasta las 18:30 horas de la tarde, mientras que el debate de la prórroga del estado de alarma comienza a las 9:00 horas.