La Fiscalía del Tribunal Supremo no interesará abrir de momento una investigación al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Tribunal Supremo como propuso el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por tres presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Consideran que la petición debe ser devuelta al juez del Caso Dina para que agote todas las vías de investigación de dicha pieza antes de pedir al alto tribunal que investigue a Iglesias.

Así lo harán saber los fiscales de Sala del Tribunal Supremo en un informe que remitirán al alto tribunal, según ha avanzado El Español y confirman fuentes fiscales. Los ocho fiscales de la Sala de lo Penal que estudiaron la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional remitió al Supremo exponiendo sus indicios para investigar al aforado Iglesias consideran que faltan indicios para hacerlo, entre ellos haber tomado declaración una última vez a Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, para saber si se siente ofendida porque retuviera durante meses una copia del volcado de su móvil con fotos íntimas suyas.

En el delito de descubrimiento y revelación de secretos, si el ofendido extiende su perdón hacia quien lo hubiera cometido, éste comporta la extinción de la responsabilidad criminal.

En la investigación de García-Castellón tampoco se habrían encontrado indicios suficientes de que fuera Iglesias quien provocara daños en la tarjeta con el volcado del móvil de Dina Bousselham al que ésta no pudo acceder cuando le fue devuelta.

Anticorrupción ya se mostró en contra

Antes de que el número dos de la Fiscalía General, el teniente fiscal Luis Navajas, encargara a los fiscales de Sala del Supremo el informe que firmará Pilar Fernández Valcárcel, la Fiscalía Anticorrupción ya envió una nota a Navajas en la que también se opuso a abrir una causa en el Tribunal Supremo a Pablo Iglesias por los mismos motivos. También expusieron que, a diferencia de lo que considera el juez, la investigación no está agotada.

En la pieza Dina del caso Villarejo comenzó a investigarse el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a finales de 2015 y la aparición de una copia del volcado de éste en casa del comisario investigado José Manuel Villarejo.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción apuntaron en un primer momento de la investigación a que el comisario y su presunta "red mafiosa policial" utilizaran el contenido íntimo del móvil y conversaciones entre miembros de Podemos que había en su interior para perjudicar a Iglesias como líder de dicho partido. De ahí que consideraran que estuvo detrás de la filtración de parte de los mensajes de su interior a Okdiario, que publicó pantallazos de éstas en julio de 2016.

Bajo esta línea de investigación, ofrecieron tanto a Bousselham como a Iglesias figurar como perjudicados o víctimas de la investigación. Iglesias declaró ante el juez y se presentó como víctima de una campaña de las cloacas policiales del Estado, que habrían tratado de truncar el ascenso de su partido.

Cambio de rumbo de la investigación

Sin embargo, meses más tarde la investigación demostró que la propia Bousselham compartió los pantallazos de dichas conversaciones entre miembros de Podemos de su móvil con terceras personas. El juez se dio cuenta de que la filtración de Villarejo no era la única vía de que éstos hubieran llegado a los medios.

Además, también quedó en evidencia que aunque Pablo Iglesias recibió una copia del volcado del móvil de Bousselham en enero de 2016 (se la entregó el presidente del Grupo Zeta porque había llegado por medio de un anónimo a la revista Interviú) no se la devolvió a su dueña hasta al menos seis meses después. También, como esta declaró y luego se arrepintió, cambiando su versión, que cuando recibió la tarjeta no pudo acceder a su interior porque estaba dañada.

El juez comenzó a reunir indicios contra Iglesias de presuntos delitos de daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos que dificultaron los sucesivos escritos de Dina Bousselham tratando de salvar a su jefe de cualquier responsabilidad.

Por último, el abogado José Manuel Calvente -expulsado de Podemos acusado falsamente según concluyó una juez de Madrid de acoso sexual laboral y sexual a su compañera Marta Flor Núñez, abogada de Bousselham e Iglesias- afirmó que la teoría de las cloacas sobre el robo del móvil de Dina fue un "montaje político". Antes de enviar la exposición razonada proponiendo investigar a Iglesias por los presuntos delitos anteriormente citados, García-Castellón tomó declaración a Calvente e incluyó también los indicios de un presunto delito de denuncia falsa basándose, principalmente, en su declaración.

Ahora, los fiscales de Sala enviarán el informe en el que previsiblemente pedirán que el juez reciba de nuevo la investigación para agotarla. Su informe no es vinculante y finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la que debe tomar una decisión sobre abrir una causa o no al vicepresidente segundo del Gobierno.