El Tribunal Supremo rechaza investigar al secretario general de Vox Javier Ortega Smith por afirmar que las 13 jóvenes asesinadas por el franquismo en 1939 conocidas como las 'Trece Rosas' "resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente".

La Sala Segunda ha inadmito a trámite la querella de la asociación Trece Rosas Asturias y de familiares de una de las 'Trece Rosas' contra el diputado de Vox por delitos de incitación al odio y de calumnias e injurias graves con publicidad por las declaraciones realizadas por dicho dirigente político el 4 de octubre de 2019 en el programa Los Desayunos de TVE.

Como adelantó El Independiente, la Sala Segunda archiva la causa al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y rechaza, como consideró la Fiscalía en un informe, que sus palabras incitaran al odio. Los magistrados, en la resolución de la que ha sido ponente Juan Ramón Berdugo, recuerdan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad de la limitación penal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por su posición preferente.

Consideran que aunque las palabras de Ortega Smith "pueden constituir un sentimiento lesivo para la dignidad de estas personas" (...)"debe rechazarse la extensión que realizan tanto el Ministerio Fiscal como los querellantes a la de las personas que en el día de hoy participan de la misma ideología que aquellas, y menos aún como una incitación al odio con una capacidad de peligro relevante".

La existencia de este peligro -añade el auto- "depende tanto del contenido de lo difundido como de la forma en que se hace la difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o ámbito social al que se dirigen las expresiones cuestionadas. No se trata de exigir la concurrencia de un contexto de crisis en el que los bienes jurídicos ya estuvieran en peligro que resultaría incrementado por la conducta cuestionada, sino de examinar la potencialidad de la conducta para la creación del peligro, y en la sociedad española actual -más de 80 años después de los hechos-presenta ya un claro rechazo".

Además de la difusión, debe haber incitación

Los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan al Ministerio Público que "debe exigirse, para considerar legítima la sanción penal, además de la difusión de ideas, que ello implique una incitación o una provocación al odio a determinados grupos por motivos racistas, antisemitas o ideológicos, de manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación contra aquellos grupos o sus integrantes como tales".

En cuanto a los delitos de injurias y calumnias, la Sala comparte el criterio del Ministerio Fiscal en este punto que interesa la inadmisión de la querella por falta de legitimación activa de los querellantes, ya que la acción penal por estos delitos se extingue con el fallecimiento del ofendido, "de suerte que producido tal evento, solo queda a sus deudos y herederos la acción de protección civil".

Así, la Sala explica que la legitimación procesal para ejercitar la acción por calumnias o injurias que, bajo la normativa anterior se otorgaba a determinados parientes o al heredero del difunto, siempre que el atentado a su honor trascendiera a ellos, ha desaparecido con la reforma de 1995 del contexto de las Disposiciones Generales del Capítulo III aplicables a ambos delitos.