Los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, abren este jueves la negociación para prohibir desahucios y corte de suministros básicos al menos mientras dure el actual estado de alarma, esto es, hasta el 9 de mayo, salvo que se acortara su duración en dos meses. La reunión será técnica y tendrá como protagonistas al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, según ha podido saber El Independiente.

Con esta negociación "en el seno del Gobierno", tal y como era intención del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se intenta poner coto a la enmienda que Unidas Podemos, ERC y Bildu pactaron a los PGE y que el pasado martes defendió el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, en la comisión de Presupuestos, previa a su llegada al pleno.

El PSOE está dispuesto a ampliar la duración de las medidas y contemplar casos anteriores al Covid

Fuentes socialistas han subrayado su voluntad de ampliar tanto la duración de las medidas -el actual decreto que impide los desahucios tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año- como los casos de vulnerabilidad "incluso anteriores al Covid". Dicen estar convencidos de las posibilidades reales de acuerdo con los socios morados, después de verse sorprendidos con una enmienda que no conocieron con anterioridad a su presentación o, al menos, así lo afirman en el entorno del ministro.

Otra de las cuestiones que Lucas y Belarra abordarán es la implicación de comunidades y ayuntamientos en estas políticas, puesto que son las instituciones obligadas a encontrar soluciones habitacionales alternativas. Ahora mismo, tanto una como otra tienen sus propios proyectos dentro del Plan Estatal de Vivienda, que habrá que armonizar.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, señaló este martes que no sería hasta finales de año, cuando vence el plazo de aplicación del actual decreto, que se llegue a un acuerdo al respecto, tal y como se ha hecho en las anteriores prórrogas. Pero Unidas Podemos no tiene ninguna intención de retirar su enmienda hasta que no vea un compromiso firme, con plazos y sobre el papel. Además, los morados deberán convencer a ERC y a Bildu, grupos con los que firmaron la enmienda, que se retire el texto, por eso quieren tener todas las garantías de que el compromiso de los socios es fiable después de haber sido motivo de su enésimo enfrentamiento.