El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 reconoce que su titular -el vicepresidente Pablo Iglesias- tan sólo ha presidido una reunión en relación con las residencias de mayores y la incidencia del coronavirus desde que el Gobierno de coalición declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para tratar de contener la expansión de la covid-19. Si bien las competencias están transferidas a las comunidades, el departamento que dirige el líder de Podemos se ha encargado de coordinar los fondos extraordinarios destinados a la contratación de personal y a comprar equipos de protección para los centros sociosanitarios.

No sólo eso. A través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Derechos Sociales y Agenda 2030 gestiona una veintena de centros repartidos por el país (Ferrol, Langreo, Soria, Guadalajara, Pozoblanco, San Fernando, Melilla y Madrid, entre otros) y dedicados a la atención de personas con discapacidades física o neurológica, en situación de dependencia, con daño cerebral o con Alzheimer.

El único encuentro se prolongó entre las 12.30 y la 14.40 horas del 20 de marzo y fue concretamente una sesión extraordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Celebrada por videoconferencia, participaron representantes de cinco ministerios (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Hacienda; Política Territorial y Función Pública; Igualdad, y Derechos Sociales y Agenda 2030) y altos cargos de todas las regiones excepto de Murcia, que tuvo problemas técnicos y no pudo finalmente conectarse.

Así se detalla en el acta de la reunión, facilitada por la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia. Según admite el citado organismo en su resolución, es la "única" que se ha desarrollado acerca de "los centros sociosanitarios y el impacto de la covid-19 y que ha sido presidida por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030".

Tras dar la bienvenida a los participantes, Pablo Iglesias pidió expresamente a los representantes de las comunidades autónomas que, junto con los puntos que componían el orden del día, se pronunciaran expresamente sobre dos cuestiones concretas en relación con las residencias de mayores, dado que se podrían convertir en "peligrosos focos de la pandemia" y había una palpable "carencia de Equipos de Protección Individual (EPI)".

En concreto, el ministro de Derechos Sociales quería conocer si a los gobiernos regionales les parecía "sensato y adecuado" que fuera el Ejército el encargado de distribuir el material de protección cuando se dispusiera de él o si por el contrario preferían que el reparto se hiciera siguiendo "los cauces logísticos ordinarios habituales". También si entendían que los trabajadores de los servicios sociales tenían que tener la consideración de esenciales para solicitarlo al Ministerio de Sanidad. El posicionamiento de las comunidades sobre esta segunda cuestión fue unánime: todas estaban de acuerdo en que las plantillas tuvieran ese tratamiento.

Personal de "servicios esenciales"

"Las consejerías son perfectamente conscientes de la situación existente en muchos centros de mayores, donde existen trabajadores sin la protección adecuada de Equipos de Protección Individual (EPI) y que no están acudiendo a su centro de trabajo. Además se va a proponer la utilización de algunas de las ayudas para ampliar la contratación del personal de servicios sociales, entendiendo que deberían ser considerados como personal de servicios esenciales con un estatuto equivalente al de los trabajadores sanitarios", señaló Iglesias antes de ceder la palabra al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Tres días después de aquella reunión, el Ministerio de Sanidad dictó una orden por la que acordó que todos los centros de servicios sociales de carácter residencial de titularidad privada pasaban a tener la consideración de operadores de servicios esenciales, al tiempo que quedaban obligados a facilitar información a la comunidad autónoma en la que se hallara en relación con la situación de residentes y trabajadores para tener control de la situación.

Dos de los tres puntos del orden del día tenían por objeto establecer la distribución de créditos que, por importe de 325 millones de euros, se iban a desembolsar para financiar una serie de medidas urgentes con las que hacer frente al impacto de la covid-19, tanto para facilitar la alimentación a niños vulnerables afectados por el cierre de centros educativos como para hacer frente a otras secuelas sociales producidas por la pandemia.

De la lectura del acta se deduce que Iglesias era consciente de que las residencias de mayores constituían un espacio crítico, como se demostró trágicamente durante la primera ola. Se calcula que más de 20.000 personas que residían en los 5.500 centros de mayores -públicos y privados- que operan en España han fallecido desde que se inició la pandemia.

La competencia es autonómica, pero el ministerio de Iglesias ha coordinado los fondos extra y gestiona una veintena de residencias

También era patente la preocupación de los representantes de los gobiernos regionales por la falta de medios de protección existente en ese momento. "La situación es trágica", resumió en su intervención la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez (PSOE). En un momento de sobredemanda a nivel mundial por el avance del virus, Sánchez consideraba "clave" que llegaran a los centros tanto los EPI como los kits de diagnóstico para poder "controlar" la salud de trabajadores y residentes.

