La primera ola del coronavirus convirtió a Madrid en la comunidad autónoma más castigada por el impacto del coronavirus a nivel nacional, y el escenario no ha sido muy diferente durante la segunda. A principios de octubre, la región rozaba los 700 casos por cada 100.000 habitantes -entonces la media nacional no superaba los 270 contagios de incidencia acumulada a 14 días- y la presión asistencial subía casi al mismo ritmo que los contagios.

La región, con Isabel Díaz Ayuso a los mandos, desplegó a consecuencia una estrategia basada en confinamientos localizados por zonas básicas de salud que, sin embargo, se vio parcialmente interrumpida durante semanas por una intervención gubernamental que se justificó desde Moncloa por la intención manifiesta de Ayuso de "no hacer nada" ante la "gravísima" situación que atravesaba la Comunidad de Madrid.

Primero, Illa aplicó una orden ministerial para cerrar los 10 principales municipios de la región donde se superaban los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, tras ser tumbada por los tribunales, decretó el estado de alarma autonómico. Madrid comenzaba entonces a doblegar la curva, pero el Ejecutivo no escuchó las peticiones de la presidenta regional, que solicitaba esperar unos días para demostrar que las medidas quirúrgicas ejecutadas por ella misma estaban dando resultado. El tiempo se había agotado.

La intrincada batalla política, judicial y sanitaria dejó un goteo de contradicciones, confusión y polémicas que disparó a niveles insospechados el caos e incertidumbre en la población durante semanas. Y esa sensación sigue presente, con una diferencia: las medidas de Ayuso, las del Gobierno o quizá una mezcla de todas han conseguido reducir la incidencia acumulada en Madrid en torno a los 400 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo incluso de la media nacional y a la cola de la mayoría de comunidades autónomas, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con este precedente, en la Real Casa de Correos no están para descartar "ni mucho menos" que pueda repetirse una situación como la de aquella noche del 8 de octubre en que Sánchez llamó a Ayuso para darle un ultimátum: o cierras o cierro. "Estábamos en el punto de mira del Gobierno", sentencian en fuentes autorizadas del entorno de la líder regional, que recuerdan en conversación con El Independiente aquellas horas "agónicas" en que Sánchez decidió dejar "maniatada" a Madrid. "Y seguimos en la diana", lamentan.

"¿Que el Gobierno pueda intervenir otra vez si suben los casos? Sí, jugamos ya con esa posibilidad". A los hechos se remiten, dicen. Los últimos, los acontecimientos ocurridos horas atrás por la decisión de Díaz Ayuso de no seguir con el criterio mayoritario adoptado por las comunidades autónomas tras la declaración del estado de alarma a nivel nacional levantó un polvorín de críticas venidas también desde el Gobierno.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, subrayó la "lamentable" actuación de la líder madrileña por "hacer siempre todo lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas" y priorizar el "cálculo" político al sanitario. Recuerdan en Madrid que otras autonomías, como es el caso de Cataluña, ya habían decretado una medida similar que en todo caso contravenía lo estipulado en el Real Decreto de estado de alarma, y no sólo se habían ahorrado las críticas de Moncloa, sino que también contaban ya con el aval del Estado. Sin polémica. Sin críticas. "Sánchez nos ha declarado la guerra sólo a nosotros", lamentan las mismas fuentes.

El estado de alarma aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados tiene vigencia hasta el próximo mes de mayo, siempre y cuando el Consejo Interterritorial de Salud no decida levantarlo en marzo, tal y como aparece en la enmienda al decreto presentada por ERC. Esta herramienta proporciona a las comunidades autónomas el paraguas jurídico necesario para tomar las medidas restrictivas que estimen oportunas, aunque en la región madrileña sigue existiendo el temor a que el Ministerio de Sanidad intervenga o "presione" al Gobierno madrileño con los criterios que estimen oportunos y "de la forma que encuentren" llegado el momento.

Cierre a la carta para Madrid, Cataluña, Galicia

Por el momento, todas las comunidades autónomas salvo Extremadura, Baleares y Canarias han aplicado cierres perimetrales con una u otra fórmula. La mayoría de ellas han optado por un confinamiento perimetral de las fronteras de toda la región durante siete o 15 días, pero otras han preferido aplicar cierres a la carta. Y en esta lista, Madrid y su blindaje "por días" no está sola.

En Cataluña, por ejemplo, sí han quedado prohibidas las entradas y salidas de la región durante dos semanas, pero han añadido medidas adicionales como el cierre perimetral de sus municipios sólo los fines de semana para poner coto a la movilidad interior. Al contravenir lo que establece el real decreto que establece que la eficacia de las medidas no puede ser inferior a siete días naturales, la Generalitat solicitó el permiso expreso a Moncloa, que lo concedió sin preámbulos, tal y como afirmó el president Aragonès en rueda de prensa.

Por su parte, Galicia ha decidido confinar las siete mayores ciudades de la región también durante el fin de semana por el mayor número de desplazamientos previstos con motivo del puente de Todos los Santos, y la Xunta revisará las medidas este martes. También la ciudad autónoma de Ceuta aplicó el mismo confinamiento que Madrid: cierre perimetral de sus fronteras únicamente los fines de semana.