Es una promesa incómoda. Provoca desgaste, rechazo y dudas incluso entre parte de los suyos. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez la hizo al poco tiempo de llegar al poder gracias, en parte, al nacionalismo abertzale: adaptaría su política penitenciaria a la realidad actual. La disolución formal de ETA escenificada en Cambó el 4 de mayo de 2018, dos meses después de que Pedro Sánchez accediera a la presidencia, abría el camino a un cambio de la política de dispersión y alejamiento de los presos de la banda que otro Gobierno socialista, el de Felipe González, implantó en 1989. Veinte meses después del primer movimiento, -el acercamiento de dos presos de las cárceles de Castellón a la de Logroño y de la de Almería a la de Zuera (Zaragoza)-, la promesa está algo más cerca de cumplirse pero aún lejos de hacerlo.

Al ministro del Interior, el juez Fernando Grande Marlaska, se le atraganta Andalucía. Es en las cárceles andaluzas donde se concentra un mayor número de presos de la banda. También son las más alejadas de Euskadi. De los algo menos de 200 presos de ETA que aún cumplen condena en las prisiones españolas uno de cada cuatro lo hace en alguno de los ocho centros penitenciarios andaluces. Durante décadas los responsables de las políticas carcelarias enviaron allí a los presos con mayores condenas, a los considerados ‘duros’ o a quienes mantenían posiciones más alejadas del desmarque de la violencia.

Hoy, pese a que la realidad del colectivo de presos es bien distinta, Andalucía continúa siendo el escollo más incómodo para que Sánchez y Marlaska den por finiquitada la dispersión. A la presión y rechazo de la oposición y de algunos colectivos de víctimas se suma el perfil de una parte -mínima- de los presos, contrarios a solicitar beneficios y reclamar su traslado.

La medida la aprobaron los ministros de Justicia e Interior, Enrique Múgica Herzog y José Luis Corcuera, en 1989. Entonces, la política de dispersión y alejamiento se aplicó para romper el llamado ‘frente de cárceles’ de ETA. Han pasado tres décadas, ETA se ha disuelto y el mundo nacionalista vascos, afín al PNV, y el cercano a EH Bildu, suma décadas solicitando un cambio en la política penitenciaria. Incluso Podemos y el PSE en Euskadi apoyan poner fin a la dispersión.

99 presos acercados desde 2018

En los últimos dos años cerca de la mitad de los presos, un centenar, ha sido acercado a cárceles más próximas al País Vasco, uno de cada cinco a una prisión vasca o navarra. Desde algunas asociaciones de víctimas han alzado la voz denunciando que los acercamientos de las últimas semanas suponen “de facto” el final de esta política.

Partidos como el PP, Vox o Ciudadanos consideran que los acercamientos aprobados son el pago a las demandas de la izquierda abertzale y una gratificación en especie a su posible apoyo presupuestario. Incluso la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ya ha planteado una iniciativa para que no se produzcan más acercamientos sin antes exigirles que colaboren con la justicia en el esclarecimiento de los cientos de crímenes sin resolver que tiene ETA.

La realidad muestra que aún queda mucho para que se pueda afirmar que la política de dispersión ha quedado desactivada. Una cuarta parte de los presos de ETA sigue cumpliendo su condena en centros penitenciarios situados a entre 800 y 1.100 kilómetros del País Vasco. Del casi un centenar de traslados y acercamientos autorizados sólo 27 han correspondido a reclusos internos en prisiones andaluzas.

En ellas se encuentran algunos de los reclusos más críticos con el modo en el que la izquierda abertzale que representa Arnaldo Otegi emprendió el proceso para disolver la debilitada y diezmada ETA y apostar sólo por vías política. Se trata de sectores que no dudan en tildar de “rendición” y “traición” el paso dado en el seno de lo que hoy es EH Bildu. A ellos se suman otros presos de la organización que cumplen con condenas especialmente elevadas o que se han mostrado reacios a aceptar beneficios penitenciarios, como sí respaldó la mayoría del colectivo de presos en julio de 2017. La decisión de romper con la directriz histórica de ETA de no acogerse a la ley penitenciaria española fue respaldada por el 73% del colectivo agrupado en el llamado EPPK.

'Txapote', Parot, Bienzobas...

Cádiz ha sido siempre una de las provincias con mayor presencia de presos de ETA en sus cárceles. En los años 80 fueron cerca de un centenar. Hoy en las prisiones gaditanas cumplen condena 15 presos de la banda. La mayor parte ha accedido a acogerse a alguna forma de beneficio o a realizar alguna actividad en el centro. Uno de los presos más crítico con la situación actual es Iñaki Bilbao Goikoetxea, ingresado en Puerto III, y que recientemente tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de una larga huelga de hambre que llevó a cabo y que Otegi llegó a calificar de injustificada.

En esta cárcel también se encuentra Henri Parot Navarro. Detenido en 1990, cumple pena por 26 sentencias condenatorias que suman casi 4.800 años de prisión y al que se le imputan 82 asesinatos. Parot reclamó poder cumplir condena en alguna cárcel francesa pero su reclamación no fue aceptada por la Audiencia Nacional. En Cádiz también está preso Jon Bienzobas, condenado por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomas y Valiente el 14 de febrero de 1996.

El punto más alejado en el mapa de dispersión en vigor es Algeciras. En la cárcel de Botafuego, a 1.100 kilómetros de distancia, se encuentra el preso Jon Igor Solana, condenado a cerca de 200 años de prisión por su participación en varios asesinatos, como el del concejal del PP José María Martín Carpena, el fiscal Luis Portero y el médico militar, Antonio Muñoz Cariñanos. Su caso tiene una particularidad, Solana solicitó el traslado pero no para acercarse al País Vasco sino para poder estar cerca de su pareja, la también presa de ETA, Eider Pérez. Solana estaba ingresado en la cárcel de Huelva y solicitó su traslado a Algeciras.

En Huelva, a mil kilómetros de Euskadi, cumplen condena algunos de los presos más conocidos de ETA. Es el caso de Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, a quien Instituciones Penitenciarias no ha trasladado pero sí ha accedido a que abandone el módulo de primer grado para pasar a otro módulo ordinario –pese a continuar en primer grado-. ‘Txapote’ cumple casi 500 años de condena por su participación en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, Gregorio Ordóñez o el periodista José Luis López de la Calle.  En Huelva, en el módulo de mujeres, está ingresada su pareja, Irantzu Gallastegi.

45 presos en Andalucía

El cambio de módulo, que no de grado, también se ha aplicado a otros presos, como Fernando García Jodrá, condenado por el asesinato del político catalán, Ernest Lluch y por su participación en el asesinato del policía municipal, Juan Miguel Gervilla tras frustrar el intento de asesinato contra el periodista Luis del Olmo.

Las prisiones andaluzas tienen ingresados a día de hoy 45 presos de ETA, tras los dos últimos traslados anunciados este viernes. A los 15 de los dos centros carcelarios de Cádiz con presos de la banda se suman los seis presos de la banda en la cárcel de Sevilla, los cinco en las de Granada, Huelva y Córdoba, tres en Almería, dos en Algeciras y cuatro en Jaén. Una fotografía penitenciaria en Andalucía que pesa incluso políticamente. La líder del socialismo andaluz, Susana Díaz ha sido una de las voces críticas que se han escuchado en las filas del PSOE cuestionando el acercamiento del Gobierno con la coalición de Otegi.

De mantenerse el ritmo de traslados que se aceleró en octubre, a razón de entre cinco y ocho acercamientos por semana, el apenas un centenar de presos de ETA que no ha sido trasladado podría hacerlo en un periodo relativamente corto de entre tres o cuatro meses. Para entonces, el Gobierno debería haber traspasado al Gobierno vasco la gestión de las prisiones en Euskadi. El compromiso de Sánchez con Urkullu es que la competencia esté en manos de la Administración vasca antes del 31 de marzo próximo.