Es un viejo confinamiento perimetral, una suerte de frontera fiscal que nadie osa cruzar o cuestionar. Abarca a Euskadi desde hace más de 142 años. El Concierto Económico Vasco se han convertido en una singularidad enarbolada como eje de la identidad y clave del autogobierno por los vascos y como un "privilegio" a reconsiderar por ámbitos del régimen común en España. Lo hace de modo periódico, con tiempos de paz y periodos de cuestionamientos que se suceden en una rutina histórica desde su plena recuperación en la Transición.

Una singularidad foral, tributaria, fiscal, que el País Vasco comparte con Navarra y en la que la unanimidad en su defensa por parte del arco parlamentario vasco y navarro como frágil fuera de él. En campaña electoral incluso Ciudadanos rebajó el tono de su crítica al poner en duda no su existencia sino su cálculo y transparencia.

El motivo de la nueva polémica en torno al Concierto Económico es ahora la llamada a la armonización fiscal, a la erradicación del supuesto “dumping fiscal” de Madrid, hecha por ERC. Detrás, una vez más aparecen pactos presupuestarios necesitados de votos. Ocurrió en 2017, el año en el que el Concierto Económico vasco fue revisado por última vez. También entonces fueron acuerdos presupuestarios los que forzaron el acuerdo, en vigor hasta 2021. Entonces lo negoció el PNV y lo firmó el PP.
Ahora el debate lo inician los independentistas catalanes de Rufian llamando a evitar que “los ricos paguen menos en Madrid”, y apelando a la necesidad de uniformizar la fiscalidad del Estado.

Fue cuestión de minutos que la cuestión salpicara de nuevo al Concierto vasco y el Convenio navarro. El vicepresidente Iglesias, socio preferente de Bildu y ERC, recordó ayer la vigencia constitucional de las normas forales y el propio Otegi intervino para defenderlas.

Desde el 28 febrero 1879

El Concierto Económico no es una norma de la Transición. Figura en la Constitución y en el Estatuto de Gernika de 1979 y lo hace por razones históricas. Los nacionalistas vascos gustan recordar que en realidad no fue una “conquista” sino una “imposición real" tras la supresión de los fueros vascos “manu militari” la que lo creó. El decreto original data del 28 de febrero de 1878 y lleva la firma de Alfonso XII. Tras las guerras Carlistas el presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, planteó una alternativa al pago de impuestos forales que regiría en las tres provincias vascas. La fórmula de “unidad constitucional” regularía el pago de tributos al Estado en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

La ausencia de estructura y de aparato administrativo estatal en las provincias vascas hizo que se pactara dejarlo en manos de las tres diputaciones forales y que fueran estas las que lo entregaran posteriormente al Estado. La fórmula, equivalente a una recaudación delegada, nació como provisional. Regiría siete años, hasta 1885. Pero en ese periodo apenas nada cambió, lo que obligó a prorrogar un año más el sistema de recaudación de tributos. En 1886 la entonces Reina regente, María Cristina, -a la que los veranos en San Sebastián habían hecho amar esa tierra- hizo que se estableciera como definitivo el sistema delegado de recaudación. Así lo plasmó en 1887 en el que sería II Concierto Económico vasco.
Y así, casi hasta hoy. Aquel acuerdo se renovaría en otras siete ocasiones (1894, 1906, 1925, 1952, 1976, 1981 y 2002). Durante la dictadura franquista el régimen suprimió el Concierto en Guipúzcoa y Vizcaya -las ‘provincias traidoras’- y no fue hasta 1981 cuando se recuperaron.

El cuestionamiento que ahora ha aflorado ya surgió en el último gran acuerdo en torno al Cupo y el Concierto vasco. Entonces los protagonistas fueron el PNV, el Gobierno de Urkullu y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con su ministro a la cabeza, Cristóbal Montoro. En 2017 los populares accedieron no sólo a actualizar la ley quinquenal sino a liquidar las desavenencias entre el Estado y Euskadi de toda una década por el pago del Cupo. En aquel acuerdo para el periodo 2018-2021 se reducía de modo muy notable el importe anual por el pago de las competencias del Estado no transferidas a Euskadi. De los 1.525 millones que se abonaban hasta entonces la cantidad acordada se redujo a 1.300 millones para todo el periodo.

El 6,24% financiación

Un importe estimado que posteriormente debe ser recalculado y ajustado cada ejercicio en función del coste real de los servicios prestados por el Estado en competencias de su titularidad en el País Vasco. La Administración vasca paga desde 1981 el 6,24% de lo que cuestan servicios como la Casa Real, el Ejército, la Guardia Civil, el Tribunal Constitucional, los puertos, las embajadas o incluso el Fondo de Compensación Interterritorial que Euskadi también financia pese a que no puede recurrir a él por su singularidad fiscal.

Se trata de una participación que el nacionalismo recuerda a menudo que es incluso superior al que le correspondería por población y por el peso de la economía vasca en el conjunto del PIB de España. Ese 6,24% (fijado hace 39 años) que sigue pagando está por encima del 6% del PIB que representa Euskadi desde al menos el año 2015 y muy por encima del 4,6% que supone su población en el conjunto del país.

Quien fuera vicepresidente del BBV, Pedro Luis Uriarte, negociador del Concierto Económico vasco, aprobado el 29 de diciembre de 1980, asegura que el saldo en estos años ha sido eminentemente negativo para las arcas vascas. Según sus estimaciones en 20 de los casi 40 años de vigencia, el País Vasco ha pagado más de lo que le correspondería por su PIB y su población.

Riesgo 'unilateral'

Uriarte defiende incluso que este sistema pueda extenderse al conjunto de comunidades autónomas. Advierte sin embargo que quien quiera aplicarlo debe saber que el riesgo que asumirá será “unilateral” y que no podrá recurrir a los mecanismos de rescate establecidos para el régimen común. De este modo, el pago del Cupo se debe asumir independientemente del nivel de ingresos tributarios de cada ejercicio.

Así, este año, en el que la caída de ingresos se estima en el 13%, el País Vasco tendrá que hacer frente con sus propios recursos -los obtenidos en la recaudación de los tributos concertados como el IRPF, Sociedades, Sucesiones, impuestos especiales, etc.- al pago de 1.298 millones de euros al Estado.

El PP pactó con el Gobierno vasco en 2017 que la compensación de los saldos adeudados -por un exceso del pago en una década- se harían progresivamente hasta el proximo año. Los pagos, o descuentos de la factura del Cupo, oscilaban entre el 15% del primer ejercicio -210 millones- que se aplicó en 2018 al 25% de este año -350 millones- y el máximo establecido para el próximo año, el 30% -420 millones- que se descontarán de la factura en concepto de Cupo.