La crisis migratoria que sufre Canarias desde el pasado verano no sólo ha puesto de manifiesto la descoordinación entre diferentes departamentos ministeriales con competencias en la materia. También ha reavivado el enfrentamiento soterrado que desde hace meses mantienen los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles.

Primero fue la negativa de Interior a que, durante el primer estado de alarma, soldados hicieran patrullas conjuntas con policías nacionales y guardias civiles para garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas de movimientos con las que se trató de contener la primera oleada de la pandemia. Las diferencias vinieron después a cuenta de la decisión de Robles de que se concediera -como así se hizo- una medalla conmemorativa para reconocer el trabajo realizado por los militares en la lucha contra el coronavirus, mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no han recibido tal distinción.

El malestar ahora es por la tardanza de Defensa en ceder instalaciones en Canarias para acoger a los migrantes que se hacinan en el puerto de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán. Según las fuentes consultadas, Interior llevaba "meses" pidiendo la cesión de recintos militares en desuso para aliviar la situación que se vive en el muelle, pero no ha sido hasta hace dos semanas y tras la implicación de "Presidencia" cuando Defensa ha facilitado el antiguo polvorín de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria).

Esta versión es desmentida de plano en el entorno de la ministra Robles. Estas fuentes mantienen que Defensa, pese a no tener competencias en materia migratoria, se ha puesto a disposición "desde el minuto uno" para ayudar a solucionar un problema humanitario que ha ido en aumento por la incesante llegada de migrantes tras el cierre de la ruta del Mediterráneo.

Cruz Roja improvisó un campamento en Arguineguín el pasado 20 de agosto. Y no ha sido hasta este miércoles -casi tres meses después- cuando Interior ha trasladado a Barranco Seco al primer grupo de 200 migrantes, a los que se ha sumado un segundo de igual número este jueves. Durante la jornada de ayer, otros 90 fueron ubicados en sendos complejos turísticos de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, a unos 38 kilómetros al noreste.

Los traslados a Barranco Seco han empezado casi tres meses después de que se improvisara un campamento en Arguineguín

Con estas salidas, según el recuento realizado en la tarde de este jueves, todavía quedan en el citado recinto portuario 1.432 personas -de ellos 20 menores no acompañados- a la espera de que se les ofrezca un recurso de acogida mientras se tramita su expulsión del país.

El pasado 6 de noviembre, durante una visita a las islas acompañado por la comisaria europea de Interior (la sueca Ylva Johansson) y el presidente de Canarias (Ángel Víctor Torres), Grande-Marlaska anunció que en las "próximas semanas" se procedería al desmantelamiento del campamento de Arguineguín. "Estamos realizando los trabajos necesarios para habilitar, en los terrenos militares del antiguo polvorín de Barranco Seco, las infraestructuras necesarias para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial", aseguró.

Cinco días después de aquellas declaraciones, el Ejército de Tierra informó de que la Brigada Canarias había habilitado un campamento de 200 plazas con 23 tiendas de campaña en las citadas instalaciones militares sin uso. Y esta semana se han producido los dos primeros traslados de migrantes a este recinto, pero Cruz Roja no ha podido desmontar todavía las carpas que habilitó hace tres meses en Arguineguín debido a la cantidad de personas que han llegado a las costas canarias en las últimas semanas.

El anuncio de Grande-Marlaska y la cesión del antiguo polvorín por parte de Defensa se produjo después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, hubiera mantenido una reunión con los secretarios de Estado de los tres ministerios con competencias en materia migratoria (Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) para hacerles ver que el problema era del Gobierno y había que ofrecer una solución coordinada, según informó El País.

Se trata de la crisis migratoria de mayor calado que sufre España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, el número de migrantes que llegó por mar a las islas Canarias hasta el pasado 15 de noviembre ascendía a 16.760 personas, cifra que representa un 1.019 % más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de segundo semestre se contabilizan más de 14.000 migrantes (el 84 % del total acumulado en el año).

"Falta de coordinación"

La gestión que está llevando a cabo le ha abierto otro frente al Ejecutivo de coalición, que ha tenido que dar explicaciones en el Congreso y responder a la petición de dimisión Grande-Marlaska formulada por el PP y Coalición Canarias. El ministro del Interior no ve motivos para dejar el cargo, como le pide parte de la oposición.

Las críticas han arrecido también en Canarias. El gobierno local de Mogán (Ciudadanos por el Cambio) -localidad en la que se encuentra el puerto de Arguineguín- han elevado esta semana la voz para criticar la "falta de coordinación" del Gobierno de Pedro Sánchez y la inacción de los ministerios con competencias en la materia: Interior e Inclusión Social. Ha sido a raíz de que se facilitara la salida de 227 migrantes que se encontraban en el muelle y sin sitio para ir a pernoctar, hasta que fueron alojados en un hotel del sur de Gran Canaria.

"En Canarias estamos soportando una presión migratoria donde no tenemos ninguna respuesta de los distintos ministerios", ha lamentado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Su delegado municipal de Seguridad, Mencey Navarro, ha criticado que el Ejecutivo no haya hecho "absolutamente nada" en los últimos tres meses a pesar de conocer "desde mucho antes" que vendría una avalancha de pateras desde las costas africanas a Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo.

Entretanto, el Ejecutivo de Canarias ha pedido este jueves que el peso de la inmigración irregular se reparta entre las distintas comunidades autónomas, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que se mejoren los espacios en los que se está atendiendo a los inmigrantes.

En este sentido, el portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, se ha mostrado confiado en que el encuentro de Grande-Marlaska en Rabat con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y la presencia de los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (José Luis Escrivá) y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos) en Las Palmas de Gran Canaria este viernes ofrezcan resultados a corto plazo que ayuden a aliviar la situación que se vive en Arguineguín, donde permanecen 1.432 migrantes.