"Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia". Esta anotación la hizo Francisco Martínez en su teléfono el 13 de octubre de 2019, cuando ya intuía su imputación en el caso Kitchen. El PP se había desentendido de él al no incluirlo en las listas para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de ese año y el ex número dos de Interior anticipaba su intención de aportar al juez todo el "material probatorio" que demostraría que él se limitó a cumplir "instrucciones" de sus superiores en caso de que lo llamara. 

Ese día ha llegado, una vez dispensado por el Consejo de Ministros del deber de guardar sigilo por la naturaleza reservada de la información y tras haber podido conocer las actuaciones. El ex secretario de Estado de Seguridad comparece a primera hora de este jueves como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el dispositivo que puso en marcha el Ministerio del Interior en 2013 para robar presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora para dirigentes del PP y evitar que llegara a la Justicia.

El testimonio de Martínez puede ser determinante para apuntalar la acusación contra Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando sucedieron los hechos que se investigan en esta pieza separada del caso Villarejo y citado a declarar este viernes como posible autor de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos.

Cuál fue el papel de Francisco Martínez en los hechos. El ex número dos de Interior mantiene que lo que el comisario José Manuel Villarejo bautizó posteriormente como Operación Kitchen -no hay en Interior un solo documento oficial en el que se aluda así a ningún dispositivo policial- se desarrolló por iniciativa de terceras personas, que él recibió "instrucciones muy concretas" y que tuvo "una presión diaria para obtener y transmitir la información". "A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era ‘el asunto más importante que teníamos entre manos…’ Y todo eso lo puedo demostrar", sostiene. El avance de la instrucción ha permitido conocer que tuvo contactos con mandos policiales que participaron en el operativo y que fue informado de hallazgos que se obtuvieron.

Los SMS de Fernández Díaz. Francisco Martínez puede acreditar que recibió "instrucciones" con varios mensajes que decidió protocolizar ante notario cuando comprobó que su jefe directo se desmarcaba -"No tengo ni tuve conocimiento. Salvo que se me demuestre lo contrario, me costaría creer que eso es cierto", declaró a Vozpopuli- y que el comisario principal Enrique García Castaño El gordo -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y participante en el dispositivo– había declarado ante el juez que él personalmente le había hecho entrega del contenido del volcado de dos teléfonos móviles de Bárcenas que el chófer de éste le había entregado cuando ejercía como confidente. Se trata de SMS que el ex secretario de Estado de Interior entregó a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando se personaron en su domicilio el pasado 13 de marzo, elemento clave en la imputación de Fernández Díaz. En uno de ellos le daba el nombre del confidente que había captado la Policía y en otro le informaba de que la operación se había llevado a cabo "con éxito". En el escrito mediante el que pedía al juez su desimputación, el ex ministro ha cuestionado abiertamente la autenticidad de esos mensajes y ha pedido al magistrado García-Castellón que practique una prueba pericial que determine si son reales esos mensajes, cuyo valor probatorio -sostiene- es "muy limitado".

¿Habló con Rajoy de este operativo? No hay ningún elemento en el sumario -ni testifical ni documental- que permita deducir que Francisco Martínez informó a Mariano Rajoy del desarrollo de este operativo policial. La interlocución directa con el presidente del Gobierno la tenía el ministro Fernández Díaz, al que con seguridad le preguntarán este viernes los fiscales si recibió órdenes del jefe del Ejecutivo para poner en marcha dicho operativo y si le informó del avance del mismo.

Los fondos reservados y los pagos al chófer. Con seguridad, el interrogatorio al que será sometido este jueves Francisco Martínez -al que Villarejo se refiere con el apodo de Choco en sus grabaciones- girará en parte en torno al uso de fondos reservados para financiar la Operación Kitchen. El avance de las investigaciones que dirigen dos jueces de la Audiencia Nacional ha permitido cifrar en al menos 53.266,22 euros el coste que supuso para el erario. La mayor parte de ese dinero (48.000 euros) corresponde a los pagos que se hicieron a Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas-Iglesias que fue captado como colaborador policial. Con cargo a dicha partida se compraron también una pistola para aquél y un ordenador portátil. Por delegación del ministro, es la Secretaría de Estado de Seguridad el órgano de Interior que lleva la gestión y el control de los fondos reservados, lo que constituye un elemento incriminatorio para Martínez y en cierta forma un argumento exculpatorio para Fernández Díaz.

El contenido de los móviles de Bárcenas. El comisario principal García Castaño, ya jubilado e imputado en esta causa, ha declarado en sede judicial que él personalmente entregó al secretario de Estado el volcado de dos teléfonos móviles del ex tesorero del PP que el chófer de éste le había entregado a él y a dos funcionarios policiales en la cafetería que la cadena Vips tiene en la madrileña calle de Génova, en las inmediaciones del Ministerio del Interior. Lo que el operativo no pudo localizar fue el pendrive en el que Bárcenas custodiaba supuestamente grabaciones comprometedoras, a las que Villarejo se refiere en diversas conversaciones que grabó a espaldas de sus interlocutores y que fueron intervenidas tras su detención en noviembre de 2017.