El retraso del Ministerio del Interior en resolver el procedimiento de contratación del servicio de seguridad privada en los centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura abocará al desempleo a 184 trabajadores, afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde hace diez meses a la espera de que se adjudicara el encargo a otra compañía y ésta los asumiera.

Fuentes del departamento que dirige Grande-Marlaska han achacado a las deudas que acumula el último contratista el hecho de que la licitación no sea atractiva y haya quedado desierta dos veces en el último año, al tiempo que dijeron que ya trabajan en un nuevo procedimiento con la intención de que pueda resolverse en las próximas semanas.

La administración concursal de Ombuds Compañía de Seguridad SA, bajo auxilio judicial desde julio de 2019, ha anunciado este martes a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar un expediente extintivo "ante la falta de adjudicación del servicio" por parte de Interior y la cercanía de la fecha en la que acaba la suspensión de la relación laboral de los empleados adscritos a esta contrata: el 31 de enero de 2021. La primera reunión para iniciar formalmente el periodo de consultas se ha fijado para el próximo 18 de diciembre.

Ombuds fue la última compañía a la que Interior confió la seguridad privada en las prisiones madrileñas, extremeñas y castellano-manchegas. Fue como resultado del procedimiento licitado en 2016, en el que se hizo con tres de los cuatro lotes por un montante superior a los 27 millones de euros. La hoy concursada fue la adjudicataria de dicho servicio hasta el pasado 31 de diciembre.

Los trabajadores que prestaban el servicio en los 15 centros penitenciarios que el Estado tiene en las tres citadas comunidades no fueron asumidos por ninguna empresa dado que ese lote quedó desierto en el procedimiento que el departamento que dirige Grande-Marlaska convocó hace un año. De las seis empresas de seguridad privada que aceptaron la invitación para participar en esta licitación (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica y Transportes Blindados), ninguna mostró interés por este paquete pese a ser el segundo con un presupuesto más elevado (8.353.840 euros).

Desierto por segunda vez

Fuentes de Interior han indicado a este diario que el concurso ha quedado nuevamente desierto alno haberse presentado ninguna oferta, dadas las deudas que acumula la última contrata. Las fuentes han dicho que ya trabajan para poner en marcha un nuevo expediente con la intención de que pueda resolver antes de que expire la vigencia del ERTE. 

El servicio no se ha podido adjudicar pese a que la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- ha incrementado el presupuesto en 501.230,4 euros en relación con la última convocatoria (hasta los 8.855.070,4 euros, IVA incluido), como informó este diario.

Con la finalidad de preservar la continuidad de los contratos de trabajo, el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid autorizó en mayo pasado el inicio de un ERTE para los 184 empleados, que de esa forma vieron suspendida la relación laboral con la empresa hasta el 31 de enero de 2021 en la esperanza de que antes se hubiera podido resolver la adjudicación. Y ello porque el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad prevé "el mantenimiento del carácter vinculante de la subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese el mismo, por un periodo no superior a doce meses".

La licitación ha quedado desierta por segunda vez al no haberse presentado ninguna empresa por las deudas de la anterior

Casi un año después, el Ministerio del Interior sigue sin adjudicar el servicio, por lo que la administración concursal -de la que se encarga la firma Baker Tilly- ha dado ya el primer paso para la extinción de los puestos de trabajo citando a la representación sindical a iniciar las negociaciones. "Ante esta situación, Ombuds Compañía de Seguridad (...) se ve en la obligación de tramitar un expediente colectivo tendente a suspender la totalidad de los contratos de trabajo adscritos al servicio de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios del Ministerio del Interior", razona el administrador concursal en la carta en la que ha comunicad0 la decisión.

"Esto es un mazazo para estos 200 compañeros que han estado durante todo un año esperando que el Ministerio del Interior hiciera una oferta atractiva en el concurso de adjudicación, que promoviera la oferta de alguna de las grandes compañías de seguridad a asumir los costes y deudas que ha dejado Ombuds", critica el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García.

Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos.

El hecho de que no se cubriera el contrato relativo a las prisiones de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha ha obligado a asumir este servicio de vigilancia a la Guardia Civil, que continúa desempeñándolo hasta que pueda adjudicarse.