Los portavoces de Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pablo Echenique y Gabriel Rufián, han insistido esta semana en desear y reivindicar que los políticos condenados en la sentencia del procés del Tribunal Supremo puedan salir de prisión antes del 14 de febrero, cuando está previsto que se celebren las elecciones de Cataluña, para que participen en la campaña electoral.

Tanto los socios de Gobierno de Pedro Sánchez como el partido independentista ERC -que está entre los que ha apoyado los presupuestos del Gobierno de coalición- son conscientes de que, aunque el Ejecutivo ya ha iniciado los trámites para indultar a los 12 condenados por impulsar el proceso independentista de Cataluña, los plazos para que éste sea efectivo no están en sus manos, sino en las de la Fiscalía del Tribunal Supremo y del alto tribunal.

Sin embargo, sus declaraciones esta última semana suponen un elemento de presión hacia el Gobierno, que paralelamente trabaja en una reforma del Código Penal con una redefinición del delito de sedición que implicaría reducir prácticamente a la mitad las penas de prisión por las que fueron condenados los líderes independentistas y, por lo tanto, su salida de prisión si el Tribunal Supremo considera que sus actos encajan en el nuevo marco legal.

Los partidos de los condenados prefieren la vía del indulto total porque posibilitaría dejar libres también de la condena de inhabilitación absoluta (que conllevó los mismos años que la pena de prisión por la sedición) a los políticos condenados por este delito en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De esta manera, podrían presentarse al proceso electoral.

Los informes no serán "exprés"

Como anunció en septiembre el ministro de Justicia, la tramitación que inició el Gobierno abarca a todos los condenados por sedición, malversación y desobediencia. Es decir, al ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó y a los líderes de Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El abogado catalán Francesc de Jufresa presentó la primera solicitud ante el Servicio de Indultos de Justicia para todos ellos y el Gobierno anunció que iniciaba los trámites de cada expediente de manera individual. Éstos ya han llegado al Tribunal Supremo, que ha recibido los informes de las prisiones y ahora pedirá un informe sobre la «justicia y conveniencia» de conceder la medida de gracia a la Fiscalía, uno de los pasos necesarios e ineludibles del proceso según marcha la ley del indulto, que data de 1870.

Ni los cuatro fiscales de Sala del Supremo que participaron en el juicio del procés y que son quienes tienen que elaborar el mencionado informe ni la propia Sala Segunda, como publicó El Independiente, están a favor de conceder el indulto. En todo caso, sus informes no son vinculantes y el Gobierno puede tomar una decisión contraria a lo que interesen.

Pero lo que no puede hacer el Consejo de Ministros es conceder el indulto sin haber recibido antes la opinión de los fiscales y el tribunal sentenciador. Fuentes fiscales explican a este diario que su informe no será "exprés", sino que hará falta un tiempo (no especifican cuánto) para estudiar bien la situación y hacer una argumentación jurídica sólida de cada caso para enviar al Supremo. Por lo tanto, parece difícil que el equipo de Pedro Sánchez pueda contar con el informe de la Fiscalía y del alto tribunal antes de febrero.