Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí declararán el próximo 7 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que este lunes ha abierto el proceso de aprobación del suplicatorio solicitado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El proceso se puede demorar meses, y la estrategia del abogado defensor, Gonzalo Boye, pasa por alargar al máximo el proceso para que el ex presidente y los dos ex consejeros fugados expriman al máximo la inmunidad que les concede su condición de europarlamentarios. De concederse el suplicatorio, los tres perderían la inmunidad y se reabrirían los procesos de extradición en Bélgica.

De momento, el Europarlamento ha reactivado el proceso que se suspendió por la crisis del Covid-19, celebrando hoy el primer debate a puerta cerrada, en el que se ha acordado fijar la fecha del 7 de diciembre para la comparecencia de los tres dirigentes de Junts. Una fecha a expensas, todavía, de que la acepten los interesados, que deberían comparecer por videoconferencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que preside el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, ha iniciado el debate después de que los servicios jurídicos de la cámara avalaran que se reanude el trabajo con sesiones que incluyan intervenciones por videoconferencia además de las presenciales, puesto que se puede garantizar la confidencialidad y la seguridad jurídica necesarias.

El debate telemático será uno de los primeros caballos de batalla de los independentistas, que han empezado a cuestionar ya el proceso en la eurocámara y amenazan con llevar también esta decisión ante la justicia europea. Ponsatí ya cuestionó el pasado jueves que las sesiones, que según el reglamento del Parlamento Europeo deben celebrarse a puerta cerrada, se hagan vía telemática. Esta vía, argumentó Ponsatí en el Matí de Catalunya Ràdio cuestiona la confidencialidad del debate a puerta cerrada.

“Damos curso a un proceso parlamentario que llevaba congelado siete meses y es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo”, ha explicado Vázquez tras la comisión. “Una vez que por los dos lados, el técnico y el jurídico, teníamos toda la seguridad necesaria hemos decidido reiniciar este proceso”.

Persecución política en Europa

La comparecencia del día 7 sí será presencial, a no ser que la situación de la pandemia obligue a cambiar de criterio. Los tres eurodiputados podrán estar acompañados por un asesor legal, tendrán sendas audiencias de 15 minutos y podrán responder a las preguntas que planteen los diputados, cada uno por separado y de manera independiente. La sesión será a puerta cerrada y todo el contenido, confidencial.

El argumento estrella del abogado Gonzalo Boye volverá a ser, entonces, la teoría de la "persecución política" contra los dirigentes independentistas. Según han explicado fuentes de Junts, la defensa de los tres eurodiputados esgrimirá el principio de "fumus persecutionis", es decir, de "persecución política", en base a la sospecha y pruebas "sólidas" de que el proceso judicial "se ha iniciado con intención de causar daños a la actividad política del diputado".

La defensa de Puigdemont, Ponsatí y Comín que dirige Boye cuestionará además el hecho de que se debatan los tres suplicatorios en un solo proceso y con un solo ponente, o relator, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki. Señalará que se enfrentan a acusaciones diferentes, ya que el suplicatorio contra Puigdemont y Comin se centra en la sedición, mientras la orden de detención de Ponsatí habla de malversación.

Además, argumentará que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarlos, porque ninguno de los tres cuenta con la condición de aforado, ya que renunciaron a sus escaños en el Parlament. E insistirá en que el delito de sedición, del que el Supremo acusa a Puigdemont y Comin, no existe en otros países de la Unión Europea.

Proceso ajeno al fondo de la cuestión

El presidente de la Comisión ha recalcado, sin embargo, que este proceso es ajeno al fondo del asunto por el que la Justicia española solicita los suplicatorios. “No somos abogados defensores, ni fiscales ni jueces, solo valoramos el levantamiento de la inmunidad de acuerdo a dos principios”, ha subrayado Adrián Vázquez. En concreto, si la petición de que se retire la inmunidad parlamentaria se debe a declaraciones o votaciones realizadas como europarlamentarios, o con el fin de socavar su actividad como tales.

“Sólo quiero que se cumpla la ley y las reglas de esta casa, es mi responsabilidad como presidente del comité. Lo hago de acuerdo a una opinión legal de los letrados que me da seguridad jurídica para continuar el proceso y capacidad técnica demostrada en otras comisiones" explica Vázquez, que advierte: "Intentaré que dentro del comité, donde presido y tengo esa autoridad, aquello no se convierta en un circo”, ha explicado.

Completar el proceso de extradición

Tras la comparecencia de los tres dirigentes independentistas, la comisión debe elaborar un informe a favor o en contra del suplicatorio. Informe que será votado en la Comisión y, posteriormente, trasladado al plenario. Dado que sólo quedan dos sesiones plenarias este año, el suplicatorio no se resolverá antes de fin de año, añaden fuentes parlamentarias, en un proceso muy condicionado por la crisis sanitaria.

En JxCat recuerdan que, en caso de que finalmente saliera adelante el suplicatorio y se les retirase la inmunidad, se regresaría a la casilla de salida: es decir, el juez Pablo Llarena podría reactivar la solicitud de extradición, pero todo dependería de la decisión final del juez de cada país y en ningún caso de la Eurocámara.

El pasado enero, el juez Llarena pidió a Bélgica que dejara sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios, algo que nueve meses después aún no se ha producido.