El juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha acordado la apertura de juicio contra 26 personas, entre ellas el líder del Grupo Correa, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, por la última pieza del caso Gürtel, que a su vez es la pieza principal, la de los presuntos delitos fiscales, de la causa.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sienta en el banquillo a 26 personas físicas y otras 20 jurídicas como responsables civiles subsidiarios por los presuntos delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Se trata de la última pieza que quedaba en instrucción del caso Gürtel, a excepción de una parte de la pieza de los llamados papeles de Bárcenas que se reabrió y que todavía se investiga en la Audiencia Nacional.
En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas", dice el juez, y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
Asesores fiscales
La resolución acuerda sentar en el banquillo a los responsables del llamado Grupo Correa, Francisco Correa y Pablo Crespo, a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron durante la época de la Gürtel en la operativa para eludir pagos a la Hacienda pública y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.
El juez incluye en la apertura de juicio oral a Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, Felisa Jordán e Inmaculada Mostaza en ejecución de lo acordado por la Sala de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública, tal y como sostenían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación. Por el mismo motivo amplía la apertura de juicio oral respecto de Jesús Calvo Soria, Vicente Luis Agramunt, y Guillermo Martínez Lluch por delito contra la Hacienda pública.
Las responsabilidades pecuniarias reflejadas en el auto a las que deben hacer frente los acusados son el resultado de las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudiera imponerse en sentencia. En el caso de Correa y Crespo, las fianzas por las multas se elevan hasta los 33,6 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar las posibles responsabilidades civiles que deben satisfacer los acusados por IRPF, IVA y Sociedades entre 2003 y 2007 reflejadas en la resolución.
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