La Fiscalía de Madrid se opone a que el juez que investiga a Podemos por administrar presuntamente de manera irregular fondos de su campaña electoral admita como perjudicada en la causa a Celia Cánovas Essard, exsenadora de Podemos por Tarragona entre 2016 y 2019. Considera "desorbitado" que la política y abogada en ejercicio denuncie un presunto delito de blanqueo contra la formación de Pablo Iglesias por la administración de su denominada caja de solidaridad.

Cánovas denunció ante el instructor Juan José Escalonilla no saber cuál ha sido el destino de hasta 25.000 euros que donó a la caja de solidaridad del partido, la cuenta a la que contribuían los cargos electos con parte de su sueldo por normativa interna para que dichos fondos se destinaran a proyectos sociales. En su escrito de denuncia, la exsenadora -enfrentada ahora a los altos cargos de la formación- detalló que en el año 2018 realizó dos transferencias de 3.000 euros a dicha caja y posteriormente el partido le devolvió un justificante como si hubiera donado 5.000. Un hecho que alertó a Cánovas y sospechó que pudiera ser "debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo".

La Fiscalía, en un escrito del pasado 14 de octubre al que ha tenido acceso El Independiente, interesó al juez que rechazara aceptar la denuncia de Cánovas y su solicitud de personarse como perjudicada. Expuso que "entender que por el hecho de una diferencia entre la aportación y la certificación determine la existencia de blanqueo es claramente desorbitado". "El mero desconocimiento del destino de las cantidades entregadas no determina que pueda ser considerada como perjudicada en relación a estos hechos", concluyó el Ministerio Público en un escrito de dos páginas firmado por la fiscal del caso, Lorena Álvarez Taboada.

Recurre a la Real Academia Española

En éste, la fiscal también recurrió a la Real Academia Española para recordar que "perjudicado es quien ha sido víctima de menoscabo material o moral". "Pues bien, la señora Cánovas refiere tener la condición de perjudicada por el simple hecho de desconocer el destino de las donaciones voluntariamente efectuadas al partido", continúa.

En el escrito también se argumentó ante el juez que Cánovas "no refiere cuál es el delito precedente (del blanqueo) ni manifiesta más allá de meras sospechas determinadas por la existencia de este procedimiento. En conclusión, no procede tener a la Sra. Cánovas como perjudicada".

La exsenadora ha recurrido la decisión del juez, que admitió las razones de la Fiscalía, y ahora el instructor debe volver a pronunciarse. Fuentes de las acusaciones populares de la causa manifiestan no entender la decisión del Ministerio Fiscal en relación a la petición de Cánovas, pues recuerdan que una de las funciones de la Fiscalía es "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa". Tampoco comprenden el tono "aleccionador y crítico" contra Cánovas empleado por la representante de la Fiscalía.

"Los militantes debían conocer el destino"

En su denuncia inicial, Cánovas expuso que "realizó las donaciones sin conocer el destino de las mismas a pesar de que al principio eran los propios militantes quienes tenían la opción de votar las actividades más adecuadas y convenientes". También que, a su juicio, "el poder en el partido se ha centralizado y personalizado, ignorando la tan predicada constitución democrática".

Cánovas presentó su denuncia una vez iniciada la investigación a Podemos como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. La causa se inició tras la denuncia de distintas supuestas irregularidades por parte del abogado del partido expulsado, José Manuel Calvente.

Éste, que ejercía como responsable de Protección de Datos, denunció entre otras cosas presunto uso ilegal de la caja de solidaridad, supuestas irregularidades en la contratación de la compañía de origen mexicano Neurona para realizar trabajos de la campaña electoral o la licitación ilegal de la sede del partido que costó el doble de lo que se presupuestó.

La primera vía de investigación la rechazó el juez a petición de la Fiscalía, aunque la Audiencia Provincial todavía debe manifestarse al respecto tras los recursos de las acusaciones populares. La segunda vía es la única que el Ministerio Público interesa continuar investigando después de que el Tribunal de Cuentas considerara que los contratos con Neurona fueron simulados por el partido. En cuanto a la tercera, el juez tomó declaración recientemente al arquitecto de la obra, quien reconoció en sede judicial que el precio inicial del proyecto no fue real.