El juez que investiga el caso Kitchen ha citado nuevamente a declarar al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta vez no lo harán por separado sino en un careo, dadas las contradicciones en las versiones que mantienen los dos ex altos cargos.

En un auto fechado este martes, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acuerda la citación de Fernández Díaz y de Martínez a fin de esclarecer la responsabilidad de ambos en el operativo "parapolicial" puesto en marcha en 2013 para robar presuntamente al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas documentación en su poder que podía comprometer a altos cargos de dicho partido y evitar que llegara al juez que ya investigaba el caso Gürtel. La comparecencia se ha fijado para el próximo 13 de noviembre.

El juez interrogó la semana pasada a Fernández Díaz y Martínez como investigados, incurriendo en importantes contradicciones. La más importante es que mientras el primero aseguró ni siquiera conocer el operativo, del que dijo se enteró por la prensa posteriormente, el segundo dijo que se trató de un dispositivo -bautizado por el comisario José Manuel Villarejo como 'Kitchen'- "legal" para tratar de localizar dónde escondía Bárcenas sus fondos en el extranjero y a quién utilizó como testaferros. Además, dijo que lo conoció porque su jefe le informó.

No es el único punto discordante. Martínez presentó al juez unos mensajes de texto intercambiados con Fernández Díaz en 2013 de los que se deduce que el ministro le informó de la captación del chófer de la familia Bárcenas-Iglesias (Sergio Ríos Esgueva) como confidente policial -a cambio de recibir 2.000 euros mensuales durante dos años- en este dispositivo. El ex número dos de Interior decidió protocolizar dichos SMS ante notario y constan ya en las actuaciones.

Frente a lo que mantiene Francisco Martínez, el ex titular de Interior asegura que dichos mensajes ni eran suyos ni conocía su existencia. Así lo mantuvo en el escrito en el que pidió su desimputación y así se reiteró durante su declaración en sede judicial el pasado viernes.

"Carga incriminatoria"

"Dada cuenta de la importancia de  los mismos y la carga incriminatoria que poseen, atendidas las contradicciones entre las manifestaciones del antiguo Secretario de Estado y el ex ministro del Interior, este magistrado entiende necesario volver a citar a ambos investigados para que comparezcan conjuntamente, a fin de someterles a la diligencia de careo", justifica el juez.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) faculta al juez de instructor a practicar un careo "cuando los testigos o los procesados entre sí o aquéllos con éstos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interesase en el sumario", circunstancia que concurre en el caso Kitchen. Al ordenar que se practique este diligencia de investigación, el juez García-Castellón entiende que no hay otra forma de acreditar la existencia de los delitos que se investigan en esta pieza separada del caso Villarejo ni la participación en los hechos de los dos ex altos cargos.

No es la única decisión que adopta el juez García-Castellón en relación con Kitchen, una de las 28 piezas separadas en que se ha desgajado el sumario del caso Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional también llama como testigo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos -director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en los años en que se llevaron a cabo los hechos que se investigan- a fin de corroborar el conocimiento que Francisco Martínez pudiera tener "sobre el destino de los fondos reservados", especialmente los percibidos por Sergio Ríos (48.000 euros, a razón de 2.000 euros mensuales durante dos años) a cambio de colaborar con la Policía.

El juez cita al coronel Pérez de los Cobos para averiguar si Francisco Martínez conocía que Interior pagaba fondos reservados al chófer de Bárcenas

En su comparecencia del pasado jueves, Francisco Martínez mantuvo ante el juez que ni autorizaba ni decidía nunca nada sobre el pago a confidentes. En el caso concreto de la contraprestación a Sergio Ríos, el primer pago está fechado el 1 de julio y él no se enteró hasta el 13 de dicho mes que existía tal colaborador, tras el SMS que le envió el ministro. "No pude autorizar nada, ni de éste ni de ninguno", vino a decir en sede judicial, donde explicó de forma detallada el mecanismo de los fondos reservados. Según sostuvo, el control de la Secretaría de Estado alcanza a los "grandes conceptos, jamás a los detalles".

En paralelo, García-Castellón requiere también a Fernández Díaz para que manifieste si voluntariamente accede a aportar el móvil anterior al que utiliza en la actualidad y que sustituyó el pasado mes de abril después de que el terminal anterior se le rompiera. El instructor trata de acreditar si dicho aparato conserva los mensajes que Francisco Martínez dice que recibió de su jefe.

A solicitud del fiscal Ignacio Stampa, el ex ministro del Interior enseñó el pasado viernes su móvil, comprobándose que no había ningún mensaje recibido ni enviado a Francisco Martínez. El ex ministro alegó que había cambiado de terminal, lo que motiva la nueva diligencia acordada por el juez.

El instructor vuelve a citar también como investigado a Marcelino Martín-Blas, quien fuera responsable de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional. Según el auto de este martes, para que "pueda dar explicaciones sobre las labores de vigilancia que se efectuaron desde su Unidad Policial en los domicilios anteriormente referidos" (los de la familia Bárcenas). También para interrogarle sobre archivos que se han incorporado a la causa junto a un oficio policial del pasado 28 de octubre.

La declaración del cura Silverio Nieto

Entre las diligencias que quedan pendientes en el caso Kitchen figura la declaración como testigo de Silverio Nieto, sacerdote al que Francisco Martínez envió mensajes en los que indicaba que tendría que aportar todo el material al juez y que ello conllevaría previsiblemente la citación de Fernández Díaz e incluso de Rajoy. Esa comparecencia se fijó inicialmente para el pasado 22 de octubre, si bien el sacerdote solicitó su suspensión al inundarse su vivienda.