Reconocimiento del español como lengua vehicular de la educación, fijar un porcentaje mínimo de castellano en la educación en las comunidades bilingües y pruebas de evaluación comunes para toda España. Son las tres principales reivindicaciones del manifiesto en defensa del español en la escuela que han presentado las entidades que defienden esta fórmula en el Congreso, coincidiendo con el debate de la Ley Celaá.

La Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Sociedad Civil Catalana (SCC) y S'ha Acabat han registrado hoy una petición en el Congreso con sus textos de reforma de la Ley educativa promovido por el Gobierno y tramitado en el Congreso sin que se les permitiera comparecer en la comisión de debate de la reforma.

El manifiesto presentado este miércoles reclama en primer lugar "que se admita la realidad, que se reconozca que en Cataluña se incumple la obligación de que los niños reciban enseñanza en castellano". Una situación, la de la inmersión lingüística ha advertido la presidenta de AEB, Ana Losada, que "puede extenderse" al resto de las comunidades con lengua propia si se aprueba la Ley Celaá con la enmienda de ERC.

El manifiesto reclama además que "las administraciones educativas garanticen lealmente" los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, que ya ha fallado que el español, en tanto que lengua oficial, debe ser lengua vehicular de la enseñanza. Añade el texto que el español "se reconozca como lengua propia de todos los españoles, sin que el reconocimiento de la oficialidad del resto de las lenguas españolas prive al español de su carácter de lengua común".

PSOE y Podemos desinforman

Losada ha lamentado además que, en el debate abierto por la reforma educativa sobre el papel de la lengua en la educación "la izquierda ha asumido el discurso de los nacionalistas y está desinformando". Y pone como ejemplo el echo de que "confundan, intencionadamente o no, enseñar el español con enseñar en español".

Los constitucionalistas, "especialmente en Cataluña, nos hemos partido la cara por unos valores" que ahora ven abandonados por el Gobierno, lamenta el presidente de SCC, Fernando Sánchez. "Volvemos a la doble invisibilidad, para el gobierno autonómico nacionalista y para el Gobierno español, que sistemáticamente nos sacrifica por intereses políticos y de geometría parlamentaria" añade Sánchez.

El presidente de SCC ha advertido además, dirigiéndose especialmente a los socialistas, que "después de diez años de procés, de sentirnos pisoteados en nuestros sentimientos, no admitiremos volver al status quo anterior".

Celaá rechaza modificar el texto

Celaá ha rechazado estas críticas y ha asegurado que su reforma legislativa "reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y observa un objetivo educativo". La ministra de educación ha respondido así al diputado popular Óscar Clavell (PP), que en la sesión de control le ha preguntado qué entiende por dar cumplimiento a los artículos 3 (que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) y al artículo 27 (que recoge que todos tienen el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza) de la Constitución Española (CE), en una clara referencia a la reforma educativa.

En su turno de réplica, el diputado (que lucía un lazo naranja en apoyo a la educación concertada) ha reprochado a Celaá que haya eliminado de la reforma educativa el término "lengua oficial del Estado" y "lengua vehicular" para referirse al castellano, lo que supone "traicionar su honor", ya que le recuerda que guardó e hizo guardar la Constitución cuando accedió al cargo.