El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tiene abierto un frente judicial en España para mantener el control de la Corporación Venezolana de Guayana, la principal unión de empresas que gestiona los recursos naturales del país caribeño valorada en más de 2.000 millones de euros, lo que la convierte en la primera compañía nacional.

Como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y argumentando que Nicolás Maduro usurpó el cargo de presidente de la República por medios antidemocráticos constituyendo un Gobierno "ineficaz", Guaidó nombró a la Junta directiva de la compañía en agosto de 2019 con el fin de proteger el patrimonio de Venezuela.

Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional en la que se publicaron los nombramientos de CVG Internacional

Después de que la Unión Europea le reconociera como presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución Venezolana y apoyara "plenamente su hoja de ruta" (apoyo que el Parlamento Europeo reiteró en enero de este 2020), Guaidó tomó una serie de decisiones publicadas en la gaceta oficial de la Asamblea Nacional para proteger los intereses de los venezolanos y los recursos del país ante la situación "excepcional" en que se encuentra. Entre éstas, blindó a CVG Internacional C.A. -que despliega su actividad en el sector de la minería (incluido el oro), la siderurgia o la energía eléctrica- para que sólo los administradores nombrados por él puedan representarla en todas sus filiales y evitar que el Gobierno de Maduro "desvíe los recursos presupuestarios de la República para mantener su régimen oprobioso", como se publicó en la mencionada gaceta legislativa. Para ello, nombró a Enrique Manuel Castells como presidente de la compañía y sus filiales, también la europea, para "representar a la Junta frente a terceros e incluso en la asamblea de accionistas" y excluir a la empresa del régimen de sanciones internacionales así como realizar auditorías para saber si ha habido irregularidades en el seno de la misma para denunciarlas ante los organismos competentes.

El precedente de PDVSA

Castells, como representante de los intereses de la Asamblea Nacional, ha expuesto ante las entidades financieras españolas que en septiembre de 2019 Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) trasladó su oficina europea de Lisboa a Moscú y que en las mismas fechas "existían muy fundados indicios de que sucediera lo mismo con CVG Internacional Filial Europea S.L.". Es decir, de que los funcionarios "maduristas" se lleven los activos a Rusia "para burlar las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América", provocando un desfalco como el de PDVSA que se investiga en juzgados españoles y estadounidenses.

Ante "tal peligro inminente", Guaidó cesó como administradora única de CVG Internacional Filial Europea, S.L. a la "madurista" María Rosario Falcón Maldonado y la sustituyó por Castells, inscrito ya en el Registro Mercantil español como administrador único de la sociedad.

La querella contra los administradores de Maduro

Tras esta actuación, el nuevo administrador se encontró con "complicaciones" en hasta tres entidades financieras españolas (Cajamar, BBVA y Banco de Sabadell) para disponer de fondos en España que alcanzarían los 25 millones de euros, según adelantó El Mundo y confirman fuentes próximas al administrador a El Independiente.

Castells detectó presiones desde el Gobierno de Maduro que habrían calado en las entidades financieras

Castells detectó presiones desde el Gobierno de Maduro que habrían calado en las entidades financieras, según trasladan a este diario fuentes próximas a él, los días posteriores al 20 de enero de 2020, cuando las citadas fuentes recuerdan que se produjo el breve encuentro entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas.

Según ha sabido este diario, ante la disputa entre el Gobierno de Maduro y del presidente encargado de la Asamblea Nacional para controlar la filial de la principal compañía venezolana en España, los bancos españoles han decidido consignar judicialmente los fondos hasta que el conflicto se resuelva.

Castells, en representación de los intereses de la Asamblea Nacional -que por cierto cumple su mandato ante la convocatoria de dos nuevos procesos electorales paralelos en unos días- presentó en junio una querella a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo contra María Rosario Falcón y su colaborador Jonathan Adolfo Ardila, los "maduristas" que habrían tratado de cesarle a él como administrador y hacerse con el control de las cuentas "por medio de un artificio documental falaz", según la querella presentada por el administrador designado por Guaidó al que ha tenido acceso este diario y que ha desembocado en las diligencias 929/20 del Juzgado número 36 de Madrid.

En dicho escrito, Castells denunció presuntos delitos de falsedad en documento mercantil e imposición de acuerdos abusivos presuntamente cometidos por Falcón y Ardila para volver a situarse en febrero de 2020 como gestores de la compañía en España "valiéndose de documentos elaborados por el régimen de Maduro y sin legitimidad", puesto que los denunciantes insisten en que el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y "reconocido por el Reino de España, la Unión Europea y la mayoría de países democráticos" es Guaidó. En el mismo escrito, que está admitido a trámite sin que el Juzgado haya acordado aún ninguna diligencia, solicitó la declaración de los querellados.

Esperan que no corra la suerte que con la Justicia británica

El mes pasado, Guaidó se encontró con un revés de la Justicia británica respecto al acceso a las más de 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

En primera instancia el juez del Tribunal Superior británico Nigel Teare dictó que el presidente encargado, reconocido también como "presidente interino" de Venezuela por Reino Unido, era el único que podía acceder a las reservas de oro a través de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no lo ha visto claro y después de reclamar el Gobierno de Maduro el acceso al dinero ha anulado el fallo. Ahora se ha abierto una investigación para ver a favor de quién debe resolverse el conflicto.

En una entrevista concedida a El Independiente publicada este fin de semana, Guaidó explicó que su objetivo tanto en el caso del Banco de Inglaterra como en la causa abierta en Madrid es “proteger esos fondos de la dictadura para que sean utilizados en la reconstrucción” del país. En el caso de las reservas de oro del Banco de Inglaterra, dijo: “Estamos seguros de que vamos a proteger el oro de las garras de la dictadura”. Del mismo modo se mostró confiado en que el caso en España prospere a favor de las demandas de su gobierno.