La coalición EH Bildu ha hecho hoy públicas las 29 enmiendas que ha presentado contra el proyecto de presupuestos generales del Estado del Gobierno. En las 56 páginas que conforman el documento no existe referencia alguna ni a cuestiones en política penitenciaria ni de derechos de los presos. En las semanas previas el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, aseguró que éste sería precisamente uno de los tres ejes de negociación, junto a la defensa de los derechos sociales y económicos y la política territorial, en los que basarían su negociación presupuestaria.

Parece complicado que una demanda en materia de política penitenciaria pueda tener plasmación precisa en un documento presupuestario. La oposición ha denunciado que los acuerdos en torno al final de la política de alejamiento que se aplica a los presos de ETA desde 1989 podrían estar detrás del incremento de acercamiento de los presos a cárceles próximas a Euskadi que se ha registrado en las últimas semanas.

Otegi, que anunció su más que posible apoyo a las cuentas incluso antes de que se votaran las enmiendas a la totalidad, también ha subrayado en los últimos días que esta vez la izquierda abertzale quiere lograr resultados "beneficiosos para la ciudadanía". Lo concretó en enmiendas en el ámbito económico y de derechos sociales.

Cercanías frente al TAV

Una de las enmiendas más relevantes es la petición que hace EH Bildu al Gobierno para que incluya en los presupuestos fondos para la compra de los "lotes en venta" del astillero de La Naval de Sestao para que pasen a ser de titularidad pública "los terrenos, la infraestructura y la maquinaria". En la motivación de la enmienda se insta a que después se proceda a "agilizar la búsqueda de nuevos inversores" que permitan reanudar la actividad del histórico astillero vizcaíno.

Con las enmiendas también se busca competir con el PNV en el papel de 'conseguidor' y 'partido útil' en Madrid con el que los jeltzales siempre han contado. Lo hace EH Bildu subrayando un perfil diferenciado con el PNV en una de las cuestiones en las que la formación de Ortuzar más relevancia otorga: el Tren de Alta Velocidad. Esta infraestructura tiene asignadas inversiones para el próximo año por importe de 294 millones de euros, más de la mitad de los 570 millones que están presupuestados para el conjunto de actuaciones en el País Vasco. Históricamente la izquierda abertzale se ha mostrado en contra del TAV y en este proceso de enmiendas parciales retoma su apuesta por el ferrocarril de cercanías para cuya mejora e impulso incorpora varias peticiones.

En lo que sí coincide con el PNV es en la demanda de un mayor apoyo a la industria vasca y a la máquina herramienta. La izquierda abertzale también presenta peticiones en forma de planes de apoyo al sector hostelero, el pequeño comercio, las universidades públicas vasca y navarra o la modificación de la ley de vivienda para limitar, antes de seis meses, el precio de los alquileres. A todas ellas se suma la enmienda que junto con ERC y Unidas Podemos ha suscrito para enmendar en proyecto presupuestario de modo que se frenen los desahucios hasta diciembre de 2022.