Unidas Podemos le ha declarado la guerra a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de modo que "lo no que consigamos en el Gobierno intentaremos ganarlo en el Parlamento". Así justifican la controvertida enmienda firmada junto a ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional hasta finales del año 2022.
La decisión, que ha caído como una bomba en los socios de Gobierno, es producto de varios choques con la vicepresidente tercera, a la que acusan de haberse quedado "con el reloj parado en la crisis de 2008". "No ha entendido nada. Es la única ortodoxa cuando nadie lo es ya", afirman fuentes del entorno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Y agregan que mientras los organismos internacionales "nos gritan que gastemos", la titular de Economía es un muro con el chocan una y otra vez.
Admiten en el sector morado del Gobierno que la cuestión de los desahucios "no nos está saliendo muy bien". "Llevamos mucho tiempo tocando a la puerta y nadie nos hace caso. Pues muy bien. Vamos a votarlo". Con la presentación de esta enmienda -que la portavoz socialista, Adriana Lastra, intentó frenar a través de su homólogo Pablo Echenique-, el PSOE no va a tener más remedio que retratarse en el debate de enmiendas a la totalidad a partir del día 30 de este mes.
Lo cierto es que votar en contra de esta medida puede acarrearles a los socialistas un coste en términos de imagen, pero, también perjudicar el apoyo de ERC y de EH-Bildu a los Presupuestos que, aunque a estas alturas se puede dar por seguro, no es cuestión de ponerlo en dificultades. Aducen en Unidas Podemos que si bien la medida afecta a una pequeña parte de la población, "la situación es muy hiriente" y conlleva pobreza y riesgo de exclusión social.
Debates "alucinantes" con Calviño
Pero los debates con Calviño "también han sido alucinantes" en otras materias, como en el reconocimiento laboral de los llamados "riders", que dejarán de ser falsos autónomos, o por el subsidio que aprobó el Gobierno el pasado 3 de noviembre de medidas sociales complementarias para la protección por desempleo. La ayuda da cobertura a quienes hayan agotado sus prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, durante el confinamiento domiciliario, y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral.
A pesar de suponer sólo un coste de 200 millones de euros, "hubo una auténtica batalla campal" con Calviño para conseguirlo, siempre según la versión del sector morado del Consejo de Ministros.
Ayer por la mañana Pablo Iglesias tuiteaba que "la paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo". Quizá se refería a la entrevista que Calviño concedió a Carlos Alsina, en Onda Cero, en la que interrogada por la enmienda replicó con un "¿qué quiere que le diga? En estos dos años y medio que llevo en España veo en muchas ocasiones acciones que puedan responder a la búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio" y animaba a "no dejarnos despistar por este tipo de situaciones".
Tras admitir que no estaba al tanto de la enmienda, que la pilló a contrapié en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros el pasado martes, dijo no ver preciso "plantearlo como una especie de conflicto cuando yo creo que estamos todos de acuerdo con que hay que proteger a las personas vulnerables y que hay que evitar desahucios de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional, pero protegiendo también la seguridad jurídica".
Pero Podemos sí cree que hay conflicto, y de fondo, con la responsable económica del Gobierno, aunque en esta batalla Calviño haya encontrado el amparo de otros compañeros del Consejo de Ministros como José Luis Ábalos. El responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ostenta las competencias en vivienda, admitió haber tenido conocimiento de la iniciativa conjunta Podemos, ERC y Bildu, "por la prensa". En este sentido recordó que existía un acuerdo con UP, para abordar la regulación del mercado de la vivienda en una ley específica.
Además, Iglesias aprovechó una conversación el pasado viernes con Pedro Sánchez para volver a insistir en este asunto y aunque fuentes moradas aseguran que el jefe del Ejecutivo fue receptivo y se acordó que lo tratara con Ábalos, Unidas Podemos decidió tomar la delantera con una enmienda que Calviño no puede frenar. Lo que esperan ahora los morados es que el PSOE se avenga a transaccionarla, aunque sea a cambio de acortar su plazo de vigencia a mayo del año que viene, coincidiendo con el fin del actual estado de alarma de seis meses de duración.
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