La Policía Nacional agotará la partida para traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas dos meses antes de que termine el contrato, lo que le ha obligado a tramitar de forma anticipada un nuevo procedimiento para que no se produjera un vacío en la prestación de un servicio fundamental en el desarrollo de numerosas investigaciones. De paso, incrementará el presupuesto para estas tareas -con 23 idiomas cubiertos- en casi 200.000 euros al mes.

En marzo de 2019, la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional adjudicó la prestación de este servicio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Seprotec Traducción e Interpretación SL y Ofilingua SL por 10.827.000 euros. Según el plazo que se fijaba en el pliego de cláusulas administrativas, la vigencia del contrato comenzaba el 1 de febrero de 2019 y se extendería hasta el 31 de enero de 2021 (24 meses), lo que arrojaba un coste mensual de 451.125 euros.

El pasado 17 de junio, el jefe del Servicio de Contratación de Servicios de la Policía advirtió de que el gasto había aumentado de forma considerable durante el último y que el presupuesto sólo daría para cubrir este servicio hasta el 1 de diciembre de 2020, dos meses antes de la previsión inicial de finalización.

Memoria justificativa en la que la Policía admite que la partida para traducción se agota antes de tiempo.

"A pesar de que se cuenta con los datos estadísticos del contrato anterior, la demanda siempre es cambiante y no es posible prever –para la duración del mismo- la evolución territorial de la delincuencia organizada, que se encuentra condicionada por múltiples factores, tales como la evolución territorial del turismo que facilita el anonimato, la mayor presión policial, el cambio en las rutas internacionales del crimen organizado en modalidades delictivas tales como la trata de seres humanos o el tráfico de sustancias estupefacientes...", detalla la memoria justificativa, consultada por este diario.

650.000 euros al mes

De esta forma, la Policía abrió a principios de agosto el plazo de recepción de ofertas para la contratación nuevamente del servicio de traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio y otros soportes informáticos, firmando la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 20 de octubre la resolución de adjudicación al mismo proveedor. El nuevo contrato, que alcanza todo el territorio nacional, empieza a contar el próximo 1 de diciembre.

Los términos del acuerdo incorporan algunas diferencias en relación con el que está a punto de expirar. Así, el periodo inicial de vigencia no será de 24 sino de 18 meses -hasta el 31 de mayo de 2022- y el importe se eleva hasta los 11,7 millones de euros, a razón de 650.000 euros mensuales. El precio de la hora de escucha telefónica se ha fijado en 18 euros, lo que arroja una bolsa de 650.000 horas.

Ahora bien, el plazo de duración podría reducirse en caso de que el presupuesto volviera a agotarse antes de la fecha establecida, si bien cabría la posibilidad en ese caso de prorrogar la prestación del servicio en las mismas condiciones económicas hasta que comenzara la ejecución del siguiente para que no se produjera un vacío. Esa situación podría alargarse durante un máximo de nueve meses.

La traducción de escuchas cubre 23 idiomas y supone un gasto mensual de 650.000 euros

El encargo es exactamente el mismo, como se deduce si se analizan las pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas de ambas convocatorias. El proveedor asume el compromiso de adscribir al contrato un mínimo de 45 intérpretes de 23 idiomas, incluidos el catalán y el euskera.

El mayor número de traductores exigido es para el árabe, con 10. Le siguen el inglés (7), el rumano y el francés (4), y el chino mandarín y el urdu/paquistaní con dos cada uno. La relación de idiomas que se cubrirán con este servicio la completan el ruso, portugués, albanés, búlgaro, ucraniano, wólof (lengua hablada en Senegal y Gambia), georgiano, polaco, serbio, bambara (Malí), bangla/bengalí (Bangladesh e India), persa/iraní/farsi, armenio e igbo (Nigeria).

Como mejora ofrecida, la empresa que ha resultado adjudicataria impartirá a los profesionales que desempeñen este trabajo durante el primer semestre de ejecución dos cursos -con una carga lectiva mínima de 20 horas- para incrementar su formación específica: La traducción como prueba en el procedimiento penal y Trata de seres humanos. Ello permitió a Seprotec-Ofilingua obtener 30 puntos en la valoración de su oferta.

Incremento de la población extranjera

La Policía Nacional viene recurriendo a empresas externas especializadas desde el año 2008, tras revelarse "insuficientes" los servicios de traducción y transcripción de cintas prestados directamente por el personal laboral adscrito a la Dirección General ante el incremento de la población extranjera en España.

"Aun reconociendo que la mayoría de estos ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país lo hacen con la intención de buscar un trabajo y establecerse legalmente en el territorio nacional, también llegan personas que forman parte de bandas organizadas de delincuencia, así como otras cuya entrada se produce de forma irregular, sin respetar la legislación vigente", recuerda la Policía.

El contrato incluye una cláusula que obliga al adjudicatario a mantener una "reserva absoluta sobre el contenido de la información objeto de la escucha o transcripción", dado el carácter sensible de la misma y las consecuencias que la difusión irregular podría conllevar. Por ello, la Policía Nacional obliga a los intérpretes externos a firmar una cláusula de confidencialidad, advirtiéndoles de que delinquirían y serían perseguidos de oficio si incumplen dicha obligación.