Cuatro cárceles al menos de las que gestiona el Estado carecen de médicos en plena pandemia de coronavirus. Este dato es suficientemente ilustrativo de la situación en que se encuentra la sanidad penitenciaria, con casi la mitad de los puestos vacantes. Ello ha llevado al Ministerio del Interior en los últimos meses a lanzar dos convocatorias de empleo en las que no ha exigido a los aspirantes estar en posesión de la especialidad.

De acuerdo con la información facilitada a este diario por el sindicato CSIF, los centros penitenciarios de Cuenca, Santa Cruz de la Palma (La Palma), Ocaña I (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) no cuentan en este momento con ningún médico. Según esta organización, esta situación provoca que el servicio tenga que ser prestado por personal de enfermería o derivando a hospitales cercanos.

Tampoco hay facultativos en los Centros de Inserción Social (CIS) Carmela Arias y Díaz de Rábago (A Coruña), David Beltrán Catalá (Huelva), Evaristo Martín Nieto (Málaga), Guillermo Miranda (Murcia), Joaquín Ruiz-Giménez (Palma de Mallorca), Luis Jiménez de Asúa (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), Manuel Montesinos (Algeciras, Cádiz), Matilde Cantos (Granada), Melchor Rodríguez (Alcalá de Henares, Madrid), Mercedes Pinto (Santa Cruz de Tenerife), Torre Espioca (Picassent, Valencia) y Victoria Kent (Madrid), según la misma fuente.

En la prisión de Valencia tan sólo hay cuatro de los 20 que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mientras que en Navalcarnero (Madrid) hay más puestos sin cubrir (12) que ocupados (11). Tampoco es mucho más halagüeña la situación en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que tiene asignada una dotación de diez facultativos y ocho plazas están hoy vacantes.

El reverso de la moneda lo representan las cárceles de Albacete, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ourense, Soria y Teruel, donde los facultativos que ejercen en la actualidad son los previstos. Quedan excluidos del análisis las cárceles catalanas -gestionadas por la Generalitat- y las vascas, en las que la sanidad penitenciaria está transferida desde hace años al Gobierno regional.

Desde agosto de 2018, el Ministerio del Interior trabaja para que, en cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, sean las comunidades autónomas las que asuman los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Prisiones. La integración debería haberse hecho efectiva a finales de noviembre de 2004 -al cumplirse 18 meses desde la entrada en vigor de la citada norma- y sigue sin plasmarse 16 años después.

De las 467 plazas de facultativos existentes en las prisiones del Estado, 241 se encuentran actualmente vacantes

En este sentido, fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a este diario que se están ultimando las conversaciones con Navarra, con cuyo Ejecutivo se podría cerrar el acuerdo de manera inminente y sumarse así al País Vasco. Las gestiones también están avanzadas con Islas Baleares, otra comunidad -como la navarra- gobernada por el PSOE (Francina Armengol).

La plantilla de médicos en Instituciones Penitenciarias está formada por 467 profesionales, si bien tan sólo hay actualmente 241 (menos del 52 %). La citada organización sindical advierte de que la edad media es tan elevada que el "95 %" de los médicos -la mayoría pertenece a las clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)- estará en disposición de jubilarse en el plazo máximo de dos años.

"La sanitad penitenciaria está absolutamente maltratada por la Administración. Sin embargo, los profesionales de enfermería, los auxiliares y los médicos están superponiéndose a esa situación y se está haciendo un trabajo brillante", sostiene el coordinador de Sanidad Penitenciaria en CSIF, Francisco Amaya.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por Interior, con fecha de 25 de noviembre, han sido 693 los internos que se han contagiado por coronavirus desde que se declaró la pandemia en marzo (85 en la primera y 608 en la segunda). Hay activos 188 casos, cursando la mayoría de forma asintomática. En el caso de los funcionarios, se han infectado ya 892.

Oferta de plazas sin MIR

Ante la emergencia de la covid-19, la Subsecretaría del Interior convocó el 28 de octubre un proceso selectivo para cubrir de manera "inmediata" 40 plazas de personal funcionario interino en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. A diferencia de las convocatorias de empleo convencionales, tan sólo se exige a los aspirantes que sean licenciados o graduados en Medicina, sin necesidad de que estén en posesión del título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria o medicina interna.

Según se detalla en las bases, entre los 38 centros penitenciarios a reforzar se encuentran los de Cuenca y La Palma, dos de los cuatro en los que actualmente no hay ningún médico. En el hipotético caso de que se adjudicaran finalmente las 40 plazas convocadas, las cárceles de Sevilla II y Santa Cruz serían las más beneficiadas, con dos facultativos cada una.

Se trata de la segunda convocatoria de estas características que ha sacado Instituciones Penitenciarias desde que declaró la pandemia y la tercera en lo que va de año. La anterior se aprobó el pasado 20 de marzo, tan sólo días después de que se declarara el estado de alarma por el avance de la enfermedad.

Interior negocia con las comunidades la transferencia de la sanidad penitenciaria, pendiente desde 2004

"Podemos entender que sólo se pida la licenciatura o el grado en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, pero esto no puede perpetuarse. Eso se ha protestado tanto por parte del Consejo General de Colegios de Médicos como por los sindicatos, ya que lo que lo que provoca es que se rebaje la calidad de la asistencia", advierte Amaya. Éste achaca a la baja retribución económica que no haya demasiado demanda para ingresar en el Cuerpo de facultativos.

A la espera de que se puedan reforzar las plantillas con este proceso selectivo y de que avancen las conversaciones con las comunidades para transferirles la competencia, la carencia de facultativos en las prisiones del Estado -un problema que se arrastra de años anteriores- está provocando que los existentes tengan que atender una proporción desmesurada de internos.

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu en respuesta a una pregunta parlamentaria, el mayor ratio médico/recluso se registra en la cárcel zaragozana de Zuera, con 260. Le siguen Albocàsser (Castellón, 246), Valencia (229), Teixeiro (A Coruña, 220), Almería-Cumplimiento y Córdoba (216), Alicante II y A Lama (Pontevedra, 209) y Arrecife (Lanzarote, 201).

"No sólo es el ratio, en muchos casos desproporcionado, sino también el perfil de los pacientes de los centros penitenciarios. El porcentaje de internos con Hepatitis C, VIH y patologías relacionadas con drogadicción y salud mental supera ampliamente al de la población en general. No es ya tanto la cantidad sino la calidad del trabajo y la especificidad que tiene", enfatiza Amaya, médico en la cárcel granadina de Albolote.