La campana del ring ha sonado y un nuevo combate ha empezado. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado ha puesto de nuevo el foco en un plan que el Gobierno ya persigue desde hace tiempo: el de la armonización fiscal de todas las comunidades autónomas, un plan en el que entraría el Impuesto de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100%. La diferencia esta vez es que Moncloa ha reactivado este órdago con un compañero de viaje: ERC.

Los soberanistas catalanes han aprovechado que Sánchez necesita sus 13 votos para atar definitivamente las cuentas públicas para firmar un acuerdo que tiene como objetivo acabar, literalmente, con el "dumping fiscal" que, según la formación, hace Madrid, un argumento que suscribe el PSOE. "Una vez acabó la batalla de la pandemia y ahora que los datos de la Comunidad de Madrid van bien, Sánchez quiere plantear una batalla fiscal", lamentan en el ejecutivo madrileño. El pacto presupuestario consiste en la creación de una comisión bilateral para acometer una reforma fiscal cuyo único objetivo declarado es subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como ha declarado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El Gobierno de Díaz Ayuso ya ha anunciado que presentará batalla a un plan que fuentes de la Consejería de Hacienda -que en Madrid dirige Javier Fernández-Lasquetty- tachan de "ilegal" y de "inconstitucional" que, de consumarse, llevarían directamente a los tribunales. La "cuota" del impuesto que el Ejecutivo, de la mano de los independentistas catalanes, quieren "imponer" a la Comunidad de Madrid "suprime la autonomía fiscal, atenta contra el principio de corresponsabilidad fiscal y constituye una deslealtad institucional", por lo que el planteamiento que impera en el ejecutivo regional es el de pelear esta batalla ante la justicia, además de jugar la baza del descontento social que provocará en "más de tres millones de contribuyentes". El departamento que dirige el popular Lasquetty ya calculó que la armonización de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones supondría un coste de unos 5.900 millones de euros.

En concreto, las mismas fuentes alertan que éste "atentado competencial" va en contra del propio texto constitucional, y ponen como ejemplo el artículo 133 en materia de fiscalidad autonómica por "cercenar la capacidad normativa" regionales; y el artículo 134, en la que se especifica que la ley de Presupuestos no puede crear tributos o modificarlos sin previa habilitación legal, aunque todo apunta a que Hacienda y ERC sacarán la mencionada enmienda del proyecto presupuestario.

Aún con todo, en Madrid tachan de "hiriente" que el PSOE, "escondido" tras un partido independentista, trate de "freír a impuestos" a los madrileños porque lo tiene "metido entre ceja y ceja". El propio consejero de Hacienda defendió hace unos días que la región tiene bonificado el mencionado tributo desde hace años por una única razón: porque es un impuesto "injusto", "arcaico" e "ineficaz".

De este modo, ERC intentará acabar con el "paraíso fiscal" de Madrid, aunque los nacionalistas catalanes no harán lo propio con la fiscalidad de País Vasco o Navarra, comunidades que sí han sido sancionadas por competencia fiscal desleal respecto al resto de comunidades autónomas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se mostró muy contundente este miércoles al asegurar que plantaría batalla al Gobierno y se convertiría en la "peor pesadilla de quien intente tocar el bolsillo de los madrileños para pagar las corruptelas del independentismo", afirmó. "Ahora mismo se ha decidido que la Comunidad de Madrid, tras 16 años bajando impuestos, se convierte en un paraíso fiscal porque así lo deciden un puñado de votos en manos de los independentistas", lamentaba.

Génova y los barones del PP arropan a Ayuso

La reacción en Madrid a la defensa que hizo públicamente Pedro Sánchez al pacto presupuestario con ERC y a la armonización fiscal como un plan que muchos barones territoriales del PP avalan no se hizo esperar. Tanto en el ejecutivo de Díaz Ayuso como en la dirección del PP de Génova acusaron al líder del Ejecutivo de recurrir a la "mentira sistemática" como "forma de hacer política".

La presidenta madrileña desmintió públicamente a Sánchez y le acusó de "querer equivocar a la opinión pública" al querer enfrentarla a otras autonomías y a sus propios compañeros de partido. "Es simplemente falso", suscribía la líder regional. "Si lo que quiere Sánchez es subir los impuestos que lo diga, pero que no se escude en mis compañeros de partido ni en otros presidentes autonómicos", afeaba.

"Todas las comunidades autónomas del mismo signo político queremos rebajas fiscales, alivio fiscal, menos trabas burocráticas y ayudar a empresarios y trabajadores", un extremo que fue confirmado tanto por Génova como por barones populares como el presidente de Murcia o el de Andalucía. "Tratar de impedir que las CCAA bajemos impuestos es la penúltima exigencia de ERC (...) lo consideramos un ataque a la autonomía", escribía Juanma Moreno en Twitter.