El Ministerio del Interior reforzará de inmediato la presencia policial en Gran Canaria por la presión migratoria con el envío de dos grupos de 'antidisturbios' procedentes de la península y que suman alrededor de 80 efectivos. El primer contingente está previsto que se desplace este mismo jueves, un día después de que se haya habilitado un antiguo acuartelamiento para acoger a los migrantes que permanecían en el puerto de Arguineguín.

Según las fuentes consultadas por este diario, los dos grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) procederán de Valencia y A Coruña y se sumarán a los funcionarios desplazados desde Santa Cruz de Tenerife, que a su vez están apoyando a los agentes con base en Las Palmas. La plantilla local se ha visto desbordada por la llegada incesante de migrantes desde hace semanas tras el cierre de la ruta del Mediterráneo.

Desde este miércoles, existe un nuevo punto a atender en Gran Canaria tras el traslado de 200 migrantes desde Arguineguín (Mogán) hasta el antiguo acuartelamiento de Barranco Seco (Las Palmas), donde permanecerán en las tiendas de campaña que se han habilitado mientras se tramitan los expedientes de expulsión. Allí la policía tendrá que hacer labor de vigilancia.

Los sindicatos policiales vienen demandando desde hace días a la Dirección General que asigne temporalmente efectivos de otros destinos a las comisarías de Canarias para reforzar la dotación habitual de esta plaza, después de que haya crecido en más de un 1.000 % el número de migrantes que ha llegado a las islas por vía marítima y no se intuya que la presión vaya a cesar a corto plazo.

La reivindicación va más allá del ámbito de la seguridad ciudadana, tarea en la que se enmarca el trabajo de las UIP. Las organizaciones sindicales reclaman también que, mediante la figura de la atribución temporal de funciones, se incrementen las dotaciones en Canarias de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica. El trabajo de estas brigadas es imprescindible a la hora de llevar a cabo la reseña, gestión documental de los migrantes y el estudio de la procedencia de éstos para tratar de identificar a las mafias que los traen a España.

Los sindicatos piden que se refuercen también las plantillas de Policía Científica y Extranjería en Canarias por la sobrecarga de trabajo

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que existen "al menos 12.000 reseñas" por introducir en la base de datos para verificar si alguno tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. "Hay mucho trabajo acumulado. Es un proceso manual en el que se tarda entre siete y diez minutos y, con el volumen de personas que está llegando, es imposible tenerlo al día", explica a este diario el secretario general de la CEP en Canarias, Tomás Domínguez Fleitas.

El primer trámite se realiza en el puerto, donde los agentes de Extranjería y Fronteras toman las huellas dactilares de los migrantes, registran sus datos personales y les hacen una fotografía. La Brigada de Policía Científica tiene que grabar posteriormente esos datos en la Jefatura Superior, desbordada por esta situación extraordinaria y en la que se acaba de producir el relevo de su titular. Desde el punto de vista migratorio, es la crisis más grave desde la de los cayucos de 2006.

"Esta situación exige un refuerzo de las plantillas para la realización de tareas que, por causas evidentes de un mayor volumen temporal de sobrecarga en el trabajo, no pueden ser atendidas con suficiencia por los funcionarios destinados en Canarias", demanda el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Nueve policías para 1.400 migrantes

Esa misma exigencia viene formulándola desde principios de mes Justicia Policial (Jupol), que ha denunciado que nueve agentes han llegado a realizar tareas de custodia de 1.400 migrantes. "Nuestros compañeros están desbordados, desatendidos y sin capacidad de reacción", ha asegurado la organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional.

Junto a incrementos de recursos humanos en la zona, los sindicatos también reclaman que los policías puedan tener acceso preferente y urgente a los test de diagnóstico de la covid-19, dado que -según asegura la CEP- la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y el Gobierno de Canarias "se echan la culpa" entre sí y no se están realizando las pruebas a los agentes que determinen si se han contagiado.