El Gobierno catalán no se da por enterado del presunto tráfico de influencias destapado por la investigación del Juzgado 1 de Barcelona que señala a David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler como principales beneficiarios de operaciones inmobiliarias y contratos con la administración conseguidos gracias a su influencia en las direcciones de ERC y JxCat. "Nadie en el Consell Executiu le ha pedido explicaciones" a la consellera de Salut, ha asegurado la portavoz del ejecutivo catalán tras ser preguntada por esta investigación que señala especialmente al Departamento de Alba Vergés.

"El sumario es secreto. Cuando tengamos más información podremos definir cómo actuar" se ha limitado a argumentar hoy la portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras las escuchas destapadas con la Operación Volhov sobre la red de influencias de estos tres empresarios en la administración autonómica. Budó ha reconocido que el ejecutivo no se plantea personarse en el caso, ni pedir una investigación a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

"Desde el Govern siempre pedimos la presunción de inocencia" ha argumentado la consejera de Presidencia, asegurando que "no tenemos constancia de ninguna actuación fuera de los procedimientos establecidos de contratación pública". Les escuchas desvelan contactos con varios consellers y, de forma destacada, las presiones de Vendrell sobre los consejeros de Salud, Alba Vergés, y Bienestar, Chackir el Homrnai, ambos de ERC, para conseguir contratos derivados de la pandemia.

De hecho, el sumario desvela un encuentro privado de Vendrell con Vergés, cuando el empresario intentaba conseguir un contrato para la compra de test de Covid que, por la urgencia de la pandemia, se aprobaban por vía de urgencia y sin concurso público.

Budó, sin embargo, no ha podido confirmar si el Govern contrató o no la compra de test con Vendrell, ni ha podido explicar los motivos del encuentro privado con la consellera, que no figuraba en su agenda oficial. "Desconozco las circunstancias de esa comida, no es a mi a quien le corresponde responder por esa comida" ha argumentado.

La portavoz ha insistido en la "confianza" del ejecutivo "en todos los servidores públicos" añadiendo que "no me consta ningún tipo de relación ni contratación fuera de vías establecidas".

Nuevas ayudas

Budó ha hecho esta defensa de la contratación de la Generalitat el mismo día que el Govern ha aprobado nuevas ayudas vinculadas a la crisis del Covid de 102 millones de euros, que se suman a los 300 millones anunciados el pasado jueves al decretar el cierre perimetral de la comunidad.

Entre estas medidas destacan los 20 millones de euros destinados a una ayuda única de 2.000 euros para los autónomos afectados por la pandemia. El Govern espera llegar con esta nueva ayuda a 10.000 autónomos.

El ejecutivo catalán reedita así el subsidio que ya se creó en marzo para compensar las pérdidas derivadas del confinamiento domiciliario de la primera oleada de coronavirus. Entonces, sin embargo, el presupuesto era mucho más modesto, 7,5 millones de euros frente a los 20 millones actuales, para unas ayudas de cuantía variable entre los 100 y los 2.000 euros, que alcanzaban muy pocos.

A finales de abril, más de 6.500 autónomos habían solicitado la ayuda de la Generalitat, que finalmente concedió prestaciones de diversa índole a 8.800 trabajadores por cuenta propia.

La Generalitat destinará además 35 millones de euros a la revisión de las tarifas para la prestación de servicios sociales, de los que 20 se destinarán a la atención a mayores; 7,5 a las personas con discapacidad y otros 7,5 millones a los servicios de infancia.

El objetivo es sufragar las nuevas medidas de seguridad e higiene derivadas del Covid y mejorar las condiciones laborales de trabajadores y la calidad asistencial para los usuarios. Infancia 3,8 me mas para sobrecostes de entidades p covid