Una recalificación urbanística en la localidad barcelonesa de Cabrera de Mar es una de las operaciones de desvío de fondos públicos a favor del procés y de dirigentes independentistas que se investiga en el marco del caso Volhov, la redada desplegada este miércoles por la Guardia Civil en Cataluña y que acumula ya 21 detenciones y una treintena de registros en diferentes puntos de Barcelona y Girona.
Según ha podido conocer El Independiente en fuentes de la investigación, los agentes descubrieron una presunta prevaricación en la decisión municipal de recalificar de rústico a urbanizable la finca Villa Bugatti -dedicada a celebraciones de alto standing- para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada. La modificación del planeamiento urbanístico tuvo lugar el pasado 25 de febrero y afectaría a 48.000 metros cuadrados, según ha informado El Confidencial.
El principal beneficiado por esa operación urbanística fue el ex dirigente de ERC Xavier Vendrell, propietario de la citada finca y uno de los integrantes del 'estado mayor' del procés. Junto con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los líderes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente), formó parte del núcleo duro que organizó la celebración del referéndum del 1-O.
En concreto, a él se le atribuye la responsabilidad de la compra, ocultación y distribución de las urnas que permitió la consulta ilegal en el otoño de 2017. Quien fuera secretario general de Esquerra entre 1996 y 2006 y después consejero de Gobernación con el tripartito fue el único miembro de la antigua cúpula independentista liderada por Josep Lluís Carod-Rovira que tuvo una participación determinante en el referéndum. Vendrell, ex militante de Terra Lliure, fue además uno de los artífices de la disolución de la organización terrorista para incorporarse a ERC tras abandonar la "lucha armada".
Entre la veintena de arrestados por la Guardia Civil se encuentran tanto Vendrell como el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts per Catalunya). Éste gobierna el municipio de la comarca barcelonesa del Maresme en virtud del acuerdo alcanzado con ERC y el PSC tras las últimas elecciones municipales. También ha sido detenida la directora de Centros Concertados de la Conselleria de Educación, Pilar Contreras, por presuntas irregularidades en la concesión del concierto al proyecto ahora bajo la lupa.
Malversación y blanqueo de capitales
Dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, la investigación constituye una pieza separada de la causa sobre corrupción en la Diputación de Barcelona (Operación Estela) en la que se persiguen delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Las pesquisas se han desarrollado bajo secreto de sumario durante el último año y medio.
Junto a los arrestos, los agentes han practicado una treintena de registros en diferentes municipios catalanes, lo que les ha permitido intervenir abundante documentación, dispositivos informáticos y de telefonía que ahora someterán a un exhaustivo análisis.
La operación no iba dirigida en su origen contra Tsunami Democràtic, pero en el transcurso de la investigación que han llevado a cabo en la sombra el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y la Guardia Civil han surgido posibles vínculos de los arrestados y esta plataforma que, desde aplicaciones móviles y redes sociales, lideró las protestas masivas contra la sentencia que condenó a los políticos que lideraron el 1-O.
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