Carmen Calvo comenzó a sondear el sábado los apoyos con los que podía contar el nuevo decreto del Estado de Alarma, que se vota este jueves en el Congreso, aunque no reveló el plazo que manejaba el Ejecutivo de seis meses de duración. Al menos esa es la queja de algunos de los portavoces con los que habló y que el domingo conocieron en la rueda de prensa de Pedro Sánchez el plan del Gobierno de alargarlo nada menos que medio año, lo que generó una queja generalizada por considerarla no sólo excesiva, sino también carente de controles parlamentarios.

Calvo explicó a sus interlocutores que la intención del Gobierno era evitar dejar a las Comunidades autónomas "al albur de los tribunales superiores de justicia", que están dictando sentencias contradictorias entre sí, según los territorios. Se trata de un estado de alarma "paraguas", dijo, cuyo objetivo es dar cobertura legal a decisiones como toques de queda y confinamientos perimetrales y "por el que el mando único y la autoridad residía en cada presidente autonómico", según narra una de las portavoces contactadas.

La vicepresidenta sólo advirtió de un estado de alarma "de larga duración"

En otro caso, Calvo alertó a su interlocutor que sería un estado de alarma "de larga duración", sin concretarle el tiempo, para dar estabilidad a esta medida "y seguridad a empresas y ciudadanos". Y, una vez conocido el plazo de seis meses, volvió a contactar con él el domingo y el lunes para pulsar si podía contar con el apoyo de sus parlamentarios. También el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, participó en la ronda con los representantes de los partidos minoritarios en la Cámara porque dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, todos los votos son importantes.

Desde vicepresidencia primera alegan que si Calvo no reveló la duración del estado de alarma fue porque "estaba sometido al escrutinio del Consejo de Ministros" a quien correspondía ratificar ese extremo.

Pero también admiten que "estaba muy claro desde el principio" que era necesario llegar a mayo en una situación de excepcionalidad "conforme a criterios técnicos y el modelo que han seguido otros países de nuestro entorno", señalan las fuentes gubernamentales consultadas. De modo que el anuncio se lo reservó Sánchez, quien antes de comparecer en rueda de prensa telemática telefoneó al líder del PP, Pablo Casado, para informarle, esta vez sí, de un decreto de seis meses de duración.

Moncloa reprocha que los debates de prórroga son "un pim, pam, pum contra el Gobierno"

Otro punto de fricción lo constituía la negativa de Moncloa a que fuera Sánchez el que explicase el decreto este jueves en el Congreso de los Diputados y rindiera cuentas de su marcha y aplicación. Finalmente, ha admitido una enmienda de ERC que le obligará a comparecer en sede parlamentaria cada dos meses, aunque no se votará ninguna prórroga. Sánchez también ha concedido, como gesto al PP, la celebración en cuatro meses de una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para evaluar la marcha de la pandemia y levantar, llegado el caso, el estado de alarma. Pero lo que va a salir adelante hoy en la Cámara Baja es, en esencia, proyecto de Moncloa.

En el Gobierno se defienden afirmando que en los debates de prórroga del estado de alarma del anterior confinamiento "no se debatía de la pandemia. Cada uno iba a su libro". "Era- agrega un miembro del Ejecutivo- un debate del Estado de la Nación y un pim, pam, pum contra el Gobierno".

La vicepresidenta primera abundó este miércoles en esa idea al explicar que con este real decreto ley se pretende que "el gran debate que tengamos que tener los políticos de este país sea sobre la pandemia. La mejor manera de ayudar a la economía y superar la crisis social es parar el Covid pronto en esta segunda oleada. Por eso queremos que el debate esté donde tiene que estar y no vamos a permitir que sea sobre cualquier circunstancia que haga que la ciudadanía se aleje mucho de la política".

"Acoso y derribo" contra el Gobierno

Calvo, que presidió ayer el acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento a doce víctimas de la represión franquista, -entre ellos, el general de la Guardia Civil José Aranguren fusilado en 1939 por mantenerse fiel a la República- parafraseó al presidente del Gobierno al recordar que el estado de alarma durará "el menor tiempo posible, pero debemos ser muy responsables, muy prudentes. Salir de aquí y salir pronto requiere un esfuerzo de todos. Lo que no estamos de acuerdo es en que la derecha española quiera convertir la pandemia en un debate político , de acoso y derribo del gobierno legítimo de España".