Aunque el Gobierno de coalición sigue completamente sumido en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, dos factores han provocado que la balanza comience a decantarse sin prisa pero sin pausa hacia la mayoría de investidura sin la presencia de Ciudadanos. Primero fue el planteamiento de nuevas exigencias por parte de Inés Arrimadas de cara a la recta final de la tramitación de las cuentas públicas, condiciones que, de ser aceptadas, expulsarían con seguridad a ERC de la baraja: paralización de la enmienda para suprimir el castellano como lengua vehicular y compromiso por escrito de Sánchez de que frenará cualquier intento de referéndum en Cataluña.

Luego vendría el segundo golpe -casi- decisivo: el 'sí' expreso de Bildu a apoyar los Presupuestos, una operación orquestada por Podemos y ratificada por el PSOE que aleja definitivamente los 10 votos naranjas de la carrera presupuestaria. Pero la intención de Ciudadanos será mantener la mano tendida "hasta el final". Y no sólo para intentar evitar la elección de "la vía radical" y para que Sánchez "nunca pueda decir que no tuvo alternativa" por una retirada prematura de Arrimadas, no. Sino porque varios ministros del ala socialista del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, están presionando en privado a la presidenta de Ciudadanos para que no abandone la negociación pese a los evidentes gestos públicos del Ejecutivo a ERC y Bildu, según confirman fuentes conocedoras de estas conversaciones.

En Moncloa sigue existiendo un sector dispuesto a echarle un pulso a Unidas Podemos con tal de conseguir el 'sí' de Ciudadanos a las cuentas públicas, por lo que los canales de comunicación siguen "completamente abiertos" con los naranjas. Y este sector, en el que también entraría Carmen Calvo, encargada de mantener la interlocución en este caso con el portavoz de Cs, Edmundo Bal, considera "fundamental" presentar en Europa unos Presupuestos Generales del Estado con el sello de Ciudadanos, un partido liberal y de centro, que no unas cuentas sostenidas por los independentistas catalanes y por los abertzales.

En el entorno de Arrimadas afirman además que en las últimas conversaciones que han mantenido ambas administraciones el Gobierno les habría prometido más 'líneas naranjas' de las ya conseguidas por Ciudadanos hasta la fecha, aunque se resisten a aceptar las exigencias que plantean los liberales respecto a la enmienda incluida en la 'ley Celaá' o respecto a los referéndums.

Y no sólo se han producido llamadas desde Moncloa. También los barones socialistas críticos con la estrategia de pactos de Sánchez se habrían puesto en contacto con la cúpula naranja para presionar y conseguir que no saquen un sólo pie de la carrera presupuestaria. Y es que mientras Ciudadanos siga en la negociación, ellos seguirán teniendo una muleta en que apoyar su discurso de que Sánchez tiene una alternativa para dar esquinazo a Bildu, como se lo han hecho saber al presidente del Gobierno tanto en público como en privado.

Con todo, lo que sí confirman los naranjas es que no cejarán en el intento de arrinconar la influencia de Podemos, y por ende de Otegi y Rufián en las cuentas públicas, al entender que "si nos retiramos ahora, estaríamos haciendo lo que quiere Iglesias". Y eso, aseguran, es un escenario que no contemplan.

El proyecto presupuestario superó el pasado miércoles su primer gran obstáculo con el debate de las enmiendas a la totalidad, y afronta ahora el tortuoso camino de las enmiendas parciales, en que se espera que los grupos, especialmente los socios del Gobierno, saquen la artillería pesada respecto a la negociación de nuevas exigencias. También será el terreno en que la oposición despliegue aún más presión al borrador: sólo el PP ha registrado más de 1.500 enmiendas parciales. Con todo, Moncloa confía en tener aprobados los Presupuestos el próximo 29 de diciembre para que 2021 arranque con unas nuevas cuentas en vigor.

Ciudadanos ha registrado también sus propias enmiendas parciales, entre las que solicita rebajar el 4% de IVA a los servicios turísticosd; prorrogar hasta el 30 de junio el sistema de protección al empleo de los ERTE; un fondo de ayudas directas para la hostelería y el turismo de hasta 20.000 millones hasta 2023; o la extensión del Plan MeCuida, con el teletrabajo como opción preferente de forma indefinida hasta concluir la pandemia.