El último cartucho contra los 'Ongi etorri'

No han dejado de celebrarse. El último conocido ocurrió el pasado día 23 en Arrasate (Guipúzcoa), en honor al preso Josu Arkauz, alias ‘Josu de Mondragón’, puesto en libertad tras 29 años en la cárcel. Lo hacen en menor número, con menos publicidad y con un rechazo social y político más elevado, incluso desde algunos sectores del nacionalismo vasco. Sin embargo, al contrario de lo que sucedía hace años, por el momento los tribunales siguen sin imponer sanciones por llevarlos a cabo ni prohibiendo su celebración. Los llamados ‘ongi etorri’, actos de bienvenida a presos de ETA a su salida de la cárcel, se han celebrado al menos en 16 ocasiones en lo que vamos de año. El año pasado fueron una veintena, 63 en 2018 y 48 el año anterior. El Observatorio de Radicalización que desde 2016 elabora el Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha logrado acreditar desde entonces 150 ‘ongi etorri’ a otros tantos presos.

Desde que ETA cesó en su actividad armada, más aún desde que se disolvió en 2018, la actitud de la Justicia ante este tipo de actos cambió. Desde hace cuatro años no ha habido ninguna condena por la celebración de actos de bienvenida a presos tras recuperar la libertad, pese a las numerosas denuncias por presunto enaltecimiento del terrorismo y posibles delitos de humillación a las víctimas presentadas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece que el delito de enaltecimiento del terrorismo sólo cabe cuando existe un “riesgo cierto” de que se puedan cometer acciones terroristas. Ahora, tras la disolución de ETA, ese riesgo se considera inexistente.

Es por ello por lo que las sucesivas denuncias que presentaban las asociaciones de víctimas terminaban en un cajón, archivadas. Asociaciones como Covite decidieron no presentar más denuncias y limitan su acción al reproche público y a su documentación.  El ‘último cartucho’ de las organizaciones de víctimas radica en poder acreditar otro de los delitos recogidos en el artículo 578 del Código Penal, el de humillación a las víctimas, para lo que consideran que no es un requisito necesario la pervivencia de la organización terrorista sino demostrar la incidencia que los homenajes a presos de ETA tienen en las víctimas.  

Esa última esperanza para poder impedir la celebración de ‘ongi etorris’ está en la única causa ahora abierta. En enero de este año se procedió a la detención de cuatro personas, entre ellas tres miembros de Sortu y al exmiembro de ETA, José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’. Sobre ellos pesa la sospecha de que forman parte de una estructura englobada en la organización de apoyo a los presos de ETA, ‘Kalera, kalera’ y que se encargaría de la organización de los actos de recibimiento de los presos. Se investiga su posible implicación en la preparación de 95 'Ongi etorri' en los últimos tres años.

Acreditar la 'humillación'

La causa, en la que están personadas tanto la AVT como Covite, la instruye el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Una instrucción en la que se han recabado testimonios de las víctimas para acreditar el modo en el que les afectan estos ‘ongi etorris’. La AVT incluso registró en la causa un estudio sobre el perjuicio psicológico y de recuperación que provocan en muchas víctimas del terrorismo.

“Sobre la humillación a las víctimas hay menor jurisprudencia y creemos que es importante acreditar bien los elementos que permitan demostrar que en estos actos se da un delito de humillación”, asegura la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara. Afirma que ellos pueden demostrar con datos el impacto real que suscitan en muchas de ellas “presenciar este tipo de homenajes”.

Desde Covite, su presidenta, Consuelo Ordóñez, se muestra pesimista sobre el devenir de esta causa que sitúa como la última esperanza de que la situación pueda cambiar. “No soy muy optimista, no creo que la Audiencia Nacional se enmiende a sí misma respecto a las decisiones que ha adoptado en los últimos años”: “El artículo 578 del Código Penal está ahí pero no les da la gana aplicarlo, ese es el problema”. Afirma que a pesar de que “la batalla judicial la hemos perdido” al menos la labor llevada a cabo todos estos años acreditando y denunciando públicamente los ‘ongi etorri’ “ha logrado que todo el mundo cuestione esa obscenidad y pida a la izquierda abertzale que no los celebre”.

Otra de las vías que está abierta es la modificación de la ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. El proceso avanza de modo muy lento. Fue en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy cuando se activó un plan de revisión y actualización de la norma y se comenzó a redactar un anteproyecto. Una de las medidas planteadas por algunas asociaciones de víctimas pasaba por introducir sanciones administrativas a los ayuntamientos que colaboraran o contribuyeran de algún modo en la celebración u organización de este tipo de actos. El pasado verano la reforma de la ley apenas había avanzado y la propuesta de introducir sanciones administrativas fue de nuevo reclamada a Grande Marlaska. “Lo hemos solicitado muchas veces, la última en una reunión celebrada en marzo, desde entonces no sabemos nada”.

¿De delito penal a administrativo?

Una medida que desde otras asociaciones de víctimas creen que no es positiva ya que supondría “en la práctica dejar sin efecto el artículo 578 del Código Penal, aunque de facto ya lo esté”: “Supone sustituir el delito penal de los ‘ongi etorri’ por un delito administrativo”.

En los últimos meses la celebración de este tipo de actos de bienvenida a los presos se ha procurado no publicitarlos en exceso ni divulgarlos a través de las redes. La Ertzaintza reconoció en una respuesta parlamentaria que vigilaba todos ellos y que hasta ahora no había constatado la existencia de ningún posible delito. En algunos casos se trata de ‘ongi etorris’ llevados a cabo en concentraciones autorizadas bajo la petición de otro tipo de motivos o reivindicaciones.

También el Gobierno vasco ha pedido que se acabe con la “ostentación pública” que considera que suponen los recibimientos. El Ejecutivo de Urkullu ha reclamado al entorno de la izquierda abertzale que se desmarque de ellos, que no los considere una mera muestra de alegría por parte de vecinos y familiares y que los saquen de la esfera pública “por respeto al dolor de las víctimas”. El Ejecutivo ha cuestionado que en alguna ocasión Otegi los sitúe en “el derecho al abrazo” que tienen los presos tras su puesta en libertad y recuerda que van en contra de la necesaria “pedagogía social de respeto a los derechos humanos como base para la convivencia de nuestra sociedad”.

El Observatorio de Radicalización de Covite ha constatado que el número de homenajes ha descendido en los últimos años. Los 63 que se logró documentar en 2018 fueron apenas 20 un año más tarde y en los once meses transcurridos de este año han caído a sólo 16. El archivo de actos sí constata sin embargo un repunte en la aparición de otro tipo de manifestaciones de apoyo al colectivo de presos. Así, las pintadas y pancartas son hoy más que hace unos años. En este 2020 el Observatorio de Radicalización ha acreditado ya 82, frente a las 64 del año pasado o las 53 del anterior. También las manifestaciones, muchas de ellas reclamando la amnistía, han aumentado alcanzando las 60, el doble que hace dos años.