"Hay que proteger al personal sanitario, porque sin personal sanitario esto sería ingobernable; pero tampoco hay que olvidar al personal de servicios sociales, que parece un poco la 'pata coja' del pilar del bienestar. Por ello, más que la distribución le preocupa la adquisición de esos materiales, porque en cuanto llegue ese material se va a ir al sistema sanitario", vino a decir la consejera valenciana de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís). Ésta recordó que, en su comunidad, había trabajadores que estaban empleando "chubasqueros y bolsas de basura en los pies" debido a la falta de equipos de protección.

Si hubo unanimidad en la necesidad de contar con medios de protección de manera urgente y en que los trabajadores de los centros sociales tuvieran la etiqueta de servicios esenciales, no existió en la otra cuestión que había lanzado Pablo Iglesias al inicio de la reunión: ¿era la mejor opción que el Ejército se encargara del reparto del material dada su presencia en todo el país? El 'sí' fue la opinión mayoritaria, pero hubo dos comunidades que se desmarcaron abiertamente de esa opción.

El reparto del material de protección

La consejera del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal (PNV), defendió que debía ser el Gobierno regional el encargado de la distribución y no los militares. "Es el Ministerio de Sanidad quien reparte esos materiales a las consejerías y debe ser desde el Gobierno vasco desde donde se utilicen los canales ordinarios para el reparto como se está haciendo hasta ahora (con independencia de cómo se desarrollen los acontecimientos en el futuro), sin que sea necesaria la intervención del Ejército para el reparto", sostuvo. La opinión fue compartida por los representantes de las diputaciones de Álava (Emilio Sola), Bizkaia (Sergio Murillo) y Gipuzkoa (Maite Peña), asistentes también a la reunión telemática.

También se desmarcó abiertamente de la colaboración de Defensa para esa tarea el secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, Francesc Iglesies. "Lo mejor es que llegue por el canal de servicios sociales y de salud, han trabajado en una conexión más integrada entre ambos y lo que importa es que el material llegue al punto acordado con la autoridad sanitaria en Cataluña, dimensionado para las necesidades sociales que establezcan, para que sea la comunidad autónoma quien lleve a cabo el reparto del material sanitario en cada territorio", mantuvo.

Más que el "cauce" a utilizar, Alberto Reyero (Ciudadanos) -entonces consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid- puso el énfasis en la necesidad de que el material de protección llegara "lo más rápido posible". El representante del Gobierno de Díaz Ayuso aprovechó su turno para plantear a sus colegas de otras autonomías una idea "con reservas", dado que ésta podría proyectar un mensaje "complicado de entender".

"Hay familias que solicitan la salida de su familiar de la residencia, se está permitiendo en caso de que no estén sintomáticos, si bien se les dice que no podrán volver al centro en tanto dure esta situación. Se podría dar un paso más lanzando este mensaje, de que las familias que así lo quieran puedan sacar las personas de las residencias, pero que se trata de un mensaje difícil, y por ahora no lo han hecho porque crearía cierta alarma social, aunque en función de cómo vaya complicándose la situación, tal vez tengan que tomar medidas de ese tipo", explicó Reyero, que dimitió el pasado 2 de octubre.

"Comunicación en positivo"

Terminado el turno de intervenciones, en el que todas las comunidades pudieron expresar su parecer, Pablo Iglesias volvió a tomar la palabra para anunciar que transmitiría públicamente que estaba "muy satisfecho" con la colaboración de todas las comunidades autónomas a fin de lanzar la "comunicación en positivo" que demanda la ciudadanía y que el reparto del material se haría a través del Ejército sólo si se confirmaba que era la manera "más efectiva y más rápida".

"Desde esta Vicepresidencia Segunda no existe la más mínima intención de hacer nada contrario al criterio del Gobierno vasco, del Gobierno catalán o de cualquier otro Gobierno de cualquier territorio, siempre que no se comprometa la máxima diligencia en la entrega de materiales", aclaró Iglesias, que pidió a los interlocutores que le informaran de las existencias y necesidades de equipos de protección para organizar la distribución del modo "más efectivo" en cuanto los recibiera Sanidad. Dos horas y diez minutos después, la reunión se dio por terminada.