Los funcionarios de prisiones denuncian que no se están haciendo pruebas diagnósticas en casos de contactos estrechos con contagiados por coronavirus, no hay seguimiento médico para conocer la evolución y han de reincorporarse a sus puestos de trabajo tras guardar la cuarentena sin conocer si están infectados o han pasado ya la enfermedad, con lo que están poniendo "en riesgo" a su entorno laboral y familiar.

En el último mes, el sindicato Acaip-UGT ha dirigido tres escritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los que hace constar las quejas del colectivo por el "absoluto desamparo" que sienten y demanda soluciones para proteger la salud de la plantilla mientras sigue creciendo el número de positivos.

El sindicato centra sus críticas en la actuación de Aspy Prevención SLU, la empresa barcelonesa a la que Prisiones viene encargando en los últimos años el servicio preventivo de vigilancia de la salud de sus empleados. Con un importe de 500.000 euros, el último contrato se formalizó el pasado 28 de mayo, si bien semanas después se ampliaron las prestaciones iniciales para incluir a precio tasado la realización de pruebas diagnósticas de covid-19 -tanto de tipo PCR como test de anticuerpos- y consultas telefónicas o a través de videoconferencias con funcionarios para el estudio y manejo de contactos.

El pasado martes, Acaip-UGT pidió a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que inicie los trámites para la resolución de la modificación de dicho contrato y que le aplique penalidades por "incumplimiento defectuoso del servicio". Según denuncian, no se realizan pruebas diagnósticas, el trabajador cumple en muchas ocasiones el periodo de cuarentena tras haber tenido un contacto estrecho con un positivo sin que hayan contactado con él, no se les dedica el tiempo suficiente cuando se lleva a cabo la consulta, no se les aclara qué hacer y a los empleados especialmente sensibles se les hace una adaptación genérica sin tener en cuenta las circunstancias individuales.

"Ello supone que la situación en los centros penitenciarios, especialmente en el área de interior, sea insostenible y, por desgracia, cada vez será peor, ya que la no realización de esos test diagnósticos supondrá aguantar la duración total de la cuarentena en cada uno de los casos de contacto, circunstancia que no sería necesaria si se realizara una prueba a aquellos trabajadores que hayan estado en contacto con un positivo", razona el secretario de Salud Laboral de Acaip-UGT, Alberto Téllez.

"Absoluto despropósito"

Como ejemplo del "absoluto despropósito" en la gestión que está realizando la empresa, la organización sindical recuerda la empresa envió recientemente un informe médico a una funcionaria que correspondía a otra trabajadora, lo que supone una "gravísima vulneración en la custodia de datos de salud especialmente protegidos" y la "incapacidad" de la compañía para llevar a cabo las tareas que le han encomendado.

A preguntas de El Independiente, fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen las quejas de los funcionarios por el hecho de que no se estén haciendo las pruebas a los funcionarios que han tenido un contacto estrecho con positivos y aseguran que están en contacto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para ver qué está ocurriendo.

Prisiones rechaza que el problema se encuentre en el servicio preventivo de vigilancia de la salud de sus trabajadores, con la que se han pactado servicios adicionales como garantía en caso de que se necesitara. Aspy cobra 110 euros por cada PCR que realice, lo que dispararía el gasto en caso de que esta empresa fuera la que se encargara masivamente de la realización de las pruebas diagnósticas ante la sospecha de que un funcionario pudiera estar contagiado.

En la actualidad, 336 funcionarios de prisiones se encuentran en cuarentena tras haber tenido contacto con un positivo confirmado

El pasado mes de abril, Prisiones y Muface acordaron poner en marcha un "procedimiento específico" que permitiera agilizar la realización de los test para la detección de la covid-19 entre los trabajadores más expuestos (personal sanitario, sociosanitario y servicio de vigilancia) a fin de evitar la propagación del virus en recintos tan sensibles como las prisiones y descartar "con agilidad" casos que pudieran ser positivos por presentar síntomas pero que en realidad no lo eran.

Ese servicio se canaliza a través de las cuatro entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con Muface: Segurcaixa Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. Es la compañía la que debe ponerse en contacto con el mutualista tras recibir la información del área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.

Según Instituciones Penitenciarias, es Muface a quien corresponde hacer las PCR, si bien en la práctica está eludiendo esa responsabilidad. La mutualidad dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública entiende que, si el contacto estrecho que ha tenido el empleado con un positivo por coronavirus pertenece al ámbito familiar o social, deben ser los servicios de salud pública de la comunidad autónoma en cuestión los que hagan la prueba diagnóstica. Si ha sido en el trabajo, Muface deriva al servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Prisiones.

El malestar y la preocupación de los funcionarios aumenta a la vez que las cifras de contagios. De acuerdo con los últimos datos difundidos por Instituciones Penitenciarias, referidos al 4 de noviembre, son ya 436 los casos positivos acumulados desde que se levantó el primer estado de alarma entre los 24.000 trabajadores que integran la plantilla. En este momento, 199 casos permanecen activos y otros 336 se encuentran en observación médica o cuarentena.

Tres cárceles ya cerradas

Las incidencia se ha doblado en menos de un mes en las cárceles que gestiona el Ministerio del Interior (todas excepto las de Cataluña). El 7 de octubre, los positivos se cifraban en 204 y los funcionarios aislados en 144. A la luz de los últimos datos, ya se ha superado con creces el número de infectados que se contabilizó durante el primer estado de alarma (278).

El empeoramiento de la situación epidemiológica ha llevado a Instituciones Penitenciarias a cerrar totalmente tres prisiones: Soto del Real (Madrid), Ocaña I (Toledo) y León. En estos centros no sólo se han suspendido los permisos, las salidas y todas las comunicaciones (tanto por locutorio como íntimas y familiares), sino que también se ha anulado temporalmente la entrada del personal ajeno no imprescindible.

La mayoría del resto de cárceles opera con algún tipo de restricción, que tratan de paliarse con el reforzamiento de las comunicaciones por videoconferencia para que los internos puedan hablar con sus familiares mientras se mantienen las medidas excepcionales por la pandemia.