Poco a poco, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos va sentando las bases para atraerse el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. En una semana, desde que se presentó el anteproyecto, hay tres clarísimos gestos que denotan las cesiones que se vienen haciendo a los republicanos independentistas al objeto de apuntalar el voto positivo de sus trece diputados.

El último tuvo lugar ayer mismo, cuando se conoció la noticia de que PSOE, Unidas Podemos y ERC habían pactado una enmienda transaccional a la Ley Educativa de Isabel Celáa para eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. De este modo, se deja a criterio de los gobiernos autonómicos respectivos el modelo inmersión lingüística a aplicar. El catalán es para el independentismo la principal seña de identidad nacional, su más importante elemento identitario, y con esta enmienda se da satisfacción no sólo a ERC sino al conjunto de fuerzas soberanistas.

La enmienda se debatirá y votará este jueves en la Comisión de Educación del Congreso, y es una más de entre cerca de un millar de las que se han presentado a la LOMLOE, esto es, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. Se trata del enésimo intento por tener un modelo educativo estable en España, pero cuyo texto será derogado en cuanto el gobierno de la nación cambie de signo político.

Lo hemos peleado para dar satisfacción" a los de Oriol Junqueras, admiten en Unidas Podemos

Este goteo de gestos, y se prevén muchos más, comenzó hace una semana y es paralelo al propio anteproyecto de Presupuestos. En Unidas Podemos admiten que, si bien es una de sus tradicionales reivindicaciones, "en buena parte lo hemos peleado para dar satisfacción" a los de Oriol Junqueras. Se trata de la propuesta para controlar el precio de los alquileres. Aunque no está contenido en el texto de los PGE, que ya se ha entregado al Congreso, los socios de Gobierno se comprometen a tener una ley aprobada en cuatro meses.

Esa parece que fue una de las dificultades, al menos así se escenificó, que encalló la negociación en el Ejecutivo y no terminó de salir adelante hasta una llamada telefónica entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apenas unas horas antes de que el anteproyecto se llevara a la mesa del Consejo de Ministros, el martes de la semana pasada.

Con esta iniciativa no sólo se aborda una necesidad social, explican las fuentes moradas, "sino que damos cobertura a la que ha sido una de las principales leyes en el mismo sentido que ha sacado adelante la Generalitat", a pesar de los informes en contra de su Consejo de Garantías, que cuestionaba la constitucionalidad de nada menos que de 18 puntos del texto. El Gobierno catalán aprobó en septiembre una ley para intervenir de forma directa en el mercado de alquiler, limitando los precios en aquellas zonas que se consideren especialmente tensionadas.

Y el jueves de la semana pasada tuvo lugar otra cesión a los de Oriol Junqueras. El PSOE dejó que se apuntaran el tanto de las comparecencias bimensuales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la marcha del tercer estado de alarma. Todo un logro si se tiene en cuenta que Moncloa pretendía proteger a Sánchez del desgaste que supuso el estado de alarma de primavera, cuando sus comparecencias quincenales "eran un pim, pam, pum de todos contra el Gobierno como si fuera un debate del Estado de la Nación", lamentaban fuentes gubernamentales.

A estas alturas nadie habla ya de la reunión de la mesa bilateral Estado-Generalitat, la que menos ERC, que no quiere ver que califiquen a Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat tras la inhabilitación de Quim Torra, de "usurpador". La mesa, al menos la que se pactó con ERC, decae hasta que se celebren las próximas elecciones catalanas, el próximo 14 de febrero.

Lo cierto es que Moncloa, tal y como informó El Independiente este martes, cree posible aumentar su cartera de apoyos para los Presupuestos Generales del Estado, muy por encima de la mayoría de la investidura, pero nadie ha dicho que eso resulte gratis.