El Parlament ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que comparezcan el próximo lunes ante la Comisión de investigación sobre la gestión de las residencias. Una comisión que todavía no ha oído al conseller de Asuntos Sociales de la Generalitat, Chakir el Homrani, principal responsable de este ámbito en Cataluña, ni a la consellera de Salud, Alba Vergés, que en abril asumió la gestión de las residencias ante el colapso en la gestión del covid.

Se da el caso de que Iglesias, responsable directo del ámbito de Asuntos Sociales en el Gobierno, ha reconocido que sólo ha presidido una reunión sobre el coronavirus en las residencias desde que empezó la crisis sanitaria, como recogió El Independiente.

La Comisión ha acordado la citación con los votos de los partidos que dan apoyo al Govern, JxCat, ERC y la CUP, "en calidad de testigos". Serían, de concretarse la convocatoria, los primeros responsables políticos en comparecer ante el Parlament por la crisis de las residencias, que en la primera oleada del coronavirus concentraron buena parte de los contagios y defunciones provocados por la Covid-19.

La portavoz socialista en la Comisión, Assumpta Escarp, ha puesto en duda, sin embargo, que ninguno de los tres responsables gubernamentales vaya a acudir a la convocatoria. Escarp recuerda que la Generalitat tiene "competencias exclusivas" en la gestión de las residencias. Y añade que el Consejo de Estado ya dictaminó en su momento que los miembros del Gobierno tienen obligación de comparecer ante las Cortes, pero no en los parlamentos autonómicos.

El precedente de Rajoy

No es la primera vez que el Parlamento catalán intenta citar a miembros del Gobierno. Ya lo hizo en 2018, con motivo de la Comisión de investigación sobre la aplicación del 155, en la que cito al actual presidente y a los anteriores responsables del Ejecutivo: Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, entre otros.

El Consejo de Estado dictaminó entonces que los parlamentos solo pueden requerir a los miembros del gobierno sobre el que ejerce sus tareas de control. En su dictamen afirmaba que "los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender la solicitud de comparecencia ante la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución". 

Casi 5.000 personas fallecieron en la primera oleada, entre el 2 marzo y el 5 de julio en 510 residencias de toda Cataluña a causa de la COVID-19 según los datos de defunciones notificadas por las funerarias a la Generalitat. La crisis política provocada por la mala gestión de las residencias obligó al ejecutivo catalán a retirar la competencia del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para incluirlo en el ámbito de Salud.

En esta segunda oleada, el gobierno catalán ha tenido que intervenir ya varias residencias por el colapso que vuelve a alcanzar a estos centros.