La reclamación no es nueva. La hizo el Gobierno vasco a Mariano Rajoy en 2014 pero el Ejecutivo del PP la desoyó. No ha sido hasta la llegada de Pedro Sánchez cuando la petición de acercar a los presos de ETA a prisiones situadas en un área no superior a los 250 kilómetros del País Vasco cuando ésta ha comenzado a tomar forma. Mientras la polémica por el apoyo anunciado por EH Bildu a los presupuestos del Gobierno se intensifica, los traslados de presos no paran. Cada semana el Gobierno anuncia acercamientos, que oscilan entre los cuatro y ocho semanales durante este otoño.

La coalición de la izquierda abertzale siempre ha reconocido que la política penitenciaria es uno de los tres ejes en torno al cual fija su negociación, junto a los derechos sociales y la política territorial. En el PNV el cumplimiento de compromisos adquiridos, como el cumplimiento de transferencia de competencias como la gestión carcelaria en Euskadi, también está ahora sobre la mesa. Y mientras los contactos entre Bildu y el PSOE-Podemos y PNV-PSOE se engrasan, un tercio de los presos de la banda encarcelados en nuestro país cumple ya condena en una cárcel situada a menos de los 250 Km reclamados por el Gobierno Vasco desde hace un lustro.

El proceso de acercamiento de los presos se ha intensificado en los últimos dos mesesn En octubre se formalizaron una veintena y en las dos primeras semanas de noviembre suman ya una decena. Si hasta hace apenas un año apenas había etarras cumpliendo su condena en cárceles vascas, actualmente son más de una veintena los que lo hacen. A ellos se suman los que están ingresados en prisiones más cercanas a Euskadi, como la de Logroño (a 170 kilómetros del País Vasco), donde cumplen condena 11 presos de la banda. Otra de las prisiones en las que se ha intensificado los acercamientos es la de Zuera, en Zaragoza (245 kilómetros), con ocho presos en la actualidad, o la de Burgos (215 kilómetros) con 7 presos, Soria (260 km) con 5 y Cantabria (170 km) con 5. A todos ellos se suma casi una decena de presos encarcelados en la prisión de Mont de Marsan, en Francia.

Presos con varios delitos de sangre

El malestar en muchas de las víctimas de ETA es profundo. La AVT es la asociación que con mayor rotundidad ha denunciado la política de acercamientos y cuya intensificación sitúa dentro de los acuerdos con EH Bildu para la aprobación de los presupuestos. Las víctimas consideran "una indignidad" que "ultraja" su memoria: "Está permitiendo que sean los verdugos los que ganene la batalla del relato y encima gobiernen España". La AVT recuerda que se han producido ya 103 traslados y que en uno de cada cuatro casos se trataba de un preso condenado por delitos de sangre. También que en ninguno de los últimos acercamientos consta "ni rastro de empatía con las víctimas" ni deseo de colaborar con la Justicia, simplemente la firma de "un documento proforma" que se les proporciona.

Entre los etarras acercados a prisiones próximas al País Vasco figuran nombres como los de José Luis Barrios Martín, condenado a 60 años por el asesinato del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García. Actualmente este preso cumple condena en Zaragoza, tras ser trasladado desde la prisión de Granada. En 2001 la Audiencia Nacional le impuso una pena de 232 años de cárcel por la colocación de un coche-bomba en 1997 en las inmediaciones de la base aérea de Armilla (Granada) en la que murió el peluquero de la instalación militar.

Además, dos de los colaboradores en el atentado contra el matrimonio Jiménez Becerril también han sido progresados en su grado penitenciario y acercados de Valencia a Zaragoza. Se trata de Mikel Azurmendi, -con condenas que suman 416 años de prisión-, autor material del atentado contra el matrimonio Jiménez Becerril y que cumple condena por otros seis asesinatos. Maite Pedrosa está condenada como colaboradora del crimen y cumple condena por su participación en dos asesinatos más. Suma 230 años de condena.

En los acercamientos más recientes también figura el de Oskarbi Jauregi, autor del paquete bomba contra el periodista Gorka Landaburu, y que será acercado desde la prisión de A Coruña a la cárcel de San Sebastián.

Otro de los terroristas que se ha beneficiado de la medida figuran nombres como los de Sebastián Echániz, condenado por varios delitos de sangre. En su historial figura su participación en el atentado que costó la vida a dos guardias civiles, otro en que murió un teniente coronel del Ejercito, el asesinato de dos policías en Sestao y el atentado que costó la vida al jefe de la Policía Municipal de Barakaldo. En su caso el traslado se ha producido desde la cárcel de Asturias a la de Martutene, en San Sebastián.

En la lista aparece Jesús María Martín Hernando, a quien Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado y ha procedido a autorizar su traslado de la cárcel de Zaballa, en Vitoria, a la de Basauri, en Vizcaya. Está condenado por su participación en el asesinato del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea.

Plan 'Zuzen bidean'

El plan, denominado ‘Zuzen bidean’ (En el camino recto) lo ha promovido el Gobierno de Urkullu dentro de sus acciones para promover un cambio en la política penitenciaria aplicada a los reclusos de ETA. Poco después de acceder Sánchez al poder, el propio lehendakari Urkullu se lo trasladó en el primer encuentro que mantuvieron. En la propuesta, además de los acercamientos a un área próxima al País Vasco, también se plantea la necesidad de favorecer la excarcelación de presos enfermos, conceder un mayor nivel de beneficios penitenciarios y una flexibilización de las medidas.

La propuesta apela a la necesidad de afrontar la reinserción del colectivo de presos de ETA dando pasos en este sentido y sin buscar “atajos”, como denomina a la política de dispersión que se aplica desde 1989. La propuesta contempla una veintena de medidas, la mayor parte de ellas, se recuerda, aplicables sin necesidad de modificaciones legales.

Actualmente, de los 190 reclusos de ETA, según datos del colectivo de familiares de presos, Etxerat, una treintena aún cumple condena en un centro penitenciario alejado en más de 1.000 kilómetros. Se trata de las cárceles de Sevilla, Cádiz, Almería o Algeciras. En estas prisiones están internos algunos de los presos de ETA que han manifestado una posición más crítica con el colectivo mayoritario, el EPPK, partidario desde julio de 2017 a acogerse a beneficios penitenciarios. La decisión, que supuso una ruptura con la histórica negativa a solicitar beneficios carcelarios, sólo fue respaldada por siete de cada diez presos de la organización y establecía dos líneas rojas: la delación y el arrepentimieto.

El mayor número de acercamientos se ha producido durante este pasado mes de octubre y en noviembre, coincidiendo con el proceso de negociación presupuestaria activado por el Ejecutivo. Tanto la izquierda abertzale como el PNV, así como Podemos, han defendido en reiteradas ocasiones y declaraciones institucionales la necesidad de promover un cambio en la política penitenciaria. Lo han hecho en declaraciones del Parlamento Vasco y ayuntamientos vascos. Incluso desde el PSE se ha abogado por dar pasos en esta materia.

Un 'cambio de concepto'

En enero de este año la Secretaria de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación llegó incluso a pedir a Sánchez que impulsara el acercamiento de los presos sin necesidad de exigirles que se desmarcaran de la banda. Sería después cuando se debería trabajar ese objetivo de rechazo de la violencia. Actualmente a los presos que se les acerca se les hace firmar un documento tipo en el que manifiestan el rechazo a la violencia. Algunos, los menos, han ido más allá y han trasladado su arrepentimiento y desmarque de la banda a las bandas y se han comprometido a dar pasos para reparar el daño causado.

El entonces secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, aseguró que el Ejecutivo trabajaba en “un cambio de concepto” en aras a alterar el orden de la secuencia que se sigue ahora y que cerca de un centenar de presos se resiste a seguido. El Gobierno vasco propone que se acerque a todos los reclusos a prisiones del País Vasco o próximas a Euskadi como Zaballa (Vitoria), Martutene (San Sebastián), Basauri (Vizcaya), Pamplona, Logroño, Burgos o El Dueso (Cantabria) y posteriormente se aborde una labor de “resocialización” con los condenados. El objetivo pasa además por lograr erradicar el “sufrimiento añadido” para las familias de los etarras que representa la dispersión. Una medida que el Gobierno Urkullu considera que facilitaría la reinserción del colectivo.

Los traslados han coincidido en gran medida con la actualización de otra de las demandas del nacionalismo vasco: la transferencia de la competencia de presiones a Euskadi. El Gobierno ha actualizado el calendario de cumplimiento del Estatuto de Gernika en el que se contempla para la próxima primavera transferir la gestión de las cárceles vascas a la Administración vasca. Es precisamente ésta una de las inquietudes de los colectivos de presos más han subrayado. Ven en la asunción por parte de las autoridades vascas de la gestión de las cárceles uno los riesgos para un cambio en el tratamiento de los reclusos de ETA y la rebaja del actual nivel de exigencia en el cumplimiento de sus condenas.