El Gobierno se ha salido con la suya. El Congreso aprueba este jueves mediante una única votación una prórroga del estado de alarma para los próximos seis meses. Sánchez pretendía con esta maniobra esquivar el control parlamentario de la Cámara y descargar toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, reduciendo las obligaciones del Ejecutivo a comparecencias puntuales del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión del ramo.

Pero la presión de la oposición y de los propios socios del Gobierno ha permitido, al menos, que Pedro Sánchez acuda dos veces al mes al Congreso para rendir cuentas. Hoy quedará aprobada, con el apoyo tanto del PSOE como de Unidas Podemos, una enmienda presentada por ERC por la que, además de la mencionada condición, se obliga a la revisión del estado de alarma el próximo 9 de marzo en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. No se trata de una propuesta nacida del grupo parlamentario capitenado por Gabriel Rufián, sino una oferta lanzada previamente por Pedro Sánchez al jefe de la oposición, Pablo Casado para lograr su 'sí' a la prórroga: cuatro meses de estado de alarma -el PP propone dos- que se ampliarán a seis si así lo estiman los "expertos" del cónclave sanitario.

La iniciativa recogida por Esquerra con el visto bueno del Gobierno suponía desde el principio un caramelo envenenado para el PP por el propio funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud y por los precedentes que han marcado anteriores decisiones tomadas en este foro. La Interterritorial tendría que tomar la decisión sobre si levanta o no el estado de alarma, según su propio reglamento interno, por "consenso" de todas las autonomías por lo que, a priori, bastaría con que un territorio del PSOE votase en contra para continuar con el estado de alarma dos meses más, hasta el 9 de mayo.

"El Gobierno de España se saltó el consenso del Consejo Interterritorial para imponer el estado de alarma en Madrid. Por tanto, no creo que tuvieran problema en hacer lo mismo dentro de cuatro meses", advierten desde la región presidida por Isabel Díaz Ayuso.

El problema viene por lo que unos y otros, en función del interesado, entiende por "consenso" y la ambigüedad de la normativa que rige al foro sanitario. Sólo hay que irse unas semanas atrás para recordar la guerra jurídica entre Gobierno y Comunidad de Madrid, después de que el Ministerio de Sanidad obligase a la región a decretar el cierre perimetral de diez municipios por un acuerdo aprobado en el seno del Consejo Interterritorial aunque votaron en contra todas las autonomías del PP -salvo Castilla y León- y Cataluña.

El consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, tildó la "imposición" de Moncloa de "ilegal" al no haberse aprobado por la unanimidad del Consejo, como reza el reglamento; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, justificó que la medida tenía base legal por haberse aprobado por "decisión colegiada" de la mayor parte de las autonomías.

Y aunque en el cónclave sanitario de marzo primase el criterio que entonces mantuvo Illa de no vincular "consenso" a "unanimidad" sino a una "amplia mayoría", Sánchez seguiría teniendo las de ganar, ya que todo el poder seguiría en manos del PSOE por simple aritmética: las autonomías socialistas son mayoría en el Consejo Interterritorial, de modo que podrían aplicar la línea que entonces se marcase desde Moncloa, ya sea continuar con el estado de alarma o derogarlo. Los territorios gobernados por el PP -Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León- podrían oponerse pero, como ocurrió en septiembre, no cambiaría el resultado.