Diez días. Ese es el plazo que se da el Gobierno para llegar a un acuerdo presupuestario "rápido". Dicha consigna se lanzó aprovechando la ola de la votación del decreto de alarma, cuando el Gobierno lo sacó adelante por 194 votos, pero para entonces ya había parte del terreno allanado con la llamada "mayoría de la investidura", aunque no sólo. Porque Moncloa confía en el apoyo de fuerzas como Ciudadanos, una especie de cuadratura del círculo que ni los más optimistas pensaban hace apenas unos meses.

De hecho, esta mañana está prevista en el Congreso una reunión con una delegación de Ciudadanos, capitaneada por su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, para negociar el apoyo de la formación naranja a las cuentas. Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, mantendrán a lo largo de esta jornada otros encuentros con ERC, Nueva Canarias, Compromís, Bildu y BNG.

"Queremos ir lanzados", admiten los medios gubernamentales consultados. Moncloa ha querido despejar la agenda para centrarse en las cuentas del año que viene, las que sustituirán, si salen adelante, los Presupuestos de Cristóbal Montoro de 2018. De ahí que en el último decreto del estado de alarma no se contemplara ninguna comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para evitar su exposición y desgaste de cara a una negociación que exigirá de su intervención final. Por eso cedió a la propuesta de ERC de hacerlo cada dos meses, como gesto hacia los republicanos independentistas y sus trece votos en el Congreso y sin que interfiera en el calendario presupuestario.

Montero centraliza estos días la negociación presupuestaria

Hasta ahora han existido contactos prospectivos, sin concreciones, habida cuenta de que no se había cerrado el acuerdo entre los socios de Gobierno, que Montero llevó junto a Álvarez. Pero fue una llamada telefónica de última hora entre Sánchez y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la que desbloqueó el anteproyecto.

Además, durante toda esta semana se están produciendo en el Congreso de los Diputados las comparecencias de los responsables funcionariales de cada Ministerio para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos en cada uno de sus departamentos. Entre el miércoles, jueves y viernes se celebrarán un total de veinte comparecencias, habida cuenta de que tienen que preceder al debate de las enmiendas a la totalidad, que tendrá lugar los próximos días 11 y 12.

Precisamente, el plazo de enmiendas a la totalidad se cierra este viernes a las dos de la tarde y Vox y Coalición Canaria ya han anunciado que pedirán la devolución del anteproyecto al Gobierno. También lo hará el PP, aunque en su caso no lo quieren oficializar todavía, conforme a su nueva estrategia de mantener el suspense de sus decisiones hasta el final.

Vox arguye que la dotación que prevén las cuentas públicas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los militares, "pesa mucho" en la decisión enmendar la totalidad del proyecto, según ha explicado ha secretaria general de Grupo, Macarena Olona, informa Ep.

CC denuncia que el PGE "vulnera el régimen económico y fiscal" de las islas

Por su parte, para Coalición Canaria, las cuentas "vulneran el régimen económico y fiscal de Canarias así como el Estatuto de autonomía", denuncia su portavoz parlamentaria, Ana Oramas, en conversación con El Independiente. Además, "nos dejan fuera de los fondos de reconstrucción, que con financiación europea están incorporados y ejecutarán los Ministerios".

Lo previsible es que no prospere ninguna de estas enmiendas a la totalidad, con lo que se abre el periodo de las parciales. Y es en este punto donde el Gobierno pretende incorporar las peticiones de aquellos Grupos que estén dispuestos a apoyar unas cuentas que garanticen la legislatura al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, entre ellas, la más que segura supresión del incremento del impuesto al diésel, que rechazan Unidas Podemos, PNV y Ciudadanos. Por lo pronto, se acumulan los gestos con ERC, como la decisión de eliminar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y el control del precio de los alquileres.

El plazo de enmiendas al articulado se cierra el 17 de noviembre a las dos de la tarde. El día 20 es la fecha tope para que la ponencia de la comisión de Presupuestos apruebe su informe sobre el proyecto de Hacienda. Si supera este trámite, del 30 de noviembre al 3 de diciembre los ministros presentarán en pleno cada una de sus partidas y se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y las secciones del mismo.

La votación presupuestaria no necesita mayoría absoluta

Una de las peculiaridades de la votación presupuestaria, que no necesita de mayorías absolutas, es que se somete a votación, por separado, el articulado y cada una de las secciones que componen el proyecto. De modo que si una sola sección fuera rechazada, decae todo el texto.

Posteriormente, los Presupuestos pasan al Senado, que puede enmendarlo o vetarlo en su totalidad, aunque sin consecuencias, porque de regreso a la Cámara Baja es posible mantener o revocar esos cambios sin dificultades. Si bien el Senado tiene hasta un mes para tramitar el Presupuesto, la marcha que ha imprimido el Gobierno lleva a pensar que reducirá mucho esos plazos. Moncloa cree que, de ir todo como espera, en enero haya nuevos PGE.