Uno a uno, prácticamente todos los portavoces de los grupos parlamentarios de muy distinto signo criticaron hace meses que el Gobierno llegase "tarde" a la primera ola del coronavirus. Fue una losa que pesó sobre la espalda del jefe del Ejecutivo por la cantidad de vidas que podrían haberse salvado de haber decretado el primer estado de alarma una semana antes de aquel 14 de marzo. El propio Pedro Sánchez lo reconoció meses después. "Con los datos que tenemos hoy, es evidente que llegamos tarde", aseveró en una entrevista para La Sexta a principios del mes de julio, cuando parecía que la tormenta del Covid comenzaba a escampar. Pero nada más lejos de la realidad.

La segunda ola del coronavirus está dejando cifras récord no sólo en España, sino en toda Europa. Pero, a diferencia de buena parte de los países comunitarios, el Gobierno español rechaza, al menos de momento, el confinamiento domiciliario o el endurecimiento de las restricciones con carácter general, delegando de nuevo toda la responsabilidad en las comunidades autónomas que aplican a su libre albedrío medidas con mayor o menor contundencia. El Ministerio de Sanidad se escuda en que ya existe una estrategia común -el Plan de Respuesta Temprana aprobado el pasado mes de octubre-, pero únicamente aplica a modo de recomendación. Y el estado de alarma aprobado en el Congreso y prorrogado durante los próximos seis meses actúa sólo como paraguas jurídico, sin ninguna orden común -salvo el toque de queda, cuya obligatoriedad decae este lunes 9 de noviembre-.

"El conjunto de medidas que se han ido adoptando requieren de tiempo para evaluar y medir la eficacia de las mismas. Para evaluarlas con rigor, hay que esperar entre dos y tres semanas". Ese es el plazo que se ha dado el Ministerio de Sanidad para revisar la evolución de la pandemia por los efectos de las medidas que ha tomado cada comunidad autónoma y recurrir, en caso de que sea necesario, a medidas más drásticas. Un paso cuanto menos arriesgado, no sólo por la presión de las comunidades autónomas -algunas de ellas, como Castilla y León o Asturias, han solicitado ya al Ejecutivo que se las habilite para decretar un cierre parecido al de marzo-, sino porque el Gobierno español comienza a quedarse rezagada en la toma de medidas como el confinamiento domiciliario o el cierre generalizado de la hostelería respecto al resto de Europa. Y no precisamente porque los datos de España sean mejores que los del resto de países comunitarios.

De hecho, de las potencias europeas que han optado por no esperar y endurecer las medidas en los últimos días, sólo Francia y Bélgica superan a España en la tasa de incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días. En ambos países los contagios se han disparado, y registran una de las incidencias más altas de Europa, con 1.631 y 874,3 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente -les siguen otros países como República Checa, Luxemburgo o Eslovenia-. Sin ir más lejos, el presidente de nuestro país vecino, Emmanuel Macron, decretó un nuevo confinamiento nacional el pasado miércoles en que cerró toda la actividad no esencial y la hostelería para reducir la creciente curva de contagios. Los franceses pueden salir de casa para ir a trabajar, hacer la compra o hacer deporte, pero no más lejos de un kilómetro de su lugar habitual de residencia.

Pero no es el único país en decretar medidas de este calibre. Irlanda y Grecia han decretado ya un confinamiento domiciliario generalizado, misma solución por la que ha optado Reino Unido, que extenderá el cierre hasta el próximo 2 de diciembre. Al igual que Francia, las salidas permitidas sólo son aquellas para trabajos estrictamente presenciales y toda la hostelería permanecerá cerrada.

Italia ha hecho lo propio pero aplicándolo en aquellas regiones más afectadas por la segunda ola del Covid, aunque ha ordenado otras medidas de carácter nacional como el cierre de la hostelería a las 18:00 horas de la tarde o de los centros comerciales los fines de semana. Alemania, por su parte, ha prohibido la apertura de bares, restaurantes, gimnasios, cines y teatros; y Portugal ha confinado en sus casas al 70% de su población, aunque de una manera muy peculiar, pues el incumplimiento de la normativa no conlleva sanciones, al menos de momento.

Sea como fuere, es innegable que Europa está dibujando el camino que España tendrá que tomar antes o después, aunque Moncloa haya optado por la segunda opción. De hecho, nuestro país supera a todos los mencionados -salvo Italia- en incidencia acumulada, con 527 casos por cada 100.000 habitantes (según el último informe del Ministerio de Sanidad) por los 464,9 de Reino Unido; los 493 de Portugal; los 247,6 de Alemania; los 205 de Irlanda; o los 182 de Grecia. También ha reportado España en los últimos días mayor número de muertos que la mayoría de estos países -salvo Reino Unido y Francia-, pero por encima de Bélgica, Alemania o Grecia.

"Ahora todo el país está en situación extrema, la respuesta tendrá que ser nacional", comenta Luis Miller, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Si se va a hacer (decretar confinamiento domiciliario) se tendría que hacer cuanto antes, como en el resto de Europa", recomienda.

En España, medidas desiguales

La convicción del Ejecutivo de esperar hasta principios de diciembre para decretar o no un confinamiento en casa ha venido acompañado de la decisión de múltiples comunidades autónomas de decretar el cierre de la hostelería y de la actividad económica no esencial, las restriciones más duras que los presidentes autonómicos pueden decretar amparados por el estado de alarma. Por el momento, Murcia, Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y, en último lugar, País Vasco han autorizado el cierre de bares y restaurantes para contener la curva de contagios, aunque tanto la duración como el alcance de la medida varía en función del territorio.

Así, mientras unas apuestan por un cierre duro de un mes, otras como Galicia y La Rioja lo harán por ciudades; y regiones como Aragón, con peores datos que las dos anteriores, ha adelantado únicamente la hora de cierre de todos los establecimientos no esenciales a las ocho de la tarde. Mientras, otras ocho comunidades, como Madrid, Andalucía o Extremadura, se resisten a decretar medidas de este calibre.