La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha conseguido hacerse con un equipo de confianza en el Ministerio Público casi un año después de tomar posesión en el cargo.

En las próximas fechas, el fiscal de Sala experto en delitos económicos Juan Ignacio Campos, a quien Delgado encomendó dirigir la investigación en la que se concluirá si el rey emérito debe ser investigado por la gestión de su fortuna personal, se convertirá en teniente fiscal. Sustituirá en el cargo como número dos de la Fiscalía y, por tanto, como mano derecha de la fiscal general a Luis Navajas, que se jubila.

Campos ha solicitado la plaza después de que Delgado le eligiera para desempeñar el cargo en un momento clave para el Ministerio Público, puesto que el Gobierno aborda la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que pretende dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas, sustituyendo a los jueces.

Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo -concretamente un equipo de fiscales de Sala liderados por Juan Ignacio Campos- aborda la investigación a Juan Carlos I y debe decidir si existen indicios para presentar o no una querella contra el exjefe del Estado y proponer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, única que podría investigarle, que abra una causa contra él.

Tensión con Anticorrupción

Delgado ha propuesto a Campos, procedente igual que ella de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y un profesional con una amplia experiencia en el ámbito penal económico en la Fiscalía del Tribunal Supremo tras un momento convulso en el Ministerio Público.

El pasado 3 de noviembre la Fiscalía General confirmó la investigación abierta al padre de Felipe VI por gastos con tarjetas de crédito opacas a través de cuentas a nombre de terceros. Unos gastos que, según se supo este lunes, el emérito tratará de regularizar con Hacienda.

Dicha investigación, que llevó a cabo de manera secreta la Fiscalía Anticorrupción desde hace un año, fue desvelada por Eldiario.es. A raíz de que se publicara dicha información, la fiscal general ordenó abrir un expediente gubernativo para investigar una «fuga de información» desde la Fiscalía Anticorrupción «a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes» bajo su cargo.

Esto sumaba un elemento más de tensión entre la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción después de que Delgado decidiera, con el voto favorable de todo el Consejo Fiscal, dejar fuera de Anticorrupción a uno de los fiscales encargados del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Ignacio Stampa, al que los investigados de la causa acusaron de connivencia con la abogada que representa a la acusación popular de Podemos, Marta Flor Núñez.

Ya con Stampa fuera de la causa, que continuará desempeñando su labor en la Fiscalía de Madrid al perder la plaza a la que optaba en la Ficalía Anticorrupción, Delgado ha reorganizado el equipo. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se sumará al equipo de fiscales de Sala del Supremo que se ocupa de la investigación que afecta al rey emérito y que cuenta ya con tres vías distintas por las que se orientarán las pesquisas.

De esta manera, Delgado cierra un equipo de confianza al situar a las personas que considera más cualificadas al frente de las investigaciones. Por otro lado, hace ya tiempo que cerró el organigrama del equipo técnico al que nombró nada más llegar al cargo, con el fiscal Álvaro García (también de la UPF) como responsable de la secretaría técnica de la Fiscalía y, por lo tanto, su persona de máxima confianza para las decisiones del día a día del Ministerio Público.