A finales del mes de julio el país había conseguido doblegar la curva de la primera ola del Covid-19. Sánchez animaba a "salir a la calle" porque había que "recuperar la economía" cuando lo peor de la pandemia parecía haber quedado en una mala pesadilla, aunque los expertos ya venían anunciando una segunda ola para otoño que, finalmente, comenzó en agosto. Meses atrás, el principal partido de la oposición ya había presionado al Gobierno para negociar y aprobar un 'plan B' jurídico que evitase recurrir de nuevo a un segundo estado de alarma ante el riesgo de que rebrotes descontrolados obligasen a confinar de nuevo a la población. Cuando el PP presentó los principales puntos de su estrategia el pasado 27 de julio, Sanidad reportó 905 nuevos casos de coronavirus. La cifra se eleva ahora a unos 19.000 casos diarios.

El mantra en las filas del PP sigue siendo el mismo que hace meses. "España necesita un plan B jurídico que dé certidumbre y evitar la excepcionalidad del estado de alarma", recogen las fuentes oficiales. La diferencia ahora es que, ante la "tomadura de pelo" que supone para los populares la aprobación de un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario, los de Casado, de la mano de su líder del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, han pasado a la acción y llevarán al Pleno del Congreso la tramitación por la vía urgente de la Proposición de Ley Orgánica de Protección de Salud y de los Derechos y Libertades Fundamentales. Los populares abordan su primera prueba de fuego este mismo martes para mantener con vida la propuesta, cuando se debate en sede parlamentaria la toma en consideración de la ley. Si supera ese examen, el documento se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación, aunque todo apunta a que la Cámara tumbará finalmente la propuesta.

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Fuentes del grupo parlamentario confirman que el partido ha abierto en los últimos días una negociación con todos los grupos parlamentarios, salvo Bildu. Entre ellos, aseguran, se han mantenido contactos "constantes" con fuerzas que hace semanas expresaron en público y en privado sus reticencias a la aprobación de un estado de alarma de seis meses sin que el presidente del Gobierno se sometiera a control parlamentario alguno. Incluyen los populares en estas conversaciones a los socios del Gobierno, porque lo que se busca en este caso es un "objetivo común" que comparten con fuerzas tan antagónicas como JxCat, Compromís o Más País, pero también con Ciudadanos o Vox, y se muestran abiertos a negociar las consideraciones que aporten el resto de actores políticos con tal de "frenar al Gobierno" y, en un plazo de unos dos meses, desactivar el estado de alarma y suplirlo por la legislación ordinaria.

En la práctica, y aunque no supere este primer trámite parlamentario, el objetivo del PP será "retratar" a todas las fuerzas parlamentarias, "ofrecer la posibilidad de abandonar este atropello legal" y ofrecer una reforma jurídica 'exprés' acordada entre las formaciones del arco parlamentario a las que no convence la situación excepcionalidad. Consideran en las filas populares que, ante el rechazo de Sánchez a su "generosa" oferta de un estado de alarma de dos meses para construir durante ese período y "entre todos" un 'plan B' jurídico -el PP pretendía llegar a Navidad con la legislación ya reformada-, han decidido emprender ese mismo camino pero en solitario.

Los populares registraron su Proposición de Ley el pasado 5 de agosto, cuando Cayetana Álvarez de Toledo aún ocupaba el asiento de portavoz parlamentaria en la bancada del principal partido de la oposición. Su propuesta inicial incluye la modificación de dos leyes para crear un paraguas jurídico consistente: la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública; y la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En su proyecto inicial, el PP propone modificar el artículo 3 de la primera de ellas, que quedaría redactado con tres modificaciones que incluirían la "realización de acciones preventivas generales"; la adopción de "medidas oportunas para el control de enfermos" con el "sometimiento obligado de las personas sospechosas" de contagio; el control de las "entradas y salidas" de zonas "afectadas o amenazadas", así como "controlar el movimiento en dicha zona"; y las que "se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Y en lo referente a la Ley 29/1998, los populares proponen modificaciones en hasta cuatro artículos, para dotar a las comunidades autónomas de más instrumentos jurídicos o para permitir que sean los juzgados de lo contencioso-administrativo que sean los que autoricen la privación de libertad de los ciudadanos.

'No' a un confinamiento domiciliario con la misma fórmula

Los populares dan ya por descontado el 'no' del PSOE a la votación de este martes, pero "será interesante ver cómo justifican" optar por una legislación extraordinaria cuando existe una vía jurídica "proporcional" y viable.

La aprobación del segundo estado de alarma nacional salió adelante el pasado 29 de octubre con 194 votos a favor -incluidos los de Ciudadanos-, 103 abstenciones -PP, JxCat y Bildu- y el 'no' de Vox y Foro Asturias. En dicho decreto no se incluía, no obstante, la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios parecidos al del mes de marzo cuando varias comunidades autónomas ya están solicitando al Gobierno central que modifique la norma actual para incluir esta herramienta.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abrió la puerta a redactar un nuevo estado de alarma la pasada semana, en función de cómo evolucione la curva de contagios. En el PP ya adelantan que no aprobarán un nuevo decreto de estado de alarma con la misma fórmula que hasta ahora: durante un período "excesivo" de tiempo y sin control parlamentario alguno a Sánchez.