El PSOE, que ha reunido este lunes a su comisión permanente, no ha abordado la enmienda sobre la prohibición de los desahucios presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos, aunque el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha anunciado que equipos técnicos de su departamento estudiarán el asunto con el sector morado del Ejecutivo para llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno. De hecho, su intención es que esta misma semana se comience a avanzar en una cuestión que ha supuesto el enésimo enfrentamiento dentro de la coalición.

"Dentro del Gobierno hay posibilidades de llegar a un acuerdo", ha asegurado Ábalos, quien en calidad de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene las competencias en vivienda. En una comparecencia ante la prensa tras la reunión de la permanente socialista, ha anunciado que "mi idea es que esta semana, dentro del Gobierno, podamos avanzar en paliar la cuestión de los desahucios porque tenemos sensibilidad y estamos comprometidos. Tenemos previstas reuniones de los equipos de gobierno".

Tras subrayar la existencia de "limitaciones de carácter legal" , sí ha admitido la posibilidad de ampliar los plazos de la prohibición de desahucios, "con seguridad jurídica", que establece el actual decreto, que es de aplicación hasta el 31 de diciembre. La enmienda pactada por Unidas Podemos, ERC y Bildu habla de prorrogar la prohibición de desahucios hasta 2022, aunque se dicen dispuestos a negociar con el PSOE para reducirlo hasta el fin del estado de alarma, esto es, hasta mayo del año que viene, incluso contemplar otras situaciones que vayan más allá del estad de alarma.

Cabe recordar que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron abordar este asunto entre el ministerio de Ábalos y la vicepresidencia social en una conversación que mantuvieron el pasado viernes 13, pero los morados anunciaron el lunes inmediatamente posterior la presentación de una enmienda por considerar que el socio de Gobierno estaba arrastrando los pies con este cuestión.

Ábalos no ha querido explicitar si para ello se necesitaría un nuevo decreto, siempre y cuando puedan convencer a los morados de que retiren su apoyo a la enmienda. El ministro ha defendido que el Gobierno "asiste con sensibilidad a este tema".

Tampoco ha querido entrar a fondo en el apoyo de Bildu a los Presupuestos aunque, en una reflexión de carácter general, ha defendido que "a nadie se le puede negar su contribución. No le vamos a negar a nadie el consenso". La otra es la salida "populista", ha dicho en referencia al PP, "la de la deslegitimación de las instituciones y la polarización social. Casado se ha dedicado a conspirar fuera y dentro de España".

"La alternativa del Gobierno no puede residir en un partido instalado en el catastrofismo, que sigue sin aceptar los resultados electorales", ha agregado. En este sentido, ha puesto el acento en el cambio de actitud de una formación "con una historia que no compartimos".

Asimismo, se ha preguntado, en relación a la respuesta del PP a la Ley Celaá, "qué entiende el PP por legalidad. Incumplir leyes que les disgustan y anunciar la insumisión de las comunidades en que gobierna . Le pido que rectifique y anteponga el interés general" así como que "respete las leyes gusten o no gusten porque son la expresión de la soberanía nacional