El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha instado a "todos" los partidos a "poner de su parte" y "participar" en las decisiones que conduzcan a evitar "cualquier tipo de influencia política" en el Consejo General del Poder Judicial a través de una reforma o mediante su renovación.

Consciente del actual "bloqueo" en la renovación del CGPJ tras dos años en funciones, el comisario belga ha llamado este miércoles a "todos los grupos" a "participar y diseñar juntos las posibles reformas" que huyan de politizaciones en el nombramiento de los miembros de un "organismo muy importante" en el sistema judicial.

"A todos los partidos, a todos los grupos: es importante que ustedes participen en las decisiones", ha pedido Reynders durante la presentación del "Informe 2020 sobre el Estado de Derecho", en el que la situación del CGPJ figura como "un desafío" que la Comisión vigilará "de cerca".

El comisario belga ha hecho este llamamiento ante el cruce de acusaciones entre el PP y los partidos que conforman el Gobierno (PSOE y Podemos) en un momento en el que el Ejecutivo asegura que el acuerdo con los "populares" para renovar el CGPJ está "hecho", mientras que la formación de Pablo Casado lo niega.

Reynders ha admitido que es un asunto "muy politizado en España" y que es "una preocupación" para la Comisión; por eso, ha urgido a todos los partidos a resolverlo "quizá mediante una reforma o mediante el propio nombramiento" de lo vocales, y ha recordado que las reformas de los sistemas judiciales deben realizarse consultando a "todas las instancias interesadas, incluida la Comisión de Venecia".

Aunque ha recordado que hay una nueva propuesta del PSOE y de Unidas Podemos que aboga por limitar las competencias del CGPJ estando en funciones, no ha querido abordarla dado que la Comisión solo evalúa la situación "una vez se adopten decisiones".

Sin embargo, ha lanzado una advertencia: "Es muy importante que se evite cualquier tipo de influencia política en el nombramiento de los miembros".

La Comisión también hará "un seguimiento" en torno al sistema de elección del fiscal general y a la regulación de las comunicaciones con el Ejecutivo que traiga el nuevo modelo procesal planteado por el Gobierno, un asunto "capital en España y en todos los países".

Aunque el informe señala que España ha reforzado su marco de actuación contra la corrupción, también demuestra el "alto nivel de corrupción percibida", y pone de relieve la "inquietud sobre el impacto de la legislación sobre seguridad ciudadana, libertad de información y de expresión